Sin amenazas

El clima político está en un momento de peligrosa crispación. El pasado jueves 1.º de mayo, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso que, más allá de conmemorar el Día del Trabajo, fue una arenga cargada de simbolismos y advertencias dirigidas al Congreso de la República. Empuñando la espada de Simón Bolívar y ondeando la bandera de la “guerra a muerte”, el mandatario no solo presentó las 12 preguntas de su consulta popular, sino que lanzó duras críticas –junto con amenazas y señalamientos, algunos con tintes de peligrosa calumnia– a los legisladores, en particular a aquellos que han expresado reparos frente a su iniciativa.

Es preocupante que, en lugar de fomentar un diálogo constructivo y respetuoso entre las ramas del poder público, el Presidente recurra a un lenguaje beligerante que deslegitima la labor del Congreso y, a la larga, termina apelando al chantaje. Al afirmar que quienes voten en contra de la consulta serán “revocados por el pueblo” y al utilizar expresiones como “h. p. esclavistas”, Petro no solo descalifica a los representantes elegidos democráticamente, sino que también incita a la confrontación entre ciudadanos e instituciones y termina así minando la democracia.

El Congreso tiene la responsabilidad de deliberar y decidir sobre las propuestas del Ejecutivo, pero sin presiones indebidas ni amenazas veladas. Pretender que una negativa a la consulta popular equivale a una traición al pueblo es desconocer la esencia misma del sistema democrático, donde el disenso es natural y necesario. Es pasar por alto que otras visiones de la sociedad tienen su representación en este foro y que por una movilización o el sesgo de un mandatario no pueden ser simplemente anuladas.

Además, es importante recordar que el pueblo colombiano se expresó en las urnas eligiendo a sus representantes tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Afirmar que solo quienes apoyan al Presidente representan al pueblo es una visión reduccionista y peligrosa que desconoce la pluralidad y diversidad de la sociedad, al tiempo que abre la puerta a nuevos capítulos de intolerancia y, ojalá no, violencia.

Así mismo, el acudir a símbolos históricos como la espada de Bolívar en un contexto político actual puede ser fácilmente malinterpretado. En este sentido, tiene razón el historiador y exdirector del Centro de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez, al lamentar que una expresión democrática como la consulta haya sido “arropada con símbolos guerreros” y que “es muy difícil convocar a la paz con símbolos y palabras de guerra”. La paz, sobre todo si es total, va mucho más allá del silenciamiento de los fusiles, comprende una transformación cultural profunda, en la que es fundamental que líderes como el presidente Gustavo Petro se cuiden mucho de enviar mensajes marcados por emociones como la retaliación.

Cuando el país reclama soluciones para tantos problemas, muchas de las cuales podrían darse por la vía de las reformas; cuando el día a día trae consigo tantos desafíos –detener la infame muerte de jóvenes policías por el macabro ‘plan pistola’, por ejemplo–, resulta contraproducente el tono con que el jefe del Estado busca salidas. Un tono propio de un candidato, no de un gobernante. Cuán perjudicial sería para el país tener a un presidente en campaña por su plataforma política en el tiempo que nos separa del 7 de agosto de 2026. Para ser claros: las constantes agresiones a congresistas que no comulgan con el Ejecutivo y los descalificativos en contra de dicha corporación, a la que él perteneció por dos décadas, no contribuyen a generar el clima para conseguir los acuerdos que él mismo sigue proclamando. Y más preocupante aún si estos discursos llevan mensajes velados, sugiriendo revocatorias. Aunque el mandatario matizó el tema, la sola insinuación genera dudas sobre las reales intenciones del Gobierno.

En suma: la convocatoria a una consulta popular es un mecanismo legítimo dentro de la Constitución, pero su implementación debe seguir los cauces institucionales establecidos. El Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar dicha iniciativa, y su decisión debe ser respetada por todos los actores políticos, incluido el Presidente. Cualquier intento de deslegitimar o presionar al Legislativo socava los principios democráticos y pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Es fundamental que el Presidente modere su discurso. La construcción de un mejor país no se logra mediante la confrontación con los poderes Legislativo y Judicial.

La democracia colombiana ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia, pero ha logrado mantenerse gracias al compromiso de sus instituciones y ciudadanos en torno a unos mínimos comunes que incluyen, desde luego, el apego a la verdad y el respeto a cada rama del poder. Es responsabilidad de todos, en especial de quienes ostentan cargos de liderazgo, preservar y fortalecer ese legado.

EDITORIAL