Luz verde para la ampliación de la estación de guardacostas de la Armada en Gorgona, Corte tumba la consulta previa

La Corte Constitucional acaba de tumbar un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, en el mes de abril, le puso freno al proyecto de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa para la instalación de un radar y la ampliación de la estación de guardacostas que funciona actualmente en el Parque Nacional Natural de la Isla Gorgona, ubicada en jurisdicción del municipio de Guapi, Cauca.

En un fallo adoptado por los magistrados José Fernando Reyes, Paola Meneses y Cristina Pardo, la Corte advirtió que no se probó ninguna afectación sobre las comunidades étnicas de Guapi Abajo, separados por 54 kilómetros de distancia en el mar,  y por tanto no se está ante la obligación de la celebración de una consulta previa. "No existe evidencia razonable y concreta, siquiera mínima, de la afectación directa a la comunidad accionante que se generaría con la ejecución del proyecto, lo que impide que se conceda el amparo solicitado", expresó la Corte, con ponencia de Meneses.

El alto tribunal agregó que no se entiende cómo se habla de la afectación de los pescadores si en la Isla Gorgona está prohibida esa práctica, tanto de manera industrial como ancestral. También indican que las comunidades de Guapi no son beneficiarias de un 'acuerdo de uso' que suscribió Parques Nacionales Naturales con consejos comunitarios de Bazán, Nariño, para el uso de un sector de la isla.

"El uso que los pescadores hacen de la Isla Gorgona se circunscribe a emplear la playa como sitio de llegada y de descanso durante sus faenas de pesca, lo que se fundamenta en la lejanía que existe entre ciertos lugares de pesca y el territorio continental, mas no a establecer alguna habilitación especial para la pesca (...) sin perjuicio del uso que la comunidad accionante efectúe de la Isla Gorgona y de la playa dispuesta para el descanso de los pescadores, es importante destacar que la comunidad accionante ni siquiera es una de las partes del “Acuerdo de uso”, advierte la decisión sobre Gorgona, que tiene 1.382 hectáreas con área terrestre y 60.305 con espacio marítimo.

Sobre la consulta previa que acaba de tumbar la Corte, el fallo advierte que aunque los certificados emitidos por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior "no son suficientes, per se, para negar la procedencia de la consulta previa", en el caso concreto niegan este derecho porque la comunidad que alegaba afectación no logró entregar pruebas de dichos perjuicios.  

El proyecto del radar y la ampliación, con el que la fuerza pública pretende fortalecer el control sobre las redes del narcotráfico que utilizan embarcaciones y sumergibles por la ruta del Pacífico, ha sido blanco de múltiples controversias por la oposición de ambientalistas y tensiones con las comunidades étnicas.

La isla Gorgona, además, está ubicada en un enclave estratégico para las estructuras narcotraficantes, pues se encuentra entre los municipios costeros de Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), el primero, afectado gravemente por los cultivos ilícitos y el segundo, estratégico por su infraestructura portuaria en la que se han realizado importantes incautaciones.

(Lea también: Estación de la isla Gorgona: ordenan a la Anla suspender la licencia ambiental del proyecto)

El proyecto de la Armada, que cuenta con tres licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), una en el año 2015 y dos en el 2023, fue suspendido en abril de 2024 por orden del Tribunal Superior de Bogotá, que suspendió los avales de la Anla ordenando la realización de una consulta previa con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guapi Abajo.

Lo llamativo del asunto es que el Ministerio del Interior, concretamente la Dirección de Consulta Previa, certificó en 2015 que no procedía el requisito de consulta previa al no haberse encontrado la presencia de comunidades étnicas sobre Gorgona. 

Parques Nacionales Naturales respondió en el trámite que desde hace unos años hay un acuerdo de uso con la comunidad de Bazán y el Consejo Comunitario Bajo Tapaje y del Mar, para que los pescadores acudan a la playa en Agujero, como un sitio de permanencia temporal para sus largas faenas de pesca que no incluyen la isla Gorgona.

(Lea también: ‘El proyecto de Gorgona no está suspendido. Tenemos todos los permisos’: Armada)

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que acaba de tumbar la Corte, cuestionó los alegatos del gobierno, que había certificado que no habían comunidades étnicas en  Gorgona. La decisión revocada indicó que el Ministerio del Interior “no desplegó un estudio in situ para determinar si efectivamente el Parque Natural Gorgona es un territorio ancestral de la comunidad negra Guapi, y de esta forma, comprobar (…) la configuración de una afectación directa”.

El Tribunal agregó que el territorio es "un concepto cultural, que es independiente de si las comunidades se encuentran ubicadas geográficamente en esas zonas". Y manifestó que para proyectos como el que propone la Armada es indispensable que se propicie "la participación de los pescadores frente a la política ambiental".

En el expediente de este pleito se indica que las comunidades afectadas por el proyecto alegaron que la instalación del radar "podría generar una contaminación electromagnética perjudicial para la salud de los seres humanos y también es probable que lo sea para el resto de seres vivos". También advirtieron que la construcción del muelle "afectaría el lecho marino en que viven las anguilas de jardín y generaría contaminación por impacto sonoro frente a la fauna marina"; y que la ampliación de instalaciones para el personal de la Armada tendría un impacto sobre los turistas e investigadores independientes.

También se advierte que las comunidades expresaron que "se verían afectadas por el tráfico de lanchas rápidas de interdicción de drogas ilícitas de la Armada Nacional".

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]