Los correos secretos de Ecopetrol sobre indagación a su presidente R. Roa

No más de una veintena de altos funcionarios de Ecopetrol tenían conocimiento de la  llamada 'Operación Casita' que involucra a una oficina de abogados estadounidense y las indagaciones en torno a su presidente Ricardo Roa Barragán.

Entre los temas que inquietan está la investigación a la campaña Petro Presidente 2022-2026 (de la que Roa fue gerente), por presunta violación de topes, una conducta con consecuencias penales desde 2026. 

Además, dos casos revelados por EL TIEMPO: la compra de un lujoso apartamento  al petrolero Serafino Iácono, y los negocios con de Ecopetrol con una firma del fallecido empresario William Vélez, quien fue jefe de Ricardo Roa en una empresa de Honduras y de su pareja, Julián Caicedo Cano.  

Fuentes internas le dijeron a EL TIEMPO y a otros medios, que la petrolera evaluaba emitir un comunicado y que incluso señalaron de manera extraoficial que no era cierto que el contrato con Covington & Burling LLP hubiera saltado de 875 mil dólares a 5 millones 875 mil dólares, como se lee en un otrosí del contrato revelado por este diario.

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La versión que circula por los pasillos de Ecopetrol es que la junta de ese momento no aprobó el otrosí y que lo alcanzaron a frenar.

"En marzo se dio la orden de suspender el contrato por varias extralimitaciones, como revisarle el celular a algunos ejecutivos y hasta sus portátiles", explicó una fuente.

Además, les llama la atención que en el otrosí se señala que la junta sí aprobó el nuevo monto, aunque algunos aseguran que no sabían.

El primer contrato data del 29 de agosto de 2024. 

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Y en el otrosí, del 31 de diciembre de 2024, se advierte: "Que, con base en el trabajo que el contratista desempeñó entre agosto 29 y la fecha de celebración de este otrosí y ante hechos sobrevinientes de conocimiento de la junta, derivados de las alegaciones publicadas en medios de comunicación y otras fuentes abiertas de información, que pueden dar lugar a la materialización de riesgos reputacionales para Ecopetrol, al junta aprobó hacer modificaciones al alcance y términos del Contrato, con el propósito de abordar de manera independiente la investigación sobre dichas alegaciones".

Y añaden que "en consecuencia y en cumplimiento de la decisión de la junta, se hace necesario modificar el Contrato para que su objeto, plazo, valor, entre otros términos, correspondan a la necesidad de asesoría de la junta.

En efecto, en la cláusula tercera se señala que "el valor del presente contrato es de cinco millones ochocientos setenta y cinco mil dólares (USD 5.875.000,00) de los Estados Unidos de América el cual contempla las actividades y entregables contemplados en las Especificaciones Técnicas y planes de trabajo, así como todos los conceptos derivados de impuestos y retenciones".

Y el plazo de ejecución saltó de 5 meses a 16. Pero todo indica que se encuentra suspendido.

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EL TIEMPO tuvo al contenido de correos reservados de altos ejecutivos en donde se habla de la documentación que se le estaba entregando a la firma e incluso la solicitud de información que se le viene haciendo a Roa sobre varios temas.

“Según lo conversado (...), a continuación encontrarán el borrador del correo electrónico para el Dr. Roa en preparación para la reunión la próxima semana. Como verán a continuación, teníamos la duda de si incluir solo la solicitud respecto de la compra del apartamento (Mist) y no sobre la remodelación (Venice)”, se lee en uno de los correos.

Y anexan el mensaje para Roa: “Estimado Dr. Roa: En el marco de la investigación independiente que está siendo dirigida por la Junta Directiva, la firma de abogados Covington & Burling, asesores externos de la Junta, ha solicitado reunirse con usted para hablar sobre temas relevantes para la investigación en relación con las alegaciones publicadas por los medios sobre su apartamento ubicado en la calle 92 en Bogotá”.

En otro correo confidencial se extractan apartes de la junta directiva donde se tomó la decisión de hacer la investigación independiente y confidencial.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Allí señalan que para la firma Miller & Chevallier (la primera que iban a contratar), “una comunicación proactiva con la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) tendría muy bajas probabilidades de tener un impacto negativo y en cambio, las siguientes potenciales ventajas: “garantizar a la SEC que la compañía y su junta están gestionando adecuadamente la situación; y permitir que la compañía se beneficie de la divulgación proactiva de los temas antes de que la SEC decida indagar sobre los problemas por sí misma”.

También creían que iban a poner a la junta en una posición de control sobre la situación y evitar confusión potencial de la SEC.

Pero ahora lo que hay es eso: confusión de quién aprobó el millonario salto del contrato y conductas como la retención de información clasificada y hasta de celulares.

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