El discurso que divide

Con el marco de la plaza de Bolívar como epicentro de la marcha de sus seguidores, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó definitivamente este martes la consulta popular en defensa de las reformas laboral y de la salud, que cursan en el Congreso. Lo hizo en tono airado, al mismo tiempo que la primera de ellas era hundida, cuando ocho senadores de la Comisión VII votaban para archivarla.

Desde luego, en el pleno ejercicio gubernamental y democrático, el jefe del Estado está en su derecho de defender sus proyectos. Pero lo debe hacer con más argumentos que amenazas, con altura antes que con una narrativa que divide al país en dos. Y sobre todo con respeto por la institucionalidad.

Porque lamentablemente este fue un discurso a todas luces desinstitucionalizador. Larga palabra esta y difícil de pronunciar, pero, como se ve, fácil de caer en ella. Porque no le queda bien al Presidente, ni le conviene al país, desconocer la autonomía del Congreso, uno de los tres poderes institucionales, tan legítimo y con tanto respaldo del voto ciudadano como la primera magistratura del Estado.

El uso de los caminos constitucionales es un derecho, pero no está bien, en un país de intolerancia a flor de piel y de violencias desatadas, que el primer mandatario le grite a Colombia que "los parlamentarios han traicionado al pueblo". Que "lo han hecho por codicia, por dinero, se han arrodillado al rico Epulón, a un dios falso que es el dios dinero". Para el buen entendedor, hay una ligera y no probada acusación de corruptos a quienes negaron la ponencia. ¿Y si la hubiesen aprobado?

Pero fue más allá el Presidente al referirse al Senado: "Si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo los sacará del Congreso, como tiene que ser". Frase incierta que ha causado comprensible polémica. El primer mandatario no puede enviar mensajes ambiguos al país contra sus parlamentarios, que han votado con argumentos. Porque no son pocos los que se sustentan en contra del hoy hundido proyecto de reforma laboral, varios de ellos presentados por los senadores al explicarle al país su decisión legislativa.

En primer lugar, investigadores del Banco de la República y del centro de estudios Fedesarrollo estimaron en más de 450.000 los puestos de trabajo que se perderían de aprobarse los aumentos de los costos salariales y no salariales que traía el articulado. Un segundo aspecto toca los impactos negativos que enfrentarían los medianos y pequeños negocios con incrementos de más del 11 por ciento en los costos mensuales de nómina.

Si bien algunas medidas generan consenso positivo –por ejemplo, la que mejora las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales– y otras benefician a los trabajadores formales –recargos dominicales, jornada nocturna y licencia de paternidad–, la iniciativa no apunta a resolver los problemas más graves del mercado laboral, como el desempleo de dos dígitos y las elevadas tasas de informalidad. En otras palabras, los más de 2,5 millones de desempleados y los más de 13 millones de ocupados informales no contaban en el proyecto con caminos tangibles hacia un empleo formal y estable.

Lamentable, en todo caso, que este debate haya sido una oportunidad perdida para abordar los retos actuales del empleo, antes que para las enconadas disputas políticas.