¿Quiénes son los firmantes asesinados por el Eln en medio de su escalada violenta en el Catatumbo?

La imagen de Pedro Nel Angarita Ascanio tirado boca abajo en una calle de Teorama y con varios impactos de bala en su cuerpo mientras sus compañeros de la empresa de servicios públicos del municipio observan, es el duro reflejo de la cruz que persigue a los firmantes del acuerdo de paz de 2016, quienes, pese a abandonar la lucha armada y comprometerse con proyectos productivos, hoy son el blanco de la violenta escalada emprendida por el Eln en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

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El de Angarita Ascanio es el último de una serie de asesinatos cometidos por esa guerrilla en el nororiente del país, zona que hoy es territorio de disputa de los grupos armados al margen de la ley. El excombatiente, a diferencia de muchos de sus excompañeros en armas que apostaron por proyectos productivos, había optado por conseguir un empleo formal como recolector de basuras en la Empresa Aguas de Teorama.

El crimen del firmante de paz ocurrió la mañana de este martes 21 de enero en el barrio San Antonio, cuando este se movilizaba en un camión de recolección de residuos, mismo vehículo en el que se montaba cada mañana para cumplir su jornada. Según los primeros reportes, el excombatiente, que también se había desempeñado como vicepresidente de la Cooperativa Multiactiva de Reincorporación y Paz (Reincorpaz), fue bajado del vehículo y asesinado frente a sus colegas.

Las recientes declaraciones del Frente de Guerra Nororiental del Eln, en las que acusan sin pruebas a los excombatientes de colaborar con el frente 33 de las disidencias de las Farc, amenazan con agravar aún más la situación. La cifra de crímenes contra excombatientes desde 2016 asciende a 446, y aunque eso representa el dato más bajo desde la desmovilización de las Farc, de Comunes, como Pastor Alape, consideran estos hechos como el germen de un posible genocidio.

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Este año, según datos de Indepaz, la cifra de crímenes contra excombatientes se ha elevado a ocho casos, de los cuales más de la mitad ocurrieron tras la violenta escalada del Eln en Norte de Santander, en el marco de su guerra por el control de la frontera con las disidencias de las Farc.

El primer crimen ocurrió en la mañana del 16 de enero en la vereda Buenos Aires, corregimiento de Filo Gringo, en la zona rural del municipio del Tarra. Allí, de acuerdo con información del Observatorio de Paz (Pazes), Pedro Rodríguez Mejía, conocido como Iván Carrascal en su comunidad, fue asesinado en su vivienda.

Este firmante había realizado el proceso de dejación de armas en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación El Negro Eliécer Gaitán, ubicado en la verada Caño Indio, Tibú (Norte de Santander), y actualmente avanzaba en su proceso de reincorporación.

En ese mismo ETCR, que recibió a varios firmantes del extinto frente 33 de las Farc y en donde se adelantan proyectos productivos de ganadería y confección, Jhan Carlos Carvajalino Quintero realizó su tránsito hacia la vida civil. El firmante, según Indepaz, fue sacado de su vivienda a la fuerza por hombres armados en la mañana del 16 de enero.

El excombatiente, que vivía en la vereda La Libertad, a 15 minutos del corregimiento de Trinidad, en Convención, había suscrito su acta de compromiso y sometimiento ante la JEP en abril del 2018, razón por la cual había recibido el beneficio de amnistía istrativa. Su cuerpo fue encontrado sin vida horas después de su secuestro.

A tan solo 6 kilómetros del lugar en donde fue encontrado Carvajalino Quintero, en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, fueron asesinados Albeiro Díaz Franco y Jhon Freddy Carrascal. Los firmantes, que también se establecieron en Caño Indio tras abandonar la guerra y comprometerse con el acuerdo de paz, fueron sacados de sus viviendas.

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Además de estos cinco firmantes asesinados, la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller, señaló que 11 más fueron secuestrados por el Eln y hoy se desconoce su paradero. Entre los retenidos, según el último reporte de Pazes, aparecen los nombres de José Enrique Urbina, residente de Convención; Yovany Plata, firmante que vive en Teorama; y Willinton Alfonso Durán.

En esta región del país, según datos de esa entidad, vivían hasta el jueves 464 excombatientes, varios de ellos vinculados a proyectos productivos. Tras la violenta arremetida del Eln y de las disidencias, 102 tuvieron que salir de la zona.

Uno de los firmantes que tuvo que salir de la región fue Álvaro Pérez, quien en un video publicado en sus redes sociales narró el drama que vive por cuenta de las amenazas del Eln. “Hace cuatro días llegó un grupo armado a mi casa, me sacaron de mi casa y no me quedó otra que buscar la montaña para refugiarme. Como lo decía en mi vereda, en la Junta de Acción Comunal, ser firmante de paz me ha traído muchos problemas. Les pido ayuda a la ONU, a la alcaldía y a las demás autoridades”, contó.

Incluso, hay al menos cinco firmantes que hoy se recuperan de heridas provocadas por el Eln mientras intentaban huir: dos en La Gabarra y el resto en Tibú, Teorama y el Tarra.

“Estamos trabajando en una ayuda humanitaria para el ETCR de Caño Indio. Allí, gracias también a que se ha constituido en un albergue humanitario, se está apoyando a muchas veredas alrededor y tenemos ya 718 personas, más de 200 menores de 15 años, que deben ser atendidos de manera urgente”, señaló Miller.

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La funcionaria añadió que en este espacio tienen camas, implementos de aseo y comida para las familias desplazadas y para atender a los firmantes de paz. “Es un lugar tranquilo, digno y seguro para que los firmantes y las firmantes se sientan tranquilos, acompañados y sobre todo con un apoyo emocional por parte de los equipos de trabajo”, dijo Miller.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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