Tareas urgentes

Es tal vez un tema recurrente pero justamente porque sigue siendo urgente: las cifras de la seguridad vial siguen siendo muy preocupantes en el país y no se puede todavía hablar de una respuesta por parte de las instituciones que de tranquilidad.

Como ya se ha reseñado y comentado, las estadísticas en este frente permiten hablar de una epidemia “silenciosa y ambulante”, tal y como la ha denominado la ONU. Como no se cansan de advertir los expertos, en Colombia 22 personas mueren cada día en accidentes en calles y carreteras. El año pasado fue el que más víctimas por esta causa cobró desde que se conservan registros, 2.596, y los datos de este año solo sirven para nutrir el pesimismo: en el período entre enero y abril, los hechos fatales crecieron un 4 % en relación con el mismo lapso del 2022. Del total de vidas perdidas en lo que va de este año, 61 por ciento corresponde a motociclistas con un aumento del 11 por ciento.

La tragedia ocurrida la semana pasada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, cuando un vehículo accidentalmente arrolló y le causó la muerte a una menor de tres años volvió a poner el tema sobre la mesa. Más allá de este hecho dolorosísimo en el que serán las autoridades las encargadas de determinar responsabilidades, si de algo ha de servir la consternación que generó es para que se siga discutiendo qué es lo que hay que hacer para que las vías del país sean más seguras para todos los actores. Sobre todo para los más vulnerables: niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidades, entre otros. En cuanto a los menores, 15 han muerto en lo que va del año. Cifra que obliga a insistir en la necesidad de normas que los protejan, como el proyecto de ley 142 que contiene un conjunto de valiosas normas en este sentido.

Hay que insistir así mismo en la necesidad de un esfuerzo integral y estructural, en una política de Estado que comprometa a largo plazo al total de las instituciones e involucre a la ciudadanía. De nuevo hay que repetir la importancia de contar con buena señalización en la vía, un sistema de expedición de licencias y certificación de conductores blindado frente a la corrupción y dotar a las autoridades de herramientas de control verdaderamente eficaces. En lo urgente y concreto, hay que ocuparse del desafío que plantea el crecimiento de la cantidad de s de motos. Es una realidad que ha traído consigo el aumento de hechos trágicos y que exige más rigor en la expedición de licencias, mayores controles para la venta de cascos, exigir frenos con tecnología ABS y no bajar la guardia en el control de los excesos de velocidad.

Este último asunto es clave para las motos, pero también para el resto de los automotores, toda vez que sigue siendo la principal causa de los accidentes, estudios recientes muestran que cerca del 30 por ciento de los conductores comete esta infracción.

Los estudios también han dejado suficientemente clara la eficacia de las llamadas cámaras salvavidas. Y es por eso no se entiende por qué a través de un proyecto de ley en curso se pretenda hacer más engorroso el proceso de sanción a los conductores con este instrumento cuando lo que se necesita, y evidencia sobra, es todo lo contrario, bajo reglas modernas y transparentes.

EDITORIAL