Ante la ONU, Gobierno de Colombia dice que ‘no descansará’ hasta llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes en el Catatumbo

En un contexto marcado por la crisis humanitaria y la violencia desatada por el Eln en la región del Catatumbo, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presenta este miércoles en Nueva York, ante el Consejo de Seguridad de ese organismo, el informe trimestral sobre la paz en el país, un documento que da cuenta del crudo panorama que se vive en varias regiones del país por cuenta del accionar de los grupos armados y en el que insisten en la necesidad de hacer mayores esfuerzos para avanzar en la implementación del acuerdo de paz de 2016.

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“Me entristecen profundamente las acciones que han ensangrentado la remota región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, desde finales de la semana pasada, cobrando decenas de vidas de civiles, entre ellas las de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, así como líderes locales y de las comunidades. Según numerosos informes, muchas de las víctimas fueron seleccionadas y asesinadas individualmente”, señaló Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación, el primero en tomar la palabra. 

Ruiz Massieu compartió con el Consejo de Seguridad la decisión del gobierno de Gustavo Petro de suspender los diálogos con la guerrilla y dio detalles sobre la confrontación armada entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc. “(...) compiten por el control de economías ilegales. Condeno los asesinatos –que constituyen un ataque contra la paz en sí misma– y hago un nuevo llamado para que los grupos armados cesen toda acción que ponga en riesgo a la población civil, incluyendo a líderes y lideresas comunitarias, y a firmantes de paz. Pido además a los grupos armados que permitan el sin impedimentos del personal de respuesta humanitaria”, agregó.

En ese sentido, el jefe de la misión manifestó que se requiere la presencia decidida del Estado en este y otros territorios. “El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia, que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social. La implementación del Acuerdo de Paz es más central que nunca para encontrar soluciones duraderas que prevengan y resuelvan las causas del conflicto armado”, añadió Ruiz Massieu. 

Asimismo, señaló que “los últimos acontecimientos en el Catatumbo nos demuestran que toda violencia contra civiles es inaceptable y puede ser devastadora no sólo para las víctimas, sino también para el propio entorno de las conversaciones de paz. La violencia erosiona la confianza y la legitimidad entre las partes, las comunidades y la opinión pública en general, que son esenciales para el éxito de cualquier proceso de paz”. 

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Luego, se refirió a los otros procesos de negociación que adelanta el Gobierno y transmitió la preocupación que existe en varios sectores sobre estos espacios de diálogo. “Los momentos de crisis también son momentos de oportunidad. Desde hace algún tiempo ha habido llamados desde varios sectores que piden, por un lado, que los actores armados deben respetar el DIH y que, por otro lado, los esfuerzos de diálogo deberían venir acompañados de estrategias de seguridad efectivas que se centren en la protección de las comunidades. Estoy seguro de que el Gobierno está analizando estos llamados”, concluyó.

Si bien Ruiz Massieu destacó el “firme compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo de Paz”, señaló que traducir ese “deseo” en progreso dependerá, en gran parte, de la voluntad política y de que se establezcan objetivos y prioridades claras durante este Gobierno. 

“El éxito del plan de choque del Ministerio del Interior, dirigido a acelerar la implementación, dependerá directamente de la disponibilidad de recursos para cumplir, por ejemplo, su promesa de dar mayor rapidez a los proyectos de desarrollo e infraestructura en las regiones priorizadas en el Acuerdo de Paz, bajo los “pactos territoriales” recientemente establecidos”, señaló.

Además, manifestó que es fundamental avanzar en temas prioritarios del acuerdo como la reforma rural, asunto en el que dicen, las metas establecidas aún son lejanas. En el documento indican que la adjudicación de tierras se sitúa en el 5,7 % del objetivo de tres millones de hectáreas establecido para 2028. Además, que la formalización de la tenencia de la tierra va por el 43,8 % del objetivo de siete millones de hectáreas.

También hicieron un llamado para avanzar en dos de los temas más rezagados: el capítulo étnico y las disposiciones de género. “Con demasiada frecuencia, son las principales víctimas de la violencia que sigue asolando las zonas rurales de Colombia. Por ejemplo, los pueblos Bari y Yukpa se encuentran entre las poblaciones afectadas por la violencia que está teniendo lugar en el Catatumbo”, añadió.

“Es la crisis humanitaria más grande que sufrimos en Colombia desde que firmamos el acuerdo”. Con esta frase dio inicio la intervención de Diego Tovar, conocido como Federico Montes y quien es integrante de la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI). El vocero de los excombatientes ante la comunidad internacional le hizo un duro reclamo al gobierno de Gustavo Petro, a quien le pidió escuchar y tener en cuenta la voz de quienes se comprometieron con el acuerdo.

“Hemos apoyado desde el inicio la importancia del diálogo como eje central en la construcción de paz y como una oportunidad histórica para profundizar estos anhelos de la sociedad colombiana; sin embargo, en cualquier proceso de diálogo, se debe garantizar la seguridad de la población civil. Como lo alertamos desde hace dos años, la paz total debe implementar los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que desarrolla las medidas de seguridad previstas en el Acuerdo”, agregó Tovar.

El delegado de los firmantes también cuestionó al Gobierno por la poca información recibida sobre el plan de choque presentado por el Ministerio del Interior hace tres meses ante el Consejo de Seguridad.

“El plan de choque, cuyo nombre mismo refleja su carácter de urgencia, fue presentado al Consejo hace tres meses con el objetivo principal de recuperar la coordinación interinstitucional pérdida bajo esta istración, vinculando las entidades e instancias creadas para tal propósito, como la CSIVI, la Instancia Étnica y la Instancia de Mujeres. El plan hoy se encuentra sin producir los resultados que se anunciaron. Nosotros, Alta Parte Contratante, no tenemos noticias de sus objetivos, su progreso y mecanismos de ejecución”, señaló.

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De hecho, Tovar señaló que es esta incertidumbre frente a la estrategia la que les hace dudar si el Gobierno tendrá la capacidad de cumplir con los objetivos del Plan Marco de Implementación. “A 8 años, el proceso de reincorporación sigue precario. Su no implementación y las persistentes acciones violentas, llevó a que el 80 por ciento de los signatarios se hayan desplazado de sus Espacios Territoriales”, manifestó.

El último en intervenir durante la sesión del Consejo de Seguridad fue el canciller Luis Gilberto Murillo, quien agradeció la extensión del mandato para verificar la implementación de la paz en Colombia y condenó las acciones de los grupos armados en la región del Catatumbo.

“Con la indignación de quien rechaza los crímenes de guerra, de lesa humanidad, perpetrados por el Eln y las disidencias del frente 33 de las disidencias de las Farc. El asesinato de firmantes es inaceptable, el Gobierno de Colombia no descansará hasta llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos de violencia y contra la población civil”, señaló el canciller, quien, además, pidio acompañar una posible aspiración de Colombia para integrar en el futuro el organismo.

El canciller comunicó la decisión de suspender los diálogos y pidió a la comunidad internacional respaldar esta decisión. “La paz exige reciprocidad. Siempre estaremos dispuestos a la búsqueda la paz por la vía del diálogo, pero la paz es un camino de doble vía que demanda hechos de todas las partes en negociación”, añadió. 

Con respecto al plan de choque, cuestionado por los ex-Farc, reconoció los obstáculos del Gobierno para avanzar, pero manifestó que la implementación sigue siendo la “piedra angular” de la política de paz de esta istración.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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