Los otros temas que generan preocupación en la negociación con la ‘Segunda Marquetalia’ además del debate jurídico sobre ‘Márquez’

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En primer lugar, el punto 8 del acuerdo formal para el inicio de las negociaciones dice que la ‘Segunda Marquetalia’ manifestará en la mesa “sus razones” para el alzamiento armado y anticipan que la base de su argumento será los incumplimientos y los supuestos entrampamientos al acuerdo de paz de 2016. Aunque en el documento, la delegación de Gobierno no se compromete con dicha tesis, lo cierto es que desde mucho antes de que se hablara siquiera de una mesa con ese grupo desertor, esa teoría ya había sido comprada por el Ejecutivo.

De hecho, en abril del año pasado, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad, el entonces canciller Álvaro Leyva pidió la creación de una comisión para investigar lo que él y el presidente Gustavo Petro llamaron "el entrampamiento a la paz", pedido que fue aceptado por el organismo y que derivó en la llegada al país de Antonia Urrejola.

Los comentarios alrededor del supuesto entrampamiento en la justicia transicional hacen parte del capítulo que involucró a Seuxis Pausias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’. Al exjefe de las Farc varios sectores lo consideraban inocente de los delitos vinculados al narcotráfico por los que Estados Unidos —hecho que el Departamento de Justicia de ese país desmintió— había emitido una orden de extradición.

Esto posteriormente generó una denuncia de la JEP contra exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación “por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento del material probatorio en 2018, durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de las Farc conocido como ‘Jesús Santrich’, quien volvió a las armas”.

El resultado de la jugada del Gobierno se dio a conocer en marzo de este año cuando Urrejola presentó su informe final de hallazgos, en el cual descartó el entrampamiento, pero sí mencionó seis obstáculos para el cumplimiento del acuerdo, incluido un punto en el que se refiere a un "uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana" en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional que generó “una desconfianza de parte de las personas firmantes sobre cómo estaban operando las instituciones”.

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“No concluyo que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento”, dijo Urrejola en su informe.

Con este contexto, la primera pregunta que surge es cómo hará el Gobierno para justificar una negociación política que se basa únicamente en una tesis de desertores del Acuerdo de Paz y que ya fue desvirtuada por las Naciones Unidas.

Para Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz, este argumento será la base de la negociación porque le conviene a ambas partes.

“En la medida que los argumentos que expone ‘Márquez’ se solidifiquen en la negociación, habrá mayores prebendas para ellos. Además, del lado del Gobierno es importante que el argumento cale a nivel institucional porque es la única salida que hay en términos jurídicos. Esto implica que dentro de la institucionalidad se pueda dar una pelea alrededor de esta tesis para así poderlos incluir en el marco del proceso y dentro de la JEP”, opinó el analista.

Como indica la base jurídica de la JEP, la Ley 1957 de 2019, quienes firmaron los compromisos de La Habana y luego abandonaron el proceso, no podrán recibir beneficios del acuerdo ni tener cabida en la justicia transicional.

Sin embargo, Cajiao apunta a que el Gobierno tomará la línea menuda del informe de Urrejola para sustentar su argumento. “En el informe no se habla de entrampamiento, eso es claro y particularmente me parece acertado, se habla de que es necesario dar inicio a un proceso judicial y una investigación más profunda, pero ahí también se habla de obstáculos, y esa es la puerta abierta que seguramente ve el Gobierno para no ceder”, agregó.

Otra visión tiene Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia, quien, pese a que sostiene que en términos jurídicos sostenerse en este argumento es la única salida, prevé que el Ejecutivo buscará otra forma para sacar adelante la negociación.

“El abecé de los acuerdos establece que son desertores, eso no va a cambiar. ‘Márquez’ lo sabe y va a buscar presionar y eso puede que termine en un proceso que conlleve una discusión sobre una nueva JEP o un tribunal especial y ahí es donde veremos el tesón del Gobierno”, agregó. 

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También se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la constituyente, tema que impulsa el excanciller Leyva a través de una interpretación del acuerdo de paz que ha sido desvirtuada por los mismos negociadores, pero que parece tener cabido en esta mesa.

“Este proceso de paz se enmarca en los esfuerzos para llevar a cabo cambios y reformas democráticas para beneficio de la población, en la perspectiva de la solución política y la construcción de la paz, con prioridad en los territorios”, dice el primer punto del acuerdo, el cual ha sido interpretado por varios sectores como un llamado a esa constituyente.

A esto se le suma la declaración de ‘Márquez’ en video a principios de mayo, en la que manifestó su apoyo a las reformas sociales del Gobierno y a la Asamblea Constituyente.

“En este nuevo momento en que gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes, nadie, ninguno ni ninguna, debe quedarse de brazos cruzados. Levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes. (...) Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. Él es la legítima autoridad”, señaló el jefe guerrillero.

Frente a esto, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, señaló que, aunque el jefe guerrillero lo planteó, la postura del Gobierno es que ese tema no se va a llevar a la mesa. 

“Ellos querían que arrancáramos la mesa con la declaración de que las partes están convencidas de que este proceso debe desembocar en una asamblea constituyente, nosotros dijimos no. El acuerdo habla de un acuerdo político, pero eso no necesariamente es una asamblea constituyente, lo cual resultaría contraproducente. En el acuerdo no se menciona ese aspecto”, dijo Novoa.

En las más recientes negociaciones de paz que concluyeron en una dejación de armas, las que se realizaron con las Farc en La Habana, la máxima era: ‘nada está acordado, hasta que todo esté acordado’. En este Gobierno, y bajo el manto de la política de ‘paz total’, la estrategia dio un vuelco y ahora se basa en aplicar e implementar lo que se va acordando. Así ha funcionado la negociación con el Eln y con las facciones de disidentes que continúan en el proceso de paz, y así quedó consignado en el acuerdo formal para el inicio de las negociaciones.

“Las partes se guiarán por el principio “acuerdo pactado, acuerdo cumplido”, que incluye el diseño, puesta en marcha, implementación y verificación de cumplimiento”, dice el punto 5 del documento.

Este modelo no ha escapado a las críticas, sobre todo porque varios de los espacios de construcción de los territorios de paz pueden darse mientras la ‘Segunda Marquetalia’ sigue empuñando las armas, algo que ya sucede en los procesos de participación con el Eln y en las transformaciones territoriales con el ‘Estado Mayor Central’, y que genera preocupación en varios sectores.

“Empezar a implementar temas como las transformaciones de los territorios en este contexto, sin dejación, también se puede convertir en un escenario de proselitismo armado complejo que puede desembocar en riesgos para la población y en enfrentamientos entre grupos armados”, agregó Cajiao. 

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Valencia también cree que ese riesgo es real, pero ve positivo que, justamente, el primer punto de la agenda de diálogos sea el desescalamiento del conflicto. “Lo que van a buscar es que paren los disparos, que haya un cese del fuego en los territorios y un cese de hostilidades contra la población. Eso quiere decir que esas transformaciones no se van a dar desde el primer día, un cese del fuego y de hostilidades no se regala, un cese se da a cambio de algo, y eso lleva tiempo”, añadió el analista.

Además, también hay dudas por el funcionamiento mismo del modelo y sobre lo que podría ocurrir si no se llega a un acuerdo final.

“Es un modelo que tiene oportunidades, pero también riesgos muy fuertes. Hemos visto que los gobiernos en general, incluso este, no han tenido la capacidad de implementar acuerdos sustanciales porque la institucionalidad no ha sido capaz de llegar a los territorios, y creo que en este contexto tampoco se logrará, será aún más difícil. Eso generará obstáculos, porque si no se cumple con lo que se va acordando, simplemente el proceso no avanza”, concluyó Cajiao.

REDACCIÓN POLÍTICA