¿Qué busca el presidente Petro al suspender operaciones contra disidencias de ‘Calarcá’ tras no extender la tregua?

En menos de 24 horas, el presidente Gustavo Petro pasó de dar por finalizada la tregua con el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) -disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá- a emitir un decreto mediante el cual ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y de Policía contra esta estructura armada. Se trata de una medida que, en la práctica, funciona como un cese del fuego, y que ilustra con claridad las contradicciones y tensiones que atraviesa la política de ‘paz total’ de su istración. “Que sea la paz”, escribió el jefe de Estado al compartir el documento en su cuenta de X a la medianoche del Jueves Santo.

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Esta medida, que se asemeja a los ceses unilaterales al fuego decretados al inicio del Gobierno con otros cinco grupos armados (Eln, Estado Mayor Central, clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Autodefensas de la Sierra Nevada), estará vigente hasta las 24:00 horas del 18 de mayo de 2025. Además, tal como lo indica el Decreto 448 de 2025, la suspensión de operaciones no significa que la Fuerza Pública dejará de cumplir sus misiones constitucionales, sino que se evitarán acciones ofensivas directas contra las disidencias durante el tiempo establecido.

Aunque el mandatario no explicó públicamente por qué revirtió su decisión inicial de finalizar la tregua, el contenido del decreto aclara los objetivos puntuales de la medida. El primero de ellos es garantizar las condiciones de seguridad y logísticas para facilitar el tránsito del Bloque Magdalena Medio hacia zonas de ubicación en el Catatumbo. Esta región de Norte de Santander vive desde hace 90 días una cruenta guerra entre el Frente 33 y el Eln, enfrentamientos que han generado desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades campesinas e indígenas y decenas de muertes.

“Es como una especie de, digamos, evitan llamarlos zonas de distensión, lo cual está muy bien, pero pensaría que lo que permite es que le dan un mes a esos grupos para que se dirijan a esas zonas de preagrupamiento y ubicación con el ánimo, imagino yo, de que esto vaya a un proceso de dejación de armas, destrucción de armas y reincorporación”, analizó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Este primer objetivo está directamente relacionado con la propuesta del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, quien ha propuesto que estas estructuras disidentes se concentren en una zona específica para facilitar su tránsito hacia la vida civil. De hecho, esta es una de las condiciones planteadas por el presidente Petro para considerar una eventual extensión de la suspensión de operaciones.

“Los frentes que dialogan tienen hasta el 18 de Mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, con Conpes pactados con la población civil para el desarrollo humano en dichos territorios y entrar a un proceso de paz avanzado”, señaló el mandatario en X.

El segundo objetivo, según lo establece el decreto, es contribuir a la ejecución de transformaciones territoriales que permitan fortalecer la producción agroalimentaria en regiones como Caquetá y Catatumbo. Estos compromisos fueron revalidados el pasado fin de semana en La Macarena (Meta) durante un encuentro entre comunidades, representantes del Gobierno y del grupo armado, y en esencia busca facilitar el tránsito de las economías ilícitas hacia las lícitas y la protección de la selva amazónica de la deforestación, entre otros aspectos.

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Finalmente, el decreto establece que el próximo 17 de mayo se presentarán los resultados y recomendaciones sobre esta medida de suspensión de operaciones. Esta evaluación estará a cargo de un equipo político conformado por el comisionado de paz, un delegado del Ministerio de Defensa, un representante de la Fuerza Pública y de la mesa de negociación. Será este grupo el encargado de analizar si la estructura armada muestra voluntad real de avanzar en el proceso de paz y si existen condiciones para prolongar el cese de hostilidades.

El anuncio, que tomó por sorpresa al país, deja ver varias lecturas posibles. Primero, que el presidente Petro busca enviar un mensaje directo tanto a su propia delegación negociadora como a la de el EMBF: si no hay avances concretos, no habrá nuevos acuerdos ni prolongaciones automáticas.

“La medida refleja un momento crítico del proceso de paz: el Gobierno evita romper completamente la tregua, pero expresa desconfianza por incumplimientos, hechos de violencia como los enfrentamientos del EMBF con el Eln, y preocupaciones por posibles fortalecimientos armados. (...) La prórroga breve funciona como un “periodo de prueba”, con presión sobre el EMBF para demostrar voluntad real de paz”, opinó Leonardo González Perafan, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en su cuenta de X.

Este nuevo episodio ocurre, además, en un contexto de desgaste progresivo de los ceses del fuego pactados por el Gobierno Petro. La tregua con las disidencias era la única que permanecía vigente dentro del marco de la ‘paz total’, ya que las demás habían sido suspendidas por razones similares: violaciones reiteradas, falta de verificación efectiva por parte de los mecanismos de monitoreo y ausencia de resultados concretos más allá de la mera reducción de enfrentamientos.

No obstante, ese panorama de escepticismo no ha impedido que diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insistan en la necesidad de mantener el cese del fuego. “Durante los meses de vigencia del cese del fuego, si bien persistieron tensiones y situaciones que exigen atención inmediata, también se registraron mejoras significativas en la movilidad, una reducción de hostilidades y avances en la interlocución entre las comunidades, el Estados y lo actores armados”, se lee en un comunicado publicado por seis plataformas de derechos humanos del Catatumbo.

El segundo mensaje que envía el presidente Petro con esta decisión va dirigido a los demás grupos armados que actualmente participan en negociaciones de paz. A todos ellos les ha insistido en la necesidad de establecer zonas de concentración y mostrar avances concretos hacia la paz. En este contexto, la reciente detención de Geovany Andrés Rojas, alias Araña -cabecilla de los Comandos de la Frontera-, y el visto bueno para la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH -jefe del Frente Comuneros del Sur-, han puesto en entredicho dos de los procesos que, en la práctica, tienen más avances.

Sin embargo, el mensaje del presidente es claro: sin resultados reales, no habrá gestos de respaldo institucional. EL TIEMPO conoció que esta posición ya fue comunicada a los jefes de las delegaciones en conversaciones privadas y ha sido reiterada en espacios públicos.

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La postura del Ejecutivo parece ser la de condicionar cualquier beneficio -incluido el freno a la extradición o la suspensión de operaciones- a compromisos verificables y al cumplimiento de mínimos esenciales como el respeto a la población civil y el desmonte de economías ligadas a la coca.

“La política de extradición dependerá de entrar en procesos avanzados de paz. He solicitado a la Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz. La protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz”, escribió este viernes en su cuenta de X.

La gran incógnita ahora es si las disidencias de Calarcá -al igual que los demás grupos armados en diálogos de paz- estarán dispuestas a ceder frente a la propuesta del Gobierno de ubicarse en zonas de concentración, si, incluso en ausencia de una tregua formal, respetarán los límites del derecho internacional humanitario o, si por el contrario, tomarán el camino de las disidencias de Iván Mordisco, cuyas acciones terroristas en Semana Santa dejan dos muertos y más de 24 heridos en Cauca y Huila.

CAMILO A. CASTILLO

Redacción Política

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