Las cartas sobre la mesa

No deja de ser indignante y paradójico que la Defensora del Pueblo tenga que hacer un llamado al Eln para que levante el paro armado que decretó hace días en el Chocó y permita que se atienda a la población afectada por las inundaciones. Es indignante, porque el Eln no permite que entren las ayudas. No bastan las alertas sobre las afectaciones que, sobre la salud de los pobladores, trae la falta de atención. Mucho menos los llamados a que están trasgrediendo el Derecho Internacional Humanitario, y negando el Derecho a la Paz de las comunidades que consagra la Constitución. Los reportes de prensa indican que "La ola invernal ya afecta a casi 200.000 pobladores de 28 de los 31 municipios, algunos de los cuales no han podido recibir ayudas por las restricciones de esta guerrilla".

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Y es paradójico porque el llamado de la Defensora al Eln se produce al mismo tiempo que el presidente Petro emite cuatro resoluciones que designan representantes del Gobierno y gestores de paz para impulsar las negociaciones de la ‘paz total’. En una de ellas (la 453) nombra como gestores de paz a 17 jefes de las que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), "con el fin de que contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales".

En teoría, los gestores de paz son una especie de mediadores que cumplen el papel crucial de crear lazos de confianza y facilitar las condiciones que resultan claves para que las negociaciones de paz entre dos o más partes en conflicto no se bloqueen o se cierren. Y si eso ocurre, que asegure el que se puedan mantener líneas de entendimiento entre las partes o, por lo menos, un canal de comunicación entre ellas. Eso no solo exige que el gestor sea una garantía de independencia de cada una de las partes, sino que también tenga unas características de conocimiento y trayectoria que posibiliten ser escuchados por ellas.

El problema está en que, en la realidad, los nombramientos de los gestores de paz no solo muestran la fragilidad del Estado frente a la acción de los ilegales, sino la confusión y el contrasentido que han guiado a los gobiernos en la gestión de la paz. El mejor ejemplo está en la figura de los gestores de paz, establecida para aquellos que se benefician de la suspensión de la orden de captura o medida de aseguramiento cuando demuestran su disposición a "liberar secuestrados que se hallen en su poder, siempre y cuando la persona exprese a las autoridades su voluntad de renunciar a toda actividad ilegal, de reincorporarse a la vida civil y de colaborar con la justicia" (Decreto 614/2009 y Decreto 1175 de 2016).

Con la excepción de las negociaciones con el grupo Comuneros del Sur, en ningún caso se justifica el nombramiento de los gestores de paz. En el estado actual de los procesos de negociación del Gobierno con los grupos armados ilegales, nadie parece tener voluntad de renunciar a toda actividad ilícita, reincorporarse a la vida civil y colaborar con la justicia. El Chocó es un ejemplo. Y con respecto a los 17 exjefes de las autodefensas que fueron nombrados por el Presidente, ninguno parece tener la influencia suficiente para aportar a la construcción de paz y garantías de no repetición, o al menos el acercamiento en los procesos de negociación con el Eln, 'Mordisco' o el 'clan del Golfo', la 'Segunda Marquetalia' o el Emc.

Aquí no es clara la intención del presidente Petro de ese nombramiento de los gestores de paz. Si lo que se busca es cerrar dignamente el proceso de justicia y paz y que se pongan blanco sobre negro los problemas de los bienes entregados, las responsabilidades asumidas por civiles y militares y los pendientes que quedan y lo que está en la impunidad, que se haga, pero que no sea para sacar provecho político o cobrar viejas deudas políticas. Que sea a la luz del día y con las cartas sobre la mesa.