Un modelo exitoso

En su intervención televisada del lunes pasado, el presidente de la República, Gustavo Petro, planteó la propuesta de usar los recursos de las concesiones 4G y 5G que supuestamente no están avanzando para financiar la atención a la emergencia sanitaria de la fiebre amarilla. "Está esa plata guardadita cuando la necesitamos nosotros, y no la usan porque no están haciendo las carreteras. Entonces aquí tenemos una de las mayores injusticias tributarias fiscales en el país", manifestó el jefe del Estado.

En primer lugar, por más atractiva para el colombiano de a pie que sea la imagen de mover dineros depositados en unas fiducias, y supuestamente inactivos, la idea del jefe del Estado no solo es inviable jurídicamente, sino que está basada en afirmaciones que faltan a la verdad. Como lo dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en un comunicado, "todos los proyectos de concesión, de cuarta y quinta generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo". Es decir, no se trata de plata "guardada".

Segundo, estas declaraciones reactivan previas críticas presidenciales a las vigencias futuras como mecanismo para financiar el desarrollo necesario de infraestructura. No sobra reiterar que tales recursos reflejan compromisos de largo plazo que el Estado asume para poder apalancar la ejecución de estos proyectos. Las vigencias futuras constituyen una crucial garantía para que ambiciosas y necesarias obras de infraestructura para Colombia puedan atraer bancos, inversionistas y financiadoras con gran confianza y seguridad.

Como lo afirma la CCI, el gobierno Petro acaba incluso de emplear este instrumento para su primer proyecto férreo. Además, tres proyectos en dificultades, que incluyen la vía Mulaló-Loboguerrero, se encuentran en esa situación por asuntos relacionados con licencias ambientales –y trámites– que no fueron otorgadas oportunamente. Vale aquí reiterar lo que dijo la CCI en el sentido de que no es cierto que el concesionario le deba al Estado un billón ochocientos mil millones de pesos, como dijo el Ejecutivo, dado que las vigencias futuras giradas al proyecto hacen parte de un patrimonio autónomo que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y esa cantidad, con rendimientos, ya alcanza la cifra de 2,2 billones de pesos.

En tercer lugar, el mandatario insiste, asimismo, en sus ataques contra el modelo de concesiones para el desarrollo de la infraestructura. Señala erróneamente que estos proyectos viales solo benefician a los más ricos, cuando el balance de más de tres décadas de este esquema de financiación es exitoso, con más de 7.300 kilómetros de vías, que son para todos los colombianos, para los sectores agrícola e industrial, para el desarrollo nacional.

Más aún, la participación del sector privado en esta política de carreteras –con una inversión de 140 billones de pesos en 34 años– ha sido el aspecto diferenciador para estos logros. Siempre existen ajustes que implementar y aspectos por mejorar; no obstante, el modelo de concesiones público-privadas y el mecanismo de vigencias futuras han demostrado su capacidad de entregar resultados tangibles. El camino para enfrentar el desafío de la fiebre amarilla, que es urgente y necesario, no puede tener como punto de partida el intento por desacreditar un modelo que ha servido al progreso de todos los colombianos.