Un asunto de profesionales

Finalmente, el Senado de la República eligió al magistrado que reemplazará al saliente liberal, Antonio Lizarazo, de la Corte Constitucional. Sucedió un día después del sorpresivo empate a 50 votos entre la exdecana de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Claudia Dangond, y el magistrado auxiliar de esa corte, Miguel Polo. El tercero en la contienda, Jaime Tobar, no obtuvo votos.

(Le puede interesar: Las cartas sobre la mesa).

La expectativa por el resultado era mayúscula. No solo porque en la contabilización de los votos efectuados apareció una papeleta de más (que estaba sin marcar), desatando una ola de rumores sobre un intento de fraude o saboteo a la elección. También porque desde el momento mismo en que se levantó la sesión, el empate entre un candidato imputado como petrista y una candidata acusada de conservadora radical llevó la elección al extremo de la polarización política y a los interesados de uno y otro bando a emplearse a fondo buscando el triunfo de su candidato.

Quienes conocían a Polo negaban de todas las maneras posibles que fuera petrista. Les creo. Y quienes habían trabajado con Dangond rechazaban los señalamientos de radical. Igual les creo. Pero las aclaraciones no bastaban. El nivel de polarización había llevado la elección a un punto en que, incluso, muchos se atrevieron a denunciar supuestos acuerdos o estratagemas que uno y otra habían hecho –respectivamente– para favorecer al Gobierno o para beneficiar a la oposición.

El resultado final, obtenido en la votación realizada el día siguiente, muestra que al atribuido petrista le aparecieron 7 votos nuevos, de los 50 que ya había obtenido, mientras que a la señalada radical se le fugaron tres senadores que habían votado por ella el día anterior. Cosas de la democracia y de la política, que en Colombia es muy dinámica.

Más allá de que uno y otra fueran convencidos petristas o furibundos radicales, lo cierto es que se trataba de una terna de candidatos con una buena hoja de vida y la experiencia suficiente para hacer bien la tarea. La Corte Constitucional ha llegado a un grado de solidez institucional tal que llegue quien llegue a esa corporación, tiene que someterse a unas reglas de juego interno en las que son la formación y la trayectoria las que determinan el peso y la influencia del magistrado en las decisiones que se vayan a tomar. La Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado son la base sobre la que se sostiene la muy frágil democracia presidencialista que rige en Colombia.

No hay que olvidar que la Corte Constitucional no ha sido infalible. El ser soporte de la democracia no significa que en ocasiones no se haya equivocado al avalar a los gobiernos de turno, cambios en las reglas del juego constitucional que han debilitado la democracia y desestructurado el orden constitucional y legal que nos rige (como la reelección presidencial con Uribe, el fast track o la decisión del Gobierno de refrendar los acuerdos de La Habana por la vía del Congreso sin que tenga competencia para hacerlo, pasando por encima de un plebiscito, como lo hizo con Santos).

Por fortuna, no ha sido una corte abyecta. Y ha sabido reaccionar en su momento a las presiones a que indebidamente ha sido sometida. Por eso hoy tiene el respeto y el respaldo de los colombianos en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Por eso es bueno que el magistrado electo tenga el conocimiento y la experiencia para saber cuál es la dinámica de trabajo en la Corte y cuáles (y cómo) son las presiones que usan los gobiernos para sacar adelante cambios en las reglas de juego que los favorecen. Y, sobre todo, en el terreno ha aprendido cómo se manejan esas presiones. Tiene 8 años por delante, de manera que hay que esperar que la formación y la experiencia que ha acumulado en esa corporación le aseguren el buen criterio de decidir lo que les conviene al país y a la preservación de la Constitución Política de 1991. Es lo mejor que puede suceder. Es un asunto de profesionales.