Expropiación exprés: ¿Nueva ley de jurisdicción agraria que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro le abre la puerta a esta figura?

Antes de que el gobierno del presidente Gustavo Petro radicara en el Congreso de la República, este jueves 27 de agosto, la nueva ley ordinaria de jurisdicción agraria, varias voces del Capitolio advertían que este articulado le abría la puerta a la expropiación exprés, un viejo fantasma en este gobierno.

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Una de las primeras en lanzar la advertencia, a propósito de la presentación del último proyecto que falta para que entre en vigencia esta instancia clave para la reforma agraria, fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde. 

La congresista señaló en su cuenta de la red social X que "tal como me lo temía, quieren incluir la expropiación exprés".

Son varios artículos en los que, según la parlamentaria, quien es una de las voces más críticas con el Gobierno Nacional, le abren la puerta a esta figura que ha estado sonando en varias iniciativas impulsadas por la Casa de Nariño.

"El artículo 5, numeral 4, del proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?", se preguntó Miranda.

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Pero señala que lo más preocupante están en el parágrafo primero del artículo 12 del proyecto. "Allí se señala que los procedimientos especiales como los de expropiación, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras, una entidad istrativa, cuando hoy lo hace un Juez de la República", aseveró Miranda y añadió que eso es un mico. 

En la misma línea opinó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien dijo que el proyecto revive un "mico" que se intentó incluir en el Plan Nacional de Desarrollo en el cual se hablaba de que los procesos agrarios pasaran primero por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), algo que actualmente se resuelve en los juzgados. 

"Al pasar primero por un trámite istrativo ante la ANT, se prolongan los tiempos y se debilita a los propietarios. Eso, en esencia, es expropiación", advirtió Valencia. 

En la Casa de Nariño sabían que la radicación del proyecto iba a generar ruido y que los artículos señalados de abrirle la puerta a la expropiación exprés serán los temas más sensibles en los cuatro debates que deberá superar la iniciativa para convertirse en ley.

La primera en salir en defensa del proyecto y a aclarar las dudas alrededor de la posible expropiación exprés fue la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

"El proyecto de ley que radicamos es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. ¿De cual expropiación exprés hablan?", se preguntó la ministra en X.

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En el mismo sentido fue la intervención de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, durante la radicación del proyecto en el Capitolio.

"La Jurisdicción Agraria va a tener un trámite especial, particular y expedito, ojo con esto, no arbitrario, que significa garantizar un derecho convencional que es la posibilidad de acceder de manera rápida y ágil a la justicia. Se elaboran unos pasos que van a establecer el camino por el cual se materializa el derecho a la justicia agraria. De nada sirve la Ley Estatutaria y la Reforma Agraria que ya aprobamos si no hay una Ley Procesal que materialice esos derechos", aseveró la jefa de la cartera de Justicia.

Ye el mensaje fue reforzado por el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en respuesta a la congresista Miranda. 

"Esta es una de las opiniones con más carga de desconocimiento de las que escucho. ¿Cómo cree la representante que se construye actualmente el metro elevado o las troncales de Transmilenio que hicieron los alcaldes que ella misma apoyó?", señaló el jefe de Estado.

Desde la academia hay posiciones encontradas sobre el impacto del articulado. Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, advierte que son artículos peligrosos e inconvenientes.

"Abre las puertas para desestabilizar jurídicamente un sector tan importante y le atribuye facultades omnímodas al Estado central en perjuicio de la competencia de los jueces. Desde esa perspectiva, este proyecto desataca de manera abrupta el fallo de la Corte Constitucional emitido de manera reciente en el cual se declaraba inconstitucional el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo", aseguró el experto.

Mientras que Angela Serrano Zapata, doctora en Sociología y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, señala que las virtudes del proyecto son otras.

"El proyecto de ley agraria busca agrupar los procesos relacionados con tierras bajo jueces especializados. Propone que la expropiación siga siendo un proceso de varios pasos en el que la Agencia Nacional de Tierras realiza el estudio y los jueces toman la decisión final, igual que ahora. La diferencia es que las decisiones serán tomadas por jueces agrarios especializados en lugar de jueces generales.", aseveró la académica.

Y añadió: "Esto es especialmente importante en Colombia, donde la concentración de la tierra es muy alta: según Oxfam, el 81 por ciento de la tierra está concentrada en el 1 por ciento de las propiedades más grandes, lo que genera grandes desigualdades y conflictos en las zonas rurales. Tener jueces especializados permite abordar estos conflictos con mayor conocimiento y sensibilidad hacia las realidades del campo".

En eso coincide Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

"No la abre. Las instituciones del sector agrario necesitan herramientas rápidas para avanzar fines constitucionales y legales . El artículo 33 de la ley 160 de 1994 ya contempla algo parecido en materia de trámites para la expropiación si el propietario no acepta expresamente la oferta de compra o se presumiere su rechazo. Además en la acción de nulidad agraria, el juez evalúa si el acto istrativo en cuestión se ajusta a las normas legales aplicables. Si se determina que el acto es ilegal, el juez puede anularlo, lo que significa que el acto queda sin efectos legales".

Velásquez añadió, como contexto, que "en los Estados Unidos la Quinta Enmienda también contiene la Cláusula de Expropiación, que permite al gobierno federal tomar una propiedad privada para uso público si el gobierno proporciona una "compensación justa". Varios estados han desarrollado la norma para sus propios fines. Hay normas parecidas en países Europeos, entre otros. El espíritu es permitir la acción istrativa efectiva, bajo el supuesto de que habrá espacio judicial para ejercer la defensa de los derechos y obtener una compensación justa".

La polémica por la expropiación exprés no es nueva en este gobierno. Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el primer semestre del 2023 varias voces advirtieron que se estaba abriendo una puerta en ese sentido. Además, en agosto de ese mismo año un polémico decreto que preparaba el Ministerio de Agricultura prendió las alarmas. 

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El decreto, que se reglamentaba con el artículo 61 del Plan de Desarrollo, hablaba “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, algo que se traduce, según advirtieron gremios, congresistas y expertos en su momento, se traduce en una expropiación exprés.

“Según diversos análisis, desde el punto de vista jurídico genera serios cuestionamientos y riesgos que, más que contribuir a un adecuado ejercicio en la adquisición de tierras en la reforma rural integral, ponen en entredicho el respeto a derechos fundamentales”, aseveró en su momento José Félix Lafaurie.

Incluso la exministra de Agricultura Cecilia López publicó una columna en este diario advirtieron sobre los riesgos de que la ANT actuara como juez.

"Un análisis jurídico de esta reglamentación advierte que “la extinción es una figura que anula los derechos de propiedad por cuanto, su uso debe estar limitado solo a los casos más graves y claros de la violación de la función social y ecológica”. Otra preocupación se refiere a la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras que tiene funciones istrativas asuma funciones judiciales. ¿En este caso dicha Agencia actuaría como juez y parte?", señaló López.

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Con la resurrección de esta polémica surge la duda sobre cuál será el futuro de este proyecto en el Congreso de la República. Si bien ya se tramitaron una reforma constitucional y una ley estatutaria de jurisdicción agraria, el fantasma de la expropiación exprés será uno de los temas más sensibles y el Gobierno deberá buscar acuerdos para impedir que el proyecto se estanque y, peor aún, vuelva a hundirse, pues ya fue archivado una vez por falta de trámite.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política