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No podemos afirmar que partidos políticos se aprovecharon de esto: Camargo por asonadas
El defensor del Pueblo habla en EL TIEMPO sobre algunas alteraciones registradas en las elecciones.
Carlos Camargo entregó balance sobre la jornada de elecciones. Foto: Defensoría
PERIODISTAActualizado:
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, conversó con EL TIEMPO sobre las distintas asonadas y disturbios que se presentaron en Colombia durante y luego de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre.
Para el alto funcionario, las protestas que se dieron en las elecciones parten de la "desconfianza en las instituciones electorales", así como de la percepción de que en los comicios se cometieron irregularidades.
¿Cree que las asonadas seguirán siendo un factor de riesgo en cada elección colombiana?
En el análisis histórico que hemos realizado desde el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, encontramos que por lo menos en los últimos cuatro procesos de elecciones territoriales, se han presentado situaciones similares de protestas, disturbios y asonadas.
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Hemos hecho llamados en reiteradas ocasiones para que autoridades y entes competentes implementen medidas preventivas oportunamente y no procedan en forma reactiva.
Por ejemplo, en los comicios regionales de 2011 tuvimos un registro de 47 casos y en los años 2015 y 2019 ocurrieron 91 y 38 eventos respectivamente. Preocupa lo ocurrido en las pasadas elecciones del 29 de octubre, pues la cifra llega a 132 eventos. En consecuencia, hemos hecho llamados en reiteradas ocasiones para que autoridades y entes competentes implementen medidas preventivas oportunamente y no procedan en forma reactiva, cuando ya han ocurrido situaciones que ponen en riesgo la convivencia y los derechos fundamentales de la ciudadanía y afectan el proceso electoral.
Para evitar hechos de conflictividad social, deben ser mitigados factores de riesgo, como la falta de confianza en la institucionalidad que coordina el proceso electoral, así como prevenir comportamientos arraigados en la cultura política del país: la pugnacidad y la polarización política entre movimientos y candidatos, que en buena medida llevan a escenarios de violencia social.
Problemas de orden público en Toribío, Cauca, tras el cierre de elecciones. Foto:Archivo particular
¿Este fenómeno es nuevo de estas elecciones, se relaciona con los "estallidos sociales de los últimos años?
No se trata de una situación nueva, propia de los comicios del 29 de octubre pasado. Sin embargo, es preciso decir que las motivaciones son diferentes a las del estallido social vivido en el 2021, originado por la inconformidad de los ciudadanos con múltiples situaciones y demandas sociales en temas de salud, educación, economía, finanzas del Estado, reestructuración de la fuerza pública, entre otros, cuyo detonante, además, estuvo relacionado con la pandemia del covid-19.
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Las protestas ciudadanas relacionadas con las elecciones territoriales se centran en la desconfianza en las instituciones electorales, en la percepción de irregularidades en los comicios y el cuestionamiento a la transparencia de los escrutinios y a los resultados que estos arrojan. Esto se ha hecho evidente, especialmente, en aquellos municipios donde se dan diferencias reducidas en los resultados entre candidatos, lo cual lleva a que la ciudadanía realice manifestaciones de inconformidad y denuncias de fraude, que luego desencadenan en asonadas y otros hechos de violencia.
Carlos Camargo durante la presentación del informe. Foto:Cortesía Defensoría del Pueblo
También hemos evidenciado manifestaciones airadas y protestas que han escalado a situaciones de violencia en municipios donde registramos cuestionamientos por financiación ilegal de campañas y denuncias por delitos electorales, lo cual, luego de conocidos los resultados, derivaron en alteración del orden y la convivencia.
La razón que está detrás de la mayoría de eventos es 'desconocimiento de resultados', ¿Cree que partidos o "carteles" electorales se puedan aprovechar de inconformidades sociales para desconocer resultados que no los favorezcan?
En la Defensoría del Pueblo no tenemos elementos para afirmar que partidos políticos o carteles electorales estén aprovechándose de esta situación.
Desde la Defensoría del Pueblo hemos observado que la inconformidad ciudadana, de movimientos políticos y participantes en la contienda electoral ha radicado en la poca diferencia de votos entre uno y otro candidato. Adicionalmente, en la percepción de irregularidades o delitos electorales que no son atendidos por la institucionalidad conlleva a manifestaciones y disturbios.
Creemos legítimo que los actores políticos y la ciudadanía reclamen, cuando sienten vulnerados sus derechos, pero no que lo hagan de forma violenta porque ponen en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos, como recientemente ocurrió en el departamento del Cesar.
No puede descartarse que en algunas de las protestas, con ejercicio de la violencia, haya quienes busquen desconocer los resultados de los comicios. No obstante, en la Defensoría del Pueblo no tenemos elementos para afirmar que partidos políticos o carteles electorales estén aprovechándose de esta situación. Serán las autoridades judiciales las que determinen la ocurrencia de estos hechos.
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En videos se ve a personas lanzar un contenedor de gasolina y luego prender fósforos para quemar la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar. Foto:Captura de video
En lo que ha visto la Defensoría, ¿quiénes están detrás de estas protestas, son comunidades, están siendo impulsadas por grupos políticos o son promovidas por grupos ilegales?
Lo que hemos observado como entidad garante de derechos humanos, es que en las protestas participan, en la mayoría de los casos y de forma espontánea, comunidades y militantes de los diferentes partidos, tanto ganadores como perdedores. Por eso, nuestro llamado a la ciudadanía, movimientos, partidos políticos, líderes y candidatos es a reconocer la legitimidad y transparencia de las instituciones electorales, el trabajo objetivo e independiente de sus funcionarios, como también, a respetar los resultados de las votaciones, les favorezcan o no los resultados.
Si tienen conocimiento de prácticas ilegales, de corrupción, o de la comisión de delitos electorales, están en todo su derecho de denunciarlos ante las autoridades competentes y realizar las manifestaciones públicas y pacíficas que consideren. Y aquí insisto en el llamado a la ciudadanía y dirigentes políticos: desarmen los ánimos y aléjense de prácticas de estigmatización, pugnacidad y polarización política. Son hechos que terminan convirtiéndose en combustible de desmanes y actos de violencia contra las instituciones y opositores políticos.
¿Qué medidas podrían tomarse para evitar situaciones como las que se han desenvuelto en estos comicios, algunas tan graves como la muerte de una persona en Gamarra, Cesar, por estas protestas?
Duperly Arévalo, funcionaria muerta Foto:Cortesía
Hay que trabajar en la mitigación de los factores de riesgo existentes: polarización, pugnacidad, baja confianza institucional y alta conflictividad social en los territorios. Es prioritario el fortalecimiento de la cultura política y los valores democráticos en nuestro país, basados en un enfoque de respeto por los derechos humanos, las libertades políticas y las normas electorales.
Por otra parte, como lo recomendamos la semana previa a las elecciones en nuestro informe de advertencia presentado desde el Observatorio de Conflictividad Social, se deben tener en cuenta los antecedentes de conflictividad social electoral.
Es necesario impulsar la cultura de la denuncia, pero también, fortalecer los canales a través de los cuales se tramitan las irregularidades electorales, brindando una respuesta oportuna a la ciudadanía.
Es clave impulsar, previo a las elecciones, pactos de no violencia entre partidos, movimientos políticos, candidatos y ciudadanos. Así mismo, reforzar, antes, durante y después del proceso democrático los dispositivos de seguridad en inmuebles e instalaciones donde son realizados los comicios, los escrutinios, y en las sedes de la Registraduría de todo el país.
Finalmente, de cara a los futuros procesos electorales, considerar la necesidad de apostarle a una reforma política que atienda, entre otros, una renovación al sistema electoral, lo cual se traduciría en cambios estructurales que permitirían fortalecer el sistema democrático para prevenir cualquier acto de violencia que empañe la fiesta democrática.
María Isabel Ortiz Fonnegra
Redacción Justicia
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