La pesadilla de dos abuelitos cuyos inquilinos en Bogotá no les pagan, ni se quieren ir

Sandra vive con su papá de 84 años, con movilidad reducida y quien es paciente oxígeno dependiente; con su mamá de 73 años y una mascota en una casa de dos pisos en el barrio Garcés Navas. El primero lo arriendan para ayudarse con el pago de servicios públicos. “Los últimos inquilinos llegaron hace dos años y medio y cumplieron con todos los requisitos. Llevamos arrendando la casa hace más de 30 años y nunca ha habido problema”.

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Pero en febrero de este año la inquilina les dijo que se iba a separar de su esposo y que necesitaba una carta en donde se estipulara que los dueños le pedían el apartamento. “Acordamos pasarle el documento en abril porque el contrato se renovaba en julio. La idea era que se iban entre el 1 y el 5 de junio. Pero han venido diciendo que no consiguen, que no tienen plata, que les tengamos paciencia. Lo cierto es que no se han ido y tampoco han pagado. Hablamos con un juez de paz y les mandaron una citación, pero se empezaron a portar muy groseros”.

Cuando recibieron la carta se enfurecieron y les reclamaron a los dueños del inmueble. “Casi tumban la puerta y nos gritaban que no eran delincuentes. Me rompió la citación en la cara y después nunca fueron a la conciliación”.

Luego les dijeron que entre el 15 y el 20 de julio les desocupaban cuando les llegara una plata. “Pero se llegó el final del mes y nada pasó. Además, me decían que por nuestra intensidad no conseguían apartamento. Para agosto me tocó volver a ir al juez de paz”.

Cuando llegaron con una nueva citación y en compañía de la policía salió la inquilina a gritar que se iban a quedar el tiempo que se les diera la gana, así trajeran al mismísimo presidente de la república. “Me dijo que si queríamos que se fueran, que yo les consiguiera una casa. La policía no les dijo nada”.

Muchas veces, además, los inquilinos los paran en la calle a insultarlos y a amenazarlos por las denuncias de la familia. “Siempre tienen una excusa diferente, son groseros y altaneros. Una vez me insultaron en una papelería”, contó Sandra. 

Tras seis meses sin recibir arriendo, la familia tuvo que llamar a la Defensoría del Pueblo y allá les dijeron que tenían que iniciar un proceso. “Yo no tengo trabajo, solo vivimos con una pensión de un mínimo que es de mi papá. Me fui a la Personería y el abogado me dijo que no se justificaba abrir un proceso con un monto tan pequeño de arriendo. Pero es que ya son 4’500.000. Me dijo que tratara de conciliar”.

Fueron a poner una querella y les dijeron que mejor conciliaran o que contrataran a un abogado para iniciar un proceso civil. “Pero si no hay plata para nada, menos a un abogado, igual nos tocó hacerlo”. Y en la Fiscalía tampoco les ayudaron. “En la comisaría nos dieron medida de protección porque nos sentimos amenazados”.

Finalmente, tuvieron que contratar a una abogada, ya se instauró una demanda y ahora esperan que proceda el embargo. “Esto ha sido una pesadilla. No es posible que nadie lo ayude a uno en esto. Nos dimos cuenta de que el codeudor nunca apareció o es ficticio. Esto es terrible”.

Finalmente, les han dicho a la familia que si quieren que ellos se vayan contraten a un sicario. “Ya estamos desesperados. Su lenguaje es muy pesado.  ¿Quién protege los derechos de dos adultos mayores que dependen de esa renta”?, dijo Sandra en medio del desespero y quien solo pide que alguien la escuche. 

REDACCIÓN BOGOTÁ

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