Gobierno insiste en desconocer decisión del Senado: Gustavo Petro dice que la consulta popular es decretable

El Gobierno Nacional insiste en desconocer la decisión que tomó el Senado, cuando el 14 de mayo negó, con 49 contra 47 votos, la consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro para sacar adelante su reforma laboral.

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En la más reciente jugada de la Casa de Nariño, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que por supuestos vicios de trámite el Senado no se ha pronunciado sobre la consulta popular, por lo que desde el 1.° de junio el Gobierno está habilitado para convocar al pueblo a las urnas vía decreto.

Y aunque hay serias dudas sobre la legalidad de esa convocatoria, el presidente Gustavo Petro insistió en que sí es posible.

“Hoy por hoy, la consulta popular es decretable de acuerdo con la Constitución y la ley. El poder soberano no se puede acallar en una democracia”, aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X este domingo 1.° de junio.

El martes, mientras la Comisión IV debatía la reforma laboral, que revivió como una jugada para evitar convocar la consulta popular —que le costaría a la Nación más de 700.000 millones de pesos—, el ministro Armando Benedetti presentó su nueva estrategia.

Según Benedetti, como en el Senado no se leyó el informe de la consulta popular, no se votó la propuesta presentada por el propio presidente Petro el 1.° de mayo.

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“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1.° de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley 5.ª de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, entonces, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, dijo Benedetti en rueda de prensa, tras argumentar en un primer momento, cuando se hizo la votación, que se había cometido un fraude que hoy, 15 días después, no ha sido sustentado.

La posibilidad de convocar a una consulta popular vía decreto, cuando ya el Senado se pronunció, prendió las alarmas de distintos sectores, que advirtieron sobre los riesgos que hay para la democracia si esto llega a suceder y anunciaron demandas.

“Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del Poder Legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la Rama Judicial. No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales”, dijo el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda.

“El funcionario del Ejecutivo que pretenda suplantar de hecho a los jueces constitucionales, declarando viciado el concepto emitido por el Senado, estará cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas, entre otros. Convocar la consulta por decreto sería incurrir en el delito de prevaricato, además del desconocimiento del principio de separación de poderes”, comentó, por su parte, el expresidente César Gaviria.

Y es que, si en el Senado se cometió una irregularidad, no corresponde al Ejecutivo ser juez; el Gobierno debe demandar ante la justicia, y serán las altas Cortes las que determinen si hubo o no una irregularidad en el momento de votar la consulta. Por lo pronto, la votación de la plenaria del Senado del 14 de mayo es válida.

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"Existe una presunción de legalidad sobre el acto. Si hubo irregularidades, corresponde a los jueces determinarlo, no al Gobierno. Esa calificación es competencia exclusiva de los jueces, quienes podrían anular la decisión que negó la convocatoria. El camino legal es presentar una nueva consulta, como ya se hizo anteriormente, y esta debe volver a tramitarse conforme a la agenda del Congreso”, dijo el exconsejero de Estado, Alberto Yepes Barreiro.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política