Proteger el fútbol

Hace apenas una semana en este mismo espacio se planteaba el llamado para garantizar unas finales del fútbol colombiano en las que toda la atención se concentrara en lo que ocurriría deportivamente en la cancha.

Pero el panorama no es alentador tras lo sucedido el pasado fin de semana. Por un lado, la final de la B, del torneo BetPlay. Su resultado, el título para el Unión Magdalena dejó por fuera de la disputa por un cupo en la A al Real Cartagena, equipo que se ha aferrado a su propia interpretación de un espeso y enrevesado reglamento para reclamar su derecho a disputar un repechaje. El resultado del sábado en la noche, que benefició a los dos finalistas en tanto ambos lograron el ascenso, llevó a que el Cartagena anunciara que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, en Lausana (Suiza).

Merece, claro está, un llamado de atención el que se juegue con un reglamento tan confuso que un equipo relegado sienta que puede interpretarlo de tal forma que lo favorece y acudir ante tan alta instancia. Atenta contra la integridad de la competición que no existan reglas suficientemente claras. Urge un sistema simple que corte de tajo cualquier confusión y que les dé a los hinchas claridad sobre qué es lo que está disputando su equipo. La falta de reglas claras perjudica seriamente la integridad del juego.

Y a eso se sumó, y de qué manera, la violencia desbordada en las canchas como se vio, una vez más, en Cali durante el partido América-Nacional por la final de la Copa Colombia. La imagen del equipo verde celebrando en su camerino mientras la tarima dispuesta para tal fin permanecía vacía en el gramado es poderosa, penosa, ojalá que no profética de estadios vacíos para garantizar la seguridad y obliga a emprender acciones. Lo primero es que todos los involucrados sean plenamente conscientes de la gravedad de lo que ocurre y actúen en consecuencia. ¿Cómo pueden pedir paz en las graderías jugadores, técnicos y algunos directivos que son noticia por sus provocaciones y actitudes desafiantes?

La complejidad que se esconde detrás de la reiterada violencia en las gradas no es un secreto. Confluyen factores sociales profundos con los tentáculos del crimen organizado. El propósito de sacar a las violentos de los estadios debe ser causa común entre los dueños del espectáculo y el Estado.

Hay que preguntarse qué lleva a grupos de jóvenes a tal grado de beligerancia e incluso barbarie, pero al tiempo hay que exigir que las herramientas de control con tecnología de última generación que permiten individualizar a los violentos sean implementadas. La polémica por el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que ordena a los privados encargarse de la seguridad de sus espectáculos refleja claramente el problema: es verdad que ante las graves dimensiones que ha adquirido el asunto se necesita de la Policía. En esa medida, su desmonte en los estadios tiene que ser gradual. Pero si se ha llegado a este punto es también, en parte, porque no se han implementado filtros efectivos y porque no ha habido medidas contundentes y ejemplarizantes contra los violentos. Es el momento de corregir todo lo que ha fracasado en la estrategia, revisar la participación de todos los involucrados, dejar de evadir responsabilidades y generar respuestas urgentes para proteger el fútbol y a los hinchas pacíficos. El reloj corre en contra y los riesgos son muy altos.