A la fuerza no

Las istraciones de Bogotá, incluida la actual, han sido solidarias con las causas que aquejan a los movimientos indígenas y receptoras de sus necesidades cuando las circunstancias lo exigen. Emberás, katíos, pijaos han recibido ayudas humanitarias y han contado con el apoyo, incluso, de los mismos ciudadanos.

Provenientes de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, los indígenas llegan en busca de una audiencia con autoridades del orden nacional para exponer sus problemas, generalmente relacionados con temas de seguridad en sus territorios. La mayoría de las veces, esos desplazamientos tienen como fin reclamar al Gobierno para que cumpla compromisos adquiridos.

Pero la situación se pone tensa cuando estas comunidades no consiguen su objetivo y optan por permanecer en la ciudad. Que es lo que viene sucediendo nuevamente. Un fenómeno que se ha vuelto costumbre, pero que igual la ciudad sigue atendiendo.

No obstante, el hecho de que Bogotá ofrezca albergue y atención no significa que dichas comunidades puedan hacer lo que quieran o que opten por vías de hecho para lograr sus objetivos. El nuevo intento por instalarse en el parque Nacional a la fuerza, por ejemplo, no se corresponde con el empeño que hace la ciudad para que no les falte lo esencial. En cambio, sí se envía un mensaje equivocado sobre el concepto de corresponsabilidad que debe existir en situaciones como esta.

Hace un año sucedió algo parecido y Bogotá tuvo que invertir 2.500 millones de pesos para recuperar el parque. En 2021, la permanencia de 15 comunidades en el mismo lugar y en el parque Tercer Milenio también demandó millonarios recursos.

No se trata de desconocer las necesidades de los pueblos indígenas. De hecho, cada arribo se atiende con kits, bonos de arriendo, alimentos y aseo que se pagan con el presupuesto de los contribuyentes. Pero este esfuerzo debe compensarse con buen comportamiento y sin acudir a medidas extremas que solo generan mayor tensión.