Ahora los gobernadores

Como si no fueran suficientes las voces que se han manifestado para advertir del grave deterioro que enfrenta la salud de los colombianos, ahora se suma una más: la de los gobernadores. Ellos, que ya habían hecho notar el considerable menoscabo del orden público y la fragilidad de sus finanzas, vuelven a llamar la atención ante el estado lamentable de los hospitales públicos y la desmejora en la prestación de los servicios médicos.

Así se lo hicieron saber al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en carta dirigida a él recientemente. En ella señalan que la falta de pagos a los hospitales públicos por parte de las prestadoras de salud y otros agentes del sector mantienen a estas unidades en cuidados intensivos.

Los gobernadores le recuerdan a Jaramillo que la ola de intervenciones decretada por el Gobierno desde 2023, y que se traduce en una afectación para cerca de 29 millones de s, ha dejado como resultado deudas acumuladas con clínicas y hospitales que superan los 5 billones de pesos, equivalentes al 45 % de toda la deuda que tienen las prestadoras con la red pública.

La situación es tan crítica que esa deuda acumulada podría llegar a los 17 billones de pesos este año, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y la atención en territorios particularmente vulnerables. Los mandatarios insisten, con razón, en tener un diálogo fluido con el Gobierno a fin de garantizar el derecho fundamental a la salud para millones de colombianos.

Como decíamos, los gobernadores se unen al coro de entidades médicas, académicas, de pacientes, organizaciones sociales e iniciativas plurales que reúnen a muchas de esas voces, como Todos por la Salud, que con argumentos técnicos lanzan alertas sobre las falencias y riesgos del mencionado decreto y sobre la situación de iliquidez del sector sin que el ministerio del ramo tome las medidas de fondo.

Por el contrario, esta semana, en una intervención ante el Congreso, el jefe de dicha cartera dio a entender que la única salida posible era seguir manteniendo en “cuidados intensivos” a las empresas prestadoras de salud como fórmula de presión para sacar adelante la reforma que el Gobierno pretende, lo que generó inconformidad y extendió el manto de duda acerca de las verdaderas intenciones que se tienen.

Coincide toda esta situación con el llamado que hizo la Corte Constitucional, uno más, para que el Ministerio de Salud garantice, óigase bien, mayor transparencia y participación en la discusión sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud. Para la Corte, el Minsalud restringió y excluyó de las mesas encargadas de revisar el valor de la UPC a actores relevantes del sector y adoptó mecanismos sin ningún efecto sobre lo que se estaba buscando.

Por si faltara poco, ahora se pretender meter el tema de la salud en la fallida consulta popular, lo que podría generar un mayor malestar entre la ciudadanía que padece los rigores de la crisis y unas agremiaciones que siguen sin ver la luz al final del túnel. Por lo pronto, los gobernadores del país alzan su voz para que el ministro Jaramillo, que le sigue dando largas al asunto, entienda que lo que se puede venir es una verdadera tragedia nacional. Y lo dicen quienes diariamente le toman el pulso al país.