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Las dudas y recomendaciones sobre la reforma de la salud que tienen los médicos

La Academia Nacional de Medicina y 14 organizaciones médicas señalaron sus dudas sobre la reforma.

PERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD20.02.2023 17:01 Actualizado: 21.02.2023 10:12

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Tras una semana de haber sido presentado el proyecto de reforma de la salud por parte de la ministra de Salud, Carolina Corcho, expertos, académicos y estudiosos del sector han empezado a presentar su dudas tras haber analizado el proyecto a profundidad.

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Organizaciones de médicos

Entre ellos, las 14 organizaciones de médicos y profesionales de la salud que hacen parte de los acuerdos fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la normativa que impulsó el desarrollo de la reforma.

"Después de casi 30 años de la aprobación de la Ley 100 el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) necesita de una reforma que permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental, como lo establece la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, la cual consideramos como el eje central para el desarrollo de cualquier reforma; en ese contexto, el SGSSS y todo lo que el Estado disponga para materializar el derecho a la salud, deberá incorporarse al Sistema Nacional de Salud", señalaron las organzaciones.

Entre los puntos que comparten las 14 organizaciones con el Gobierno están el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, así como la necesidad de dar solución a las inequidades, en especial en las zonas con población dispersa.

De igual forma resaltan la conformación del Consejo Nacional de Salud, aunque consideran que para ser más operativo debería tener un número menor de consejeros y que se reevalúe su conformación; igualmente, la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud.

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Otros puntos en los que coinciden es en el de la reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud, el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas.

Sin embargo, las organizaciones resaltan que tras haber leído y estudiado a profundidad la reforma les surgen un conjunto de duras advertencias sobre los problemas que acarrearía la reforma si se aprueba tal cual como está planteada:

La proliferación de entidades con funciones superpuestas: 3 nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de 3 ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a 6 entidades por cada territorio (más de 60) que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, entre otras actividades. "Por lo que no solo advertimos colisión de competencias, sino riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos", señalaron.
"Si bien pensamos que la Adres debe universalizar el giro directo a los prestadores, consideramos que esta entidad no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones, además de algunas de las actividades que desarrollan las actuales EPS, lo cual afectaría la prestación del servicio y, por ende, al derecho fundamental a la salud", puntualizan.
Con la propuesta de crear 7 redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas en los territorios, se advierte riesgo de fragmentación, nuevas barreras de y afectación en la integralidad de la atención.
No están claros cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria (Capirs) que se propone adecuar o construir, más la constitución y puesta en marcha de cerca de 20.000 equipos médicos interdisciplinarios.
Los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT propuestos. "Además, para quienes están en proceso de formación como especialistas, su desplazamiento a zonas periféricas con este fin no consulta lo objetivos del sistema nacional de residencias médicas y la autonomía universitaria, dado que las prácticas formativas en lugares sin infraestructura, ni supervisión docente, no son convenientes", destacan.
Si bien se propone formalizar a los trabajadores de las categorías operativas (42.784) y apoyo (85.859), iniciando por niveles de atención, a un costo estimado de $9 billones para los primeros 4 años, no se precisan las fuentes para la sostenibilidad de tal incorporación en el largo plazo.
La Corte Constitucional en su sentencia C-756 de 2008 estableció que la regulación del núcleo esencial de los derechos a ejercer la profesión y el trabajo de los profesionales de la salud debe ser materia de ley estatutaria, el artículo 130 de la reforma de la salud que se ha presentado como ley ordinaria, establece la recertificación de los trabajadores de salud como obligatoria.
El artículo 134, plantea comités de autorregulación médica en las IPS, en las cuales se incluyen otros profesionales, comités de temas financieros, y otros más, vulnerando el principio mismo de la autorregulación que debe ser por pares profesionales.
"Advertimos que las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII del proyecto de ley, además de carecer de unidad de materia, desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos – disciplinarios para los profesionales de la salud", señalan.
Se establecen nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia científica global.
No se expresa un periodo definido de transición, lo que genera incertidumbre entre los actores y la población.
Se evidencia un desestimulo en los trabajadores independientes con capacidad de pago que le hace daño al sistema: "Al no existir afiliación, no existe motivación para el trabajador independiente, pudiente o no, de pagar por la salud, si de todas formas puede adscribirse a un Capirs y adquiere el derecho al Plan de Beneficios", destacan.
No hay cifras totales de los recursos que requerirá el Sistema en los próximos años, incluido un plan financiero que defina fuentes y garantice sostenibilidad.
De aprobarse las facultades extraordinarias solicitadas en el artículo 151 del proyecto de ley de reforma, debería definirse con mayor precisión su destinación, y establecerse directrices y límites precisos, para que no se interprete como una “carta blanca” que sustituya el poder legislativo del Congreso y la facultad reglamentaria del MSPS.

"Se considera indispensable que se agote un análisis previo y de fondo sobre la naturaleza del proyecto, con el fin de evitar errores de forma que comprometan la viabilidad de la iniciativa. Superado este debate, como representantes de los médicos y profesionales de la salud, reiteramos nuestra voluntad de aportar experiencia y conocimiento para que el país, con sentido de conveniencia social y progresividad en el respeto al derecho fundamental a la salud, construyendo sobre lo construido, alcance el mejor Sistema de Salud posible, acorde con nuestras condiciones de desarrollo económico, político y social", destacaron los médicos.

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Reparos de la Academia Nacional de Medicina

Por su parte, la Academia Nacional de Medicina que funciona como órgano consultor del gobierno en asuntos de salud pública, aseguró que comparte el enfoque de atención primaria que se propone, anotando que el articulado se centra más en el primer nivel de atención que en la estrategia de atención primaria según Alma Ata, Carta de Ottawa y Declaración de Astana.

La Academia se identifica con la necesidad de garantizar el a los servicios de salud para la población más vulnerable, por lo que se debe fortalecer la red pública que, en la mayoría de los municipios del país, es la única que presta servicios de atención en salud. También está de acuerdo con el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores sanitarios.

La Academia destaca los logros alcanzados por el actual modelo de salud, en particular la protección financiera de los hogares gracias al principio de solidaridad que, entre otros indicadores, resulta en el bajo gasto de bolsillo de los hogares colombianos comparado con otros países del mundo.

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Y que, después de haber revisado y analizado el proyecto le pidieron al Congreso analizar varios puntos mayor claridad y señalaron sus comentarios sobre el tema, que son:

La conformación y operación de redes integrales e integradas de salud (RIIS) es un tema central, y la Academia considera que el proyecto de reforma debe precisar con mayor claridad la articulación de la atención primaria de salud entre el primer nivel de atención y la red de prestación de servicios de salud. Las RIIS deben estar enfocadas en evitar la fragmentación de la atención y en promover la capacidad resolutiva para las necesidades de salud de la población; lo que no se ve en el proyecto.
En un sistema de aseguramiento (comercial o social), el eje debe ser la gestión del riesgo (operativo, financiero y de salud). La Academia afirma que, si bien es cierto el riesgo financiero puede ser asumido por el Estado, los riesgos operativo y de salud en las áreas urbanas pueden continuar con un gestor o regulador que conforme una RIIS, y en las áreas más vulnerables, se implementen RIIS con amplio subsidio a la oferta con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud.
No es claro cómo será, ni cuánto tiempo tomará el proceso de transición entre el actual modelo de salud y el que se propone. "Se recomienda que, antes de su implementación, se hagan experiencias piloto para demostrar la utilidad, eficiencia y eficacia del plan propuesto, con el fin de evitar generalizar un proceso que al no tener la suficiente solidez, pueda fallar, afectando el derecho fundamental a la salud.", señalan.
Se van a modificar estructuralmente elementos claves del modelo y no está claro cómo se hará una adecuada planeación, organización, istración y ejecución de recursos (humanos, tecnológicos y financieros), no solo en el primer nivel sino en las RIIS que incluyen todos los niveles de atención en salud. Tampoco están claras las necesidades de los recursos financieros para la implementación del modelo propuesto.
El flujo de recursos (recaudo y pago), la gestión de riesgo, la afiliación/adscripción a entidades territoriales (centros de atención primaria) y la contratación del talento humano deben estar claramente definidos en el proceso de transición y puesta en marcha del modelo que se propone. Además, se deben establecer los mecanismos de vigilancia, auditoría y control del gasto mediante procedimientos apropiados que no son evidentes en el proyecto.
"Uno de los principales flagelos de nuestro sistema de salud ha sido la corrupción y la cooptación de las instituciones del sector salud por agentes ajenos y sin conocimiento del sector. En el mencionado proyecto de ley no se observan las estrategias rigurosas y transparentes establecidas para prevenir esta amenaza. Adicionalmente, pareciera que, en lugar de simplificar el sistema de salud, se hará más compleja su logística y operación", señalan.

"La Academia invita al Honorable Congreso de la República a convocar un diálogo amplio y participativo y un análisis cuidadoso del modelo propuesto, para que se garantice el derecho fundamental a la salud bajo los principios establecidos en el artículo sexto de la Ley Estatutaria de Salud, entre otros la progresividad del derecho, la sostenibilidad y la libre elección", señaló la organización.

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