El clamor por la verdad de las familias de los diputados del Valle

La amenaza de una bomba en la Asamblea del Valle del Cauca, en la antigua edificación que en el siglo pasado fue el colegio San Luis, interrumpió las labores en ese 11 de abril de 2002. Eran las 10:15 de la mañana.

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“Damas y caballeros, desalojen el edificio”.

Un grupo de uniformados, con camuflados, botas, fusiles al hombro y perros pastor alemán, empezaron a rodear el complejo y adentro, algunos con megáfono en mano, insistían a todos los funcionarios en que era inminente una evacuación en esa infraestructura en el corazón de Cali y a unos metros de la Gobernación del departamento. 

Los supuestos soldados del Ejército y algunos uniformados como policías acordonaron con cintas amarillas cuatro cuadras a la redonda, dejando a la ciudadanía separada y confundida; la gente, desde lejos y a plena luz del día, trataba de saber y de entender qué era lo que verdaderamente ocurría en el histórico edificio del centro caleño. 

Adentro, los uniformados hicieron salir a los 12 diputados hacia la calle, donde una buseta los aguardaba, estacionada en la esquina de la carrera 9 con calle 8.

Algunos de los asambleístas alcanzaron a comunicarse por teléfono con sus familiares, diciéndoles que aparentemente, de la Fuerza Pública los iban a poner a salvo.

Pero en pleno recorrido a algún lugar desconocido hacia el suroccidente de la ciudad, esos uniformados revelaron que eran de las Farc por orden del 'Comando Conjunto de Occidente' y que estaban ya en condición de secuestrados.

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Los 12 diputados quedaron sorprendidos y asustados. Eran Juan Carlos Narváez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverry, Carlos Alberto Barragán, Héctor Arismendy, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Édison Pérez, Rufino Varela, Nacianceno Orozco y Sigifredo López. 

Desde ese 11 de abril de 2002 comenzó la tragedia en la que se convirtió el mayor secuestro político en la historia del país. Ese mismo día, tres personas perdieron la vida. Una de ellas, el policía Carlos Alberto Cendales, que custodiaba la Asamblea, mientras las Farc cometían el secuestro.

Horas después, el camarógrafo Héctor Sandoval —de Noticias RCN parte del equipo periodístico que cubría la noticia— también murió al caer en medio de combates entre la guerrilla y el Ejército, en zona rural hacia los Farallones de Cali. 

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El conductor Wálter López, quien transportaba a los periodistas de RCN, murió por un impacto que atravesó la cubierta del campero. 

Dos meses antes del secuestro, el moribundo proceso de paz del Caguán entre el Gobierno y las Farc se había hundido definitivamente, cuando el presidente Andrés Pastrana decidió levantarse de la mesa. ¿Los motivos?

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El principal, que la guerrilla de ‘Manuel Marulanda’ nunca le apostó a la negociación, a pesar de que el Estado incluso despejó para las Farc un territorio de 43.000 kilómetros cuadrados de la zona del Caguán, entre Meta y Caquetá. 

Las Farc planearon el secuestro de los diputados para alcanzar, entre sus propósitos, un despeje del territorio, entre Valle y Cauca, a cambio de un canje.

Transcurrieron cinco años del cautiverio en medio del clamor de familias que se convirtieron en guerreras por un intercambio humanitario, un cese del fuego y una negociación entre el Gobierno y las Farc para lograr la pronta liberación, “pues vivos se los llevaron”.

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Esa fue una de las frases que repetían sus familiares. Pero el 18 de junio de 2007, 11 de los diputados fueron asesinados, sumando 14 víctimas en total de uno de los hechos más repudiados en el territorio nacional. 

Cinco años después de que las Farc alcanzaron los acuerdos de paz con el Gobierno, en 2016, tras casi dos décadas desde este secuestro masivo en el Valle del Cauca, las familias de los 11 diputados inmolados y las del policía Cendales, el camarógrafo y del conductor de Noticias RCN señalan que los acuerdos y el cumplimiento de los mismos deben tener un sentido y deben implementarse por la verdad para que realmente haya un resarcimiento. Especialmente esperan de la justicia, de la mano de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sanciones y condenas que todavía no llegan.  

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Esos vacíos siguen allí, pues tenían la esperanza de que la JEP pudiera revivir los computadores de Raúl Reyes para hallar esa verdad que han venido clamando y cómo fueron los días de cautiverio de sus seres queridos, tras confirmarse que el asesinato de 11 de los 12 diputados fue orden del secretariado de las Farc.

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Esos vacíos se acentuaron, teniendo en cuenta que este año la JEP negó solicitudes que había hecho la defensa de las familias ante este estamento para que se realizaran las necropsias a los políticos asesinados, además de negar la petición de quitar las curules a exFarc y una relacionada con una medida cautelar para restringir la libertad de imputados por crímenes de lesa humanidad.  

Como las familias lo manifiestan, en ese camino hacia la reconciliación y el perdón en actos que inclusive llegaron a La Habana, en desarrollo de los diálogos de paz, hoy se espera el firme compromiso de no repetición de estos episodios.

Coinciden en que el valor de los acuerdos recae en que las Farc finalmente reconocieron y pidieron perdón, así como develaron lo ocurrido sobre las razones del secuestro y las verdades sobre sus asesinatos. Pero todavía se mantienen preguntas en torno a qué condujo el cautiverio y sus asesinatos.

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Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez y quien luchó incansable por encontrar un sosiego al buscar escuchar de las mismas Farc su arrepentimiento, dice: “Por los acuerdos pudimos conocer la verdad de lo que pasó, tanto del secuestro como del asesinato. Había muchas preguntas. Lo que siempre queríamos era conocer la verdad, porque hace parte de la construcción de la memoria. Queremos que no los olviden, cuando hay olvido es como la muerte”.

Fabiola plantea que la verdad que está pendiente —y que ojalá se pueda aclarar dentro de la implementación de los acuerdos— es conocer cómo fue el día a día durante los cinco años de secuestro de los diputados. “Conocimos algunos videos, viéndolos afeitarse, pero no conocimos más y no nos entregaron las pertenencias. Las pedimos y no sabemos qué pasó”, se queja la mujer.

Ángela María Giraldo, hermana del diputado asesinado Francisco Javier Giraldo, considera que no fue fácil que la gente se solidarizara con ellos y con sus familiares. “Mi hermano Francisco decía que la selva era su hábito, pero repetía que regresaría para la paz. Se buscó el acuerdo humanitario. Hoy les pedimos a las Farc que cuenten lo sucedido”.

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Laura Charry, hija del también diputado Carlos Alberto Charry, también reclama la verdad y recuerda la lucha por el regreso de su padre. Para su familia, ese secuestro significó la ruptura más grande de sus sueños. Vivir sin diciembres, sin grados, con frustraciones constantes. “Madurar para comprender el conflicto ha sido de las enseñanzas más dolorosas que he vivido. Durante los cinco años del secuestro de mi padre la esperanza moría, así fueron los días de mi familia sobreviviendo a este flagelo”, dice Laura.

Seis meses antes de que doña Jael Zúñiga muriera, el 15 de febrero del 2016, ella trató de calmar su corazón adolorido por el asesinato de su hijo ‘Beto’, como le decía cariñosamente a Carlos Alberto Cendales. 

En el 2015, doña Jael y su hija Luz Marina Cendales decidieron empezar a perdonar y a despedirse de Carlos Alberto encendiendo velas frente a las fotos de quien de niño siempre soñó con ser policía.

Pero la muerte —por quebrantos de salud— alcanzó a doña Jael. La mujer falleció sin recibir una explicación de la guerrilla, como lo deseaba. Solo tuvo por respuesta que las antiguas Farc sí habían recibido una misiva enviada por su hija y que luego se pronunciaría, lo que nunca ocurrió. 

La madre de Carlos Alberto partió sin entender por qué esos guerrilleros, en uno de los baños de la Asamblea, le propinaron a su hijo varias puñaladas y dos disparos, y luego sacaron a los diputados en la buseta.

Luz Marina solo pudo tener un poco de alivio en el 2016, cuando viajó a La Habana. Allí, la hermana de ‘Beto’ le clamó por explicaciones a 'Pablo Catatumbo', quien terminó pidiéndole perdón. Ella lloró como nunca lo había hecho. Al final, ambos se dieron un largo abrazo.

En medio del llanto, ella le preguntó al exjefe guerrillero: “¿Por qué lo mataron?”.

Carlos Alberto falleció brutalmente. Según los resultados de la necropsia, el policía, además de recibir los disparos, sufrió heridas con arma cortante en la espalda y en la cabeza.

Un año y medio después del asesinato, la entonces diputada María Luisa Obonaga promovió un homenaje al uniformado en el edificio patrimonial. Además de la entrega de una placa a sus familiares, la plaza de la misma Asamblea fue bautizada con el nombre de Carlos Alberto Cendales.

En el acto participaron la esposa de Carlos Alberto y la hija de ambos. En ese momento y como un aporte de la Asamblea, la familia recibió cinco millones de pesos.

Después de ese homenaje solo vino el silencio de la sociedad. Mientras tanto, los hermanos del policía y su madre han recordado a ‘Beto’, celebrando eucaristías en su memoria. 

“Hice alto en el camino y me prendí de la mano de Dios, porque no es fácil el perdón. Él me ha dado la tranquilidad”, afirma la hermana del policía. Y reitera que los acuerdos mostraron el camino a la verdad, la reconciliación y el perdón para poder sanar este dolor.

Gustavo Arbeláez, quien estuvo 30 años en la guerrilla y 9 años detenido, relata que lo primero es que el camino no es la eliminación física del contrario. Afirmó que el crimen de Cendales no estaba en los planes de las Farc.

“Es la vida de quienes no están. Es sentir que uno, de una u otra forma, truncó sueños. Duele de verdad y más si se es responsable”, reconoce Arbeláez. 

Ese día del secuestro, en medio de toda la confusión, el equipo de Noticias RCN quedó en medio de un fuego cruzado en zona rural al suroccidente de Cali.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en una construcción justamente de la memoria, hace un relato en el que se indica que cuando el carro de RCN fue blanco de disparos, “luego se lanzaron hacia la montaña para librarse de los impactos y se dieron cuenta de que el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval Muñoz estaba herido en su pierna izquierda. A pesar de los intentos de sus compañeros por auxiliarlo, Héctor murió en el Hospital Departamental de Cali al siguiente día”. 

Su hermano Fredy Sandoval también cuenta: “Mi hermano murió en su ley, en su trabajo. Murió rescatando a su amigo (Wálter)”.

Su compañero, el reportero gráfico Juan Bautista —que los acompañó en ese día trágico del secuestro— asegura que hasta sus últimos momentos Héctor fue un apasionado por la imagen.

Entre tanto, Jhon López, familiar de Wálter López, dice que “en el país las vidas tienen que valer, tienen un significado”. 

Sigifredo López fue el único sobreviviente y también es otra víctima que mantiene su dolor y no olvida cómo sus compañeros eran asesinados.

Tras la masacre, Sigifredo continuó secuestrado y fue liberado el 5 de febrero de 2009.

Siempre ha asegurado que la muerte de los diputados se produjo en un enfrentamiento entre guerrilleros. Relató que unos días antes se enfrentó con el comandante que los mantenía cautivos y en castigo, “por grosero”, fue separado del grupo. 

En sus relatos, ha dicho que el día de la muerte de los diputados lo primero que escuchó fueron dos disparos y luego otros dos más. Como pensó que era un rescate, se tiró al piso y empezó a escuchar ráfagas y gritos.

Cuando todo se detuvo, preguntó por sus compañeros y le dijeron que ya los habían sacado. Solo unos días después se enteró de su muerte por la radio.

Sin embargo, el 16 de mayo de 2012 fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por una presunta complicidad en el secuestro y homicidio de sus 11 compañeros.

El 14 de agosto de este mismo año, le levantaron la medida de aseguramiento porque no había pruebas suficientes para determinar que era el responsable de este hecho.

Sigifredo siempre sostuvo que era inocente y que lo estaban incriminando. En el proceso se encontró que había falsos testigos. Ayudó que Gustavo Arbeláez, conocido como 'Santiago', coordinador del secuestro, explicó que López no tuvo relación con el plagio.

"La Fiscalía le ofrece disculpas a Sigifredo López por sus actuaciones y por la privación de la libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la medida de aseguramiento", dijo en esa época el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

En septiembre pasado, López pidió la expulsión de los exintegrantes de las Farc de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando la senadora Sandra Ramírez dijo que los secuestrados tenían comodidades frente al hacinamiento en las cárceles del país.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el caso de los 12 diputados, secuestrados con ardides, mientras sesionaban en la sede de la Asamblea, es un símbolo trágico de la crueldad y del envilecimiento del conflicto armado.

La paz firmada con esta guerrilla y la institucionalidad despertó el deseo de que surjan resultados para ayudar sin duda a esclarecer lo que falta por saber sobre este hecho atroz, así como para juzgar a los responsables que todavía no reciben una sanción ejemplar. Las familias siguen asistiendo a audiencias, con apoyo de abogados de la JEP, en espera de los resultados de la justicia colombiana.

No obstante, en los primeros cinco años desde los acuerdos con las Farc, estas víctimas han venido pidiendo, además, que el recuerdo de sus seres queridos siga latente y que no sean olvidados.

Gonzalo Sánchez, exdirector general del Centro Nacional de Memoria Histórica —entidad que elaboró un documento para preservar la memoria—, señala que el secuestro, “hay que decirlo con claridad, somete a sus víctimas a múltiples formas de violencia continuada, que no solo dura el tiempo del cautiverio sino que tiene secuelas posteriores a la liberación”. Pero destaca la lección que le dieron a Colombia, porque fueron revictimizados y no perdieron su intención de ayudar al país en una reconciliación.

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El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, reconoce que las víctimas del secuestro de los 12 diputados —por sus asesinatos y el de las otras tres personas— es un hecho que refleja todo el clamor de estas familias para que Colombia nunca los olvide. Por ello, añade, la entidad se conformó para conocer esa verdad y dejarla registrada en la memoria.

“Una memoria que nos invite a cambiar, a que esto tiene que ser distinto, a que nunca más vamos a volver a tolerar lo intolerable; que somos capaces de recoger a los que nos causaron tanto dolor. Este es un llamado a la reconciliación. Si bien el perdón es una decisión personal, es un acto soberano que solo llega cuando un corazón quiere, pero la reconciliación es otra cosa. Los nietos y los hijos de ustedes, pero también de sus victimarios, van a vivir aquí. reflexiona el padre de Roux.

El analista Diego Arias anota: “A cinco años de la firma del acuerdo de paz y de implementación, para el Valle resultan absolutamente significativos los progresos. Pero también los desafíos en relación con un caso que nos duele a todos y no puede quedar en el olvido ni en la impunidad. Es el secuestro primero y posteriormente asesinato de los diputados”. Arias resalta el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz y lo que ha hecho la comisión de la verdad. “También, resaltar lo que las propias Farc, en términos de aceptación de sus responsabilidades y de petición de perdón, han hecho en distintas oportunidades”, expresa.

Pero enfatiza en que “por supuesto a las víctimas les asiste todo el derecho de conocer aún detalles que faltan por esclarecer en relación con la muerte de los diputados y con el período de todo el cautiverio. Son los desafíos propios de avanzar de la guerra hacia la paz y algún día hacia la reconciliación”.

El asesinato de los políticos sigue con vacíos aunque en algún momento, el entonces vocero de las Farc, ‘Raúl Reyes’ —abatido en la Operación Fénix el primero de marzo de 2008 en cercançoas de la población ecuatoriana de Santa Rosa de Sucumbíos— dijo que se había registrado en medio de un enfrentamiento con paramilitares, pero esa es una versión que no se confirmó. 

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La seguridad en la región se fue deteriorando, al punto de que los mismos diputados estaban preocupados. La preocupación por la toma de rehenes no era gratuita.

Un mes antes de que se llevaron a los diputados, el 16 de marzo de aquel 2002, fue asesinado el entonces arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, quien antes había denunciado amenazas contra su vida. 

Y en la sesión número de 10 de la Asamblea, el 10 de abril, un día antes del secuestro, Francisco Giraldo dijo: “Cali, yo creo que es una de las ciudades más azotadas por la violencia, ya que aquí, inclusive, hemos tenido la tristeza de vivir dos ‘secuestros’ masivos que nos han conmovido mucho”.

Se refería a los secuestros de los 194 feligreses en la iglesia La María, en el sur caleño, y de 61 personas en el kilómetro 18 de la vía de Cali a Buenaventura o vía al mar, que también estremecieron a la ciudad y por los que monseñor Cancino había acuñado una frase en marchas, pidiendo la libertad de todos los plagiados: “¡Los queremos vivos, libres y en paz!”.

El de La María fue el 30 de mayo de 1999 y el del kilómetro 18, el 17 de septiembre de 2000, tres años antes de que un grupo de hombres de las Farc, vestidos de camuflado y simulando ser soldados del Ejército y policías, sacaron a los 12 asambleístas bajo el engaño a toda una ciudad que reflejó tal planeación para subirlos a la buseta con rumbo desconocido.

Fue el secuestro político más grande del país, ante la mirada de confusión de cientos de caleños que a plena luz del día de ese 11 de abril de 2002 se preguntaban qué era lo que pasaba en la Asamblea del Valle.

CAROLINA BOHÓRQUEZ Y JOSÉ LUIS VALENCIA*

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

CALI