Después de cerca de ocho años de juicio oral, Claudia Patricia Otálora Cano fue condenada por haber participado, como jefa de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en actuaciones ilegales dentro del llamado 'carrusel de la contratación' de Bogotá.
La sentencia de 11 años de cárcel la profirió un juez de conocimiento de la capital, el cual les dio la razón a investigadores de la Fiscalía General de la Nación de que en el año 2009, la exfuncionaria distrital hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU, y desde su cargo direccionó irregularmente cinco contratos financiados con plata de la valorización.
El objetivo de esas movidas fue beneficiar a dos contratistas con un monto superior a los 84.000 millones de pesos, destinados en el papel para construir andenes, dos ciclos puentes, una calzada de la Avenida La Sirena (calle 153), la intersección del deprimido de la calle 94 y tres puentes peatonales.
Nicolás Petro y Day Vásques estuvieron en el búnker de la Fiscalía. Foto:Unidad Investigativa
Sin embargo, "las pruebas obtenidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditaron varias anomalías auspiciadas por la señora Otálora Cano y otras personas, entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas, fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos, y limitación a la participación de otros oferentes".
Así lo explicó este fin de semana Martha Alejandra Parra Chavarro, jefa de la delegada contra la Corrupción de la Fiscalía, quien añadió que la extrabajadora del IDU fue procesada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Además de la condena a 11 años, el juez le impuso a Otálora cano una multa de 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y una inhabilidad de 127 meses para ejercer cargos públicos.
Antes de ser la jefa de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano, la condenada había sido la directora del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito.
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