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Investigación
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La oficina en Bogotá que rastrean por turbio envío de militares (r) a Sudán que están desaparecidos o muertos
El Ejército de ese país, en el norte de África, dice que mató a 22 connacionales en ataque con drones. Hay 300 desaparecidos.
Estos son algunos de los documentos de los colombianos desaparecidos en Sudán. Foto: Archivo particular
Actualizado:
En árabe y en inglés, desde hace al menos una semana están apareciendo titulares de guerra en medios locales de Sudán (norte de África) que mencionan a Colombia.
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Informativos como el Brown Land News, de la capital, Jartum, aseguran que sus “valientes del Ejército” han empezado a asesinar a mercenarios suramericanos “con sus amos de Emiratos Árabes”. Pero el dato más inquietante lo dio el viernes pasado un portavoz militar que afirmó que tras un ataque con drones habían matado a 22 colombianos.
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Cerca al Parque de la 93
Este es uno de los documentos encontrados en Sudán. Foto:Archivo particular
Días atrás se informó que en un campo minado encontraron documentos de un hombre oriundo de Palestina. Y aunque inicialmente se creyó que podría venir de la Franja de Gaza, resultó ser el municipio ubicado en el norte de Caldas (Colombia).
Este diario conoció otro caso de un exmilitar colombiano que fue dado de baja en Sudán. Se trata de Diego Hernández Benavides, cuya familia está a la espera de el cuerpo se repatriado.
Las primeras alertas sobre la participación de antiguos militares connacionales en la guerra civil que se libra en Sudán llevaron al presidente Gustavo Petro a dar una declaración contundente: “El mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente. Le solicito a la Cancillería buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados”.
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EL TIEMPO investigó y estableció que de manera paralela se inició una indagación para saber cuál es la ruta por la que están saliendo decenas de militares (r) colombianos hacia esa región y su legalidad. Se habla de que hay cerca de 300 desaparecidos.
La oferta que se les hace es de 5.000 dólares mensuales para militares entrenados en fuerzas especiales y diez mil dólares para los que tienen experticia en manejo de drones.
Dubái-Libia-Sudán
Christian Lombana Moncayo, uno de los exmilitares desaparecido en Sudán, publicó varias fotos en Dubái. Foto:Archivo particular
Aunque hay una especie de pacto de silencio entre allegados a los uniformados que andan preguntando por el paradero de los colombianos, y contratos con cláusulas de confidencialidad, EL TIEMPO tuvo a un informe preliminar sobre el caso y en varios testimonios se menciona a una misma empresa: International Services Agency SAS.
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Este diario ubicó su sede en una lujosa oficina a tres cuadras del Parque de la 93, norte de Bogotá, y si bien en la recepción del edificio manifestaron que sus es llevaban cuatro días sin ir, en menos de dos horas llegaron a preguntar por ellos al menos 2 exoficiales del Ejército y la familiar de otro más.
Según le dijeron a EL TIEMPO, iban a entregar documentos de militares retirados que ya habían viajado a Dubái o que estaban próximos a subirse a un avión para moverse hasta los Emiratos Árabes a cumplir labores de vigilancia y escolta para clientes VIP.
Investigadores le dijeron a EL TIEMPO que ya tienen documentados varios casos en los que los colombianos son movidos primero a Dubái, luego a Libia y después trasladados ilegalmente por tierra hasta Sudán para integrar las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que se enfrentan al Ejército local.
EL TIEMPO también conoció un entramado de sociedades en Panamá, Colombia y Dubái por donde se estaría moviendo el dinero para pagos de mercenarios.
El ejército de Sudán confirmó la baja de 22 mercenarios colombianos. Foto:EFE
Testigos aseguran que después de que estalló el escándalo sobre la exportación de mercenarios a Sudán, empezaron a girarle 5.000 dólares que tenían atrasados en pagos a cada uno de los militares retirados para que no hablaran.
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Para realizar los pagos de la nómina de los reclutados se utiliza la empresa Maine Global Corp SAS, ubicada en Bogotá. Se está verificando si esta recibe giros desde Panamá de la empresa Global Staffing S. A., como afirman clientes de la empresa. En esta última, según registros del istmo, aparece Claudia Viviana Oliveros como representante legal, la misma de la oficina en la 93.
EL TIEMPO se comunicó con la empresa Maine Global Corp, pero quien contestó el teléfono dijo que no podía dar declaraciones.
Ángel y el investigador
Autoridades tratan de establecer quién está detrás de la firma Global Security Service Group, con sede en Emiratos Árabes, señalada de ser la responsable del requerimiento de mercenarios colombianos. Foto:Archivo particular
Las indagaciones desde Colombia también buscan establecer quién está detrás de la empresa Global Security Service Group, con sede en los Emiratos Árabes, a quien señalan de ser la responsable del requerimiento de mercenarios colombianos y también españoles.
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Pero, por ahora, el único que ha hablado del reclutamiento de militares retirados colombianos para la guerra civil en Sudán es el socio fundador de la empresa del Parque de la 93. Su nombre es Ómar Antonio Rodríguez, quien desde el viernes habló con EL TIEMPO sobre lo que está ocurriendo.
“Abrí la empresa luego de pasar 2 años prestando servicio en una firma de seguridad privada en los Emiratos Árabes. Cuando regresé a Colombia, busqué crear un negocio similar para que más personas tuviesen la oportunidad que yo tuve”, aseguró Rodríguez.
Además, explicó que para el momento de la constitución necesitaba una resolución de funcionamiento emitida por la Unidad de Servicio Público de Empleo y que tuvo que pagar una póliza de 100 salarios mínimos. Ese documento le daba a la empresa el aval para prestar servicios de intermediación laboral como agencia transnacional.
Las verificaciones
Diego Edinson Hernández Benavides, exmilitar colombiano asesinado en Sudán. Foto:Archivo particular
“Enviábamos personal de seguridad a los Emiratos Árabes, con los papeles legales. Pero en septiembre de 2022 yo vendí la empresa a Claudia Viviana Oliveros, quien ahora es accionista y representante legal de la compañía”, dijo el exoficial.
Y agregó que en el negocio también está el coronel retirado Álvaro Quijano, esposo de Oliveros y a quien EL TIEMPO mencionó en 2007 dentro de una investigación en las filas del Ejército por la supuesta infiltración de la mafia del norte del Valle.
Sobre el oficial Ángel asegura que es el enlace del reclutamiento. Y advierte que está listo a explicar que mientras él operó la empresa tenía el certificado requerido para enviar personal al exterior.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de ELTIEMPO)
“La Unidad istrativa del Servicio Público de Empleo me expidió el certificado de operación con vigencia hasta julio de 2024. En un derecho de petición, la entidad me respondió que hoy la empresa está operando sin ese requerimiento”, aseguró el mayor (r).
EL TIEMPO llamó A claudia Oliveros para preguntarle por las denuncias de algunos familiares sobre presuntos incumplimientos de los acuerdos laborales y las dudas del gobierno Petro sobre la legalidad de los envíos de uniformados como mercenarios a guerras en África. Pero al cierre de esta edición no habían respondido.
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DETRÁS DE LA NOTICIA
EL TIEMPO se ó con el anterior representante legal de la empresa señalada de enviar exmilitares colombianos a Dubái, donde eran reclutados como mercenarios para ser transportados a Sudán y combatir en la guerra civil de ese país. Se trata de la empresa Global Security Service Group, con sede en Emiratos Árabes. La investigación se realizó en Bogotá, Colombia
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