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Ecopetrol pagará 5 millones 875 mil dólares para medir impacto en EE. UU. de casos contra Ricardo Roa
Firma indaga efectos ante autoridades y Bolsa de N. York de proceso en el CNE, compra de apartamento y otros temas.
La sede de la firma Covington & Burling en EE.UU; los de la junta directiva de Ecopetrol; Ricardo Roa y su pareja; y su apartamento en el norte de Bogotá. Foto: Pablo Salgado y redes sociales
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En el emblemático edificio del periódico The New York Times y en la One City Center, 850 Tenth Street, en Washington, están las oficinas principales de una firma de abogados que tiene en su poder información reservada sobre Ecopetrol, incluidos chats y correos de sus altos ejecutivos.
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EL TIEMPO investigó y estableció en primicia que, en efecto, expertos forenses de la firma Covington & Burling LLP –que se vende como experta en casos de cuello blanco, antimonopolio y temas corporativos–, llegaron en enero pasado a las instalaciones de la petrolera en Bogotá.
A lo largo de varios días realizaron al menos 35 entrevistas con altos directivos, y se llevaron pantallazos de conversaciones por celular, documentos y un paquete nutrido de correos electrónicos.
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‘Operación Casita’
La junta directiva de Ecopetrol en 2024. Foto:Archivo particular
Nadie habla oficialmente del tema, pero este diario investigó y estableció que Covington & Burling fue contratada por orden de la junta directiva de Ecopetrol para indagar un tema sensible y reservado que inicialmente bautizaron ‘Operación Casita’
El objeto oficial del contrato, al que EL TIEMPO tuvo de manera exclusiva, es el de la “prestación de servicios de asesoría a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. en relación con su revisión de ciertas políticas y procesos y discusiones con autoridades estadounidenses”.
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Pero en un memorando reservado, en el que se anuncia que el monto del contrato saltó de 875.000 dólares a 5’875.000 dólares, se revela el trasfondo del contrato que se rige por cláusulas de confidencialidad: las indagaciones, negocios y algunas relaciones de Ricardo Roa Barragán, cabeza del Grupo Ecopetrol.
“La presente solicitud obedece a que en el mes de junio de 2024, el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva (CAJD) solicitó la creación de una Comisión Especial de Junta Directiva para adelantar la contratación de una firma estadounidense con el objetivo de realizar un estudio independiente dirigido a revisar los procesos realizados por la Junta Directiva y adoptados por Ecopetrol S.A., en relación con la vinculación del actual presidente de la compañía y otros asuntos solicitados por la Junta Directiva”, se lee en el memorando, fechado el 26 de diciembre de 2024 y firmado por Alberto Vergara, director corporativo de cumplimiento de la estatal Ecopetrol.
¿Quién lo aprobó?
Estos documentos muestran el salto que hubo en el monto del contrato con Covington & Burling LLP Foto:EL TIEMPO
EL TIEMPO investigó y estableció que se han trazado al menos 5 líneas de trabajo, algunas de las cuales han sido bautizadas con nombres como ‘Bengala’, ‘Venice’ y ‘Mist’.
Además, que el visto bueno para contratar a los estadounidenses se dio en medio de una reunión de junta a la que no asistió Roa.
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Esta data de 26 de julio de 2024 y en el acta respectiva se lee que la junta instruyó a Ecopetrol para la celebración del acuerdo y delegó a Alberto Vergara la supervisión de su cumplimiento.
“La Junta Directiva de Ecopetrol S.A. ha solicitado a Covington que evalúe el posible interés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en las acusaciones en Colombia contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol S.A.”, se lee en uno de los apartes del acta a la que este diario también accedió.
La sede de la firma Covington & Burling en EE.UU Foto:Archivo particular
Para ese momento, el órgano rector de Ecopetrol estaba conformado por Gonzalo Hernández, Álvaro Torres, Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe, Edwin Palma, Mónica de Greiff, Tatiana Roa, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, algunos de los cuales ya fueron remplazados o renunciaron.
Lo que a algunos les ha llamado la atención es que Ecopetrol haya seguido adelante con las indagaciones a pesar de las explicaciones que de manera privada y pública ha dado Roa sobre cada uno de los capítulos en los que se le ha mencionado.
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En efecto, la cabeza de Ecopetrol ha sido enfática en desvirtuar cualquier tráfico de influencias u otra conducta irregular en los temas personales, corporativos y de la campaña Petro. Y ha alegado que las indagaciones en su contra siguen siendo preliminares.
“A pesar de esas explicaciones y del respaldo del Gobierno, hay inquietud y nerviosismo por la percepción en Estados Unidos sobre el tema Roa y a eso se une las cifras en rojo que viene registrando de manera sostenida la empresa”, explicaron desde la propia Ecopetrol ejecutivos que conocen el tema.
Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto:Ecopetrol
Y agregaron que contratar a una firma de abogados estadounidense fue el segundo paso que se dio después del informe de la empresa Control Risks en el que se advirtió sobre los riesgos reputacionales para el Grupo Ecopetrol por los señalamientos e investigaciones en torno a Roa.
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De hecho, en el memorando se señala que al ser Ecopetrol S.A. una sociedad por acciones, que cotiza, entre otras, en la Bolsa de Nueva York, debe acatar parámetros internacionales de cumplimiento, normas anticorrupción y específicamente la ley Foreign Corrupt Practices Act (FA), así como el régimen de sanciones económicas de Estados Unidos, la Ofac, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Termomorichal y Iacono
La planta de Termomorichal. Ecopetrol. Foto:Archivo particular
En ese mismo memorando se habla de indagar un posible conflicto de intereses por parte de Roa Barragán, tras la investigación de EL TIEMPO sobre la adquisición de un lujoso apartamento en Bogotá, poco antes de asumir el cargo.
Este diario probó que el lujoso apartamento está ligado a una firma, afincada en un paraíso fiscal, de propiedad del petrolero Serafino Iacono, otrora cabeza de Pacific Rubiales al que Roa dijo no conocer en ese momento.
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No obstante, fuentes enteradas señalaron que, en la visita de enero, Covington & Burling preguntó por el tema y el posible nexo con el interés, por parte de una filial de Ecopetrol, de negociar el llamado Bloque Sinú 9, en Córdoba, presuntamente vinculado a Iacono.
Sinú 9 es el mismo que, en su momento, sobrevolaron en un avión privado Gustavo Bolívar y la entonces ministra de Minas Irene Vélez, hoy cabeza de la Agencia Nacional de Lincencias Ambientales (Anla).
Serafino Iacono, empresario petrolero. Foto:Archivo particular
El padre de Vélez, Hildebrando Vélez, es ahora parte de la junta de Ecopetrol.
Todo parece indicar que los nuevos de ese poderoso cuerpo colegiado desconocen el llamado ‘Proyecto Casita’ y sus derivaciones.
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Una de estas es otro millonario negocio que EL TIEMPO también destapó. En efecto, hay evidencia de que Covington & Burling incluyó en su análisis los millonarios y recientes desembolsos que hizo la petrolera estatal por las plantas Termomorichal I y II que alimentan de energía al campo Rubiales, en Meta, y que opera una compañía en la que figura el recién fallecido empresario paisa William Vélez Sierra.
Este fue jefe de Roa en otra de sus empresas asentada en Honduras y empleó a su pareja, Julián Caicedo, en Termomorichal, un proyecto que Vélez negoció con Rubiales, la misma de Iacono.
Este es el otrosí del contrato con Covington & Burling. Foto:EL TIEMPO
En su momento, en Ecopetrol informaron que por ese doble nexo, Roa declaró un impedimento para intervenir en el millonario negocio de las Termomorichal que si bien adquirieron, siguen siendo operadas por la firma del empresario paisa.
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Y Vélez salió a negar que él le hubiera pagado la remodelación del lujoso apartamento a Roa Barragán, como se denunció en medios.
CNE y Urrá
URRA Foto:URRA
No obstante, en documentos internos de la petrolera –a los que ha tenido Covington & Burling– se advierte: “William Vélez es el beneficiario real de la empresa Genser Power, accionista con el 51 por ciento de Termomorichal y por fuentes abiertas se identifica que es accionista de la empresa de Energía de Honduras”.
Otro tema que se evalúa, y que –al igual que el del apartamento– se heredó del informe de Control Risks, es el de la investigación contra Ricardo Roa por su rol en la campaña Petro Presidente 2022-2026 de la que fue su gerente.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) está a punto de cerrar la etapa de investigación para entrar a tomar decisiones de fondo sobre la presunta violación de topes electorales –en una suma superior a los 5.300 millones de pesos–, conducta que desde 2016 tiene consecuencias penales.
De hecho, la Fiscalía también avanza en una indagación sobre la presunta financiación de la campaña con fuentes ilegales.
Marisol Segura Díaz aparece en dos de las empresas investigadas en en caso Urrá. Foto:Suministrada
Al respecto, en una reciente junta directiva, Roa habló de los rumores sobre su relevo en la presidencia de Ecopetrol y el hecho de que debe definir con sus abogados los alegatos finales de su defensa ante el CNE.
En documentos, a los que EL TIEMPO tuvo , también se han evaluado los efectos de la relación de Roa con contratistas de la Hidroeléctrica Urrá; y negocios de su pareja, Julián Caicedo Cano. Pero en el tema de Caicedo hay un agregado clave que se busca despejar: “su supuesta injerencia en varios nombramientos clave dentro del llamado Grupo Ecopetrol” que él ha negado de manera categórica.
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El capítulo de Urrá –denunciado ante la Fiscalía por el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla– también aparece mencionado en un trámite de debida diligencia que la propia Ecopetrol adelantó, en donde se menciona a Marisol Segura (una de las dueñas de empresas que recibió jugosos contratos en Urrá) y su relación cercana tanto con Roa como con Caicedo.
Y otra línea de indagación está relacionada con contratos en Cenit, la poderosa filial de Ecopetrol.
os con la SEC
William Vélez, empresario colombiano. Foto:Fernando Ariza / CEET
Por el hermetismo con el que se maneja el tema, nadie sabe en qué punto va el trabajo de Covington & Burling. Pero EL TIEMPO estableció que cuando se contempló contratar para esta misión a la reconocida firma Miller & Chevalier, estos alcanzaron a hacer los primeros os con un alto funcionario de la SEC al que se le expusieron algunos temas, como el de la compra del apartamento.
De hecho, antes de que se le informara a Miller & Chevalier que iban a contratar a Covington & Burling, alcanzaron a enviar un informe de su reunión con la SEC.
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Lo poco que se sabe del tema es que el 26 de febrero de 2024 se ó por correo electrónico a Charles Cain, jefe de la Unidad de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la SEC, y se acordó una llamada para el 1.º de marzo de 2024.
Ese día, en una comunicación de no más de 25 minutos con Cain se trataron varios temas, entre otros, lo que denominaron “novedades” sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y cómo venían siendo cubiertos por medios de comunicación locales en Colombia y eran objeto de debate en el campo político.
Apartamento de Ricardo Roa. Foto:Archivo particular
El interés de Cain se concentró en el hecho de que Ecopetrol está entre las 40 empresas de petróleo y gas más importantes a nivel mundial y la tercera en América Latina, con numerosas filiales y presencia en Estados Unidos.
Además, recordaron que Ecopetrol había colaborado ya de manera activa con la SEC en casos como los sobrecostos en la refinería de Carganera (Reficar) y en el llamado caso Petrotiger.
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Y además de la trayectoria y palmarés de Roa, se habló de su estrecho nexo con el presidente Gustavo Petro, a quien le gerenció la campaña a la Presidencia.
Y se puso sobre el tapete el tema de las investigaciones e incluso las afirmaciones de ese momento que Nicolás Petro (hijo del mandatario) le dio a la Fiscalía sobre manejos pocos claros en los aportes a campaña, y su posterior retractación.
Además, se habló de la compra del apartamento.
“El mensaje fue que la junta de Ecopetrol está tomando estos asuntos en serio y tomando medidas para evaluarlos e informarlos en las instancias correspondientes. Además, se quiere que la SEC esté enterada del tema”, señaló la misma fuente interna.
¿Austeridad?
Gustavo Petro, como candidato y Ricardo Roa, como gerente de campaña son investigados por el CNE. Foto:EL TIEMPO
Tras ese acercamiento, que Ecopetrol agradeció, hubo un timonazo en el caso y Miller & Chevalier fue reemplazada en todo el trámite por Covington & Burling. El argumento fue austeridad y supuestas mejores competencias.
Se argumentó que mientras Miller & Chevalier iba a cobrar 1’750.000 dólares, la otra firma solo pedía 875.000 dólares.
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Por el hermetismo con el que se maneja el tema se desconoce quién propuso el cambio de la firma de abogados y por qué el costo del contrato saltó a 5’875.000 dólares, quintuplicando su valor. Lo que ha trascendido es que, en un primer análisis, la nueva firma de abogados hizo saber que considera que es improbable que la SEC inicie una investigación formal contra Ecopetrol por posibles infracciones a las disposiciones antisoborno de la FA.
¿Posible indagación?
Este es el oficio en el que se ordena la retención de documentación física y electrónica. Foto:EL TIEMPO
Sin embargo, no descartaron que se pueda interesar en investigar “los conflictos de intereses de Ecopetrol, sus políticas y controles de adjudicación de contratos, la exactitud de la documentación y si son compatibles con la obligación del emisor de mantener libros y registros precisos y controles contables adecuados”.
Para ahondar en esa posibilidad, además de la visita de enero para obtener información relevante, se ha pedido que al menos una veintena de funcionarios de alto nivel estén a disposición del personal de Covington & Burling para lo que sea menester. En este sentido, a algunos les ha llegado una comunicación bajo el título ‘retención documentación física y electrónica’.
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“En atención a las verificaciones que adelanta de manera independiente el asesor externo de la Junta Directiva Covington & Burling LLP, en relación con los asuntos derivados del informe Control Risks y con las alegaciones realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, es necesario conservar íntegramente la documentación física y electrónica de las personas citadas a continuación con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en la normativa legal, laboral, contractual y de orden interno”, se lee en una circular.
Y se advierte que no se pueda alterar, borrar o destruir cualquier tipo de información relacionada con los asuntos mencionados.
¿Qué avances han tenido los abogados? ¿Por qué se aumentó el valor del contrato? ¿Qué información se ha entregado sobre Ecopetrol y sobre su presidente?
Estas fueron algunas de las preguntas que este diario le elevó de manera oficial a Ecopetrol.
‘Es tema confidencial’
Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa. Foto:Archivo particular
Pero tras señalar que desde la oficina de cumplimiento advirtieron que se trata de un tema confidencial y reservado, se negaron a entregar datos. De hecho, aseguraron que si bien respetan la libertad de prensa, “el medio no debe cohonestar las formas ilegales de obtención de información confidencial de Ecopetrol”.
“La Junta Directiva de Ecopetrol tiene como consultor especializado a la firma Covington & Bourling (sic) conforme con las exigencias de revelación de información contable y financiera bajo la Ley SOX y ante autoridades en Estados Unidos como la SEC, PCAOB, entre otras. Esta práctica ha sido usual desde 2008 y no es la primera vez que la Junta cuenta con estos servicios técnicos especializados. En años anteriores se ha contado con otras firmas de igual prestigio”, explicaron.
Y agregaron: “La información contractual con este consultor es expresa y puntualmente confidencial, reservada y clasificada y no debe ser revelada conforme con la ley colombiana y de Estados Unidos. La revelación de información sin la autorización legal respectiva acarreará sanciones e indemnizaciones económicas en el plano nacional e internacional por parte del consultor afectado”.
Y advirtieron: “Ecopetrol respeta la libertad de prensa e información, pero el medio no debe cohonestar las formas ilegales de obtención de información confidencial de Ecopetrol en su condición de comerciante máxime si no cuenta con la debida, previa y formal autorización para ser divulgada. De hacerlo, podrá ser objeto de acciones de responsabilidad del caso”.
A pesar del hermetismo y advertencias, se espera que los nuevos de junta puedan acceder a la información sobre el millonario contrato y el país conozca los resultados de esa inversión y las razones por las cuales su precio se elevó. Además, por qué todos los temas a tratar partieron de investigaciones periodísticas y de la denuncia de un ministro y no de los controles internos de Ecopetrol.
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