Es urgente que los más de 200.000 estudiantes que han podido ingresar a la educación superior gracias al Icetex, y que hoy están en vilo por los tumbos que se han dado en el manejo de la entidad y de su recurso, reciban del Gobierno un parte de tranquilidad.
Lo ocurrido en los últimos días en relación con los recursos de esta entidad es muy preocupante. Se ha dado una inaceptable confrontación pública entre ministerios por la falta de dichos dineros. No solo los que se requieren, en plena época de matrículas, para el 2025 sino los que se necesitan para que el Icetex termine de honrar sus compromisos con las universidades en lo que corresponde al año en curso. Lo que está en entredicho es nada menos que la educación universitaria de muchas personas en una situación económica que dista de ser acomodada.
Esta situación, que ha dado pie a roces y salidas en falso de altos funcionarios –algunas particularmente lamentables como la del ministro de Educación, Daniel Rojas, al desconocer en principio la responsabilidad de su ministerio en la crisis–, obliga a que el Ejecutivo enmiende la plana sin demora. Hace falta un mayor reconocimiento del drama que atraviesan quienes con mucho esfuerzo han logrado labrarse un camino en la educación superior y ahora viven días de incertidumbre. La mayoría, de minorías étnicas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Hay que decir que no es esta la vía para darles un vuelco a los pilares del sistema educativo del país y de la política estatal en este campo. Avanzar en la senda que hoy parece tener trazada el Gobierno, es decir, el volcamiento de recursos a la universidad pública a costillas de dejar, dicho coloquialmente, “en los rines” al Icetex, implica que estas decisiones tienen que pasar por el tamiz de las restantes ramas del poder. No se pueden dar pasos sutiles pero con efectos colosales y con consecuencias gravísimas por el atajo de las decisiones istrativas.
Para avanzar en cambios estructurales para mejorar la educación, la Constitución dispone de otros foros y rutas para proceder
En línea con lo anterior, no es realista ni viable lo planteado por el ministro de Educación, Daniel Rojas, por más buena voluntad que le asista. Es ilusorio pensar que en cuestión de meses se podrá destinar mayor financiación a la oferta pública, al tiempo que el Icetex se convierte en una institución financiera que no dependa de los giros del Minhacienda, sin que esto signifique un enorme e irreparable traumatismo para cientos de miles de estudiantes. El Gobierno no puede hacer nada distinto que cumplir con el giro de la plata que falta del 2024 y garantizar que los estudiantes que hoy no se han podido matricular para el 2025 puedan hacerlo. Una vez esto esté asegurado puede darse, en los foros correspondientes y siguiendo las vías que para ello dispone nuestro orden constitucional, la discusión sobre cómo hacer para que sector público y privado atiendan de manera eficaz la demanda de a la educación superior. Es un derecho que el Gobierno debe garantizar con responsabilidad fiscal y rigor técnico.
Bienvenidos los propósitos de facilitar que cada vez más jóvenes puedan estudiar en la educación superior, pero no se puede poner a depender el proyecto de vida de tantas personas de una disputa de este tipo o, peor, de un afán por pasar de la ideología a la práctica una política educativa en vísperas de un año electoral.
EDITORIAL