Tras el dinero del público

La millonada prevista en la tributaria para los más necesitados terminó esfumándose en medio de los negociados de la UNGRD, la burocracia del Ministerio de la Igualdad, las nuevas embajadas, tanto asesor y tanto viaje oficial, entre otras razones. Así, sin saldo en su chequera, el Gobierno busca dinero hasta por debajo de las piedras y les echó el ojo a los dineros que depositamos en los bancos.

Quiere revivir las inversiones forzosas, obligando a la banca a comprar títulos de deuda pública, con la platica de los ahorradores. Es decir, se les exige a las instituciones financieras que, con el dinero de su clientela, adquieran ruinosos papeles oficiales, que pagan bajos intereses, lo que al final constituye otra exacción a los colombianos.

Para hacerle frente a esta pirueta financiera, los bancos no tienen opción distinta a pagar menos intereses y a encarecer los préstamos que otorgan, aumentando su margen de intermediación en la parte de la torta que les queda. Es una paradoja inexplicable pedir todos los días que el Emisor acelere la reducción de intereses y, al mismo tiempo, intervenir los bancos con un instrumento que aumentará el costo de los créditos.

Este abuso oficial estuvo de moda en los años setenta y afectó la economía en su conjunto, como resultado de la ineficiencia y menor profundización del sector financiero y de los altos intereses de los préstamos. A finales del siglo pasado, con ocasión de su modernización, se decidió acabar las inversiones forzosas, junto con la reducción del encaje, lo que se tradujo en un mejor financiamiento a las empresas. Así, la cartera bancaria con el sector privado pasó del 23,5 al 35 %, en apenas seis años, según un estudio de Leonardo Villar (2005), hoy gerente del Emisor.

Fue tan clara la decisión del gobierno Barco de eliminar las inversiones forzosas que, un día antes de terminar su mandato, el 6 de agosto de 1990, dando incluso origen a una minicrisis ministerial, expidió un decreto acabando para siempre las inversiones en bonos del Instituto de Crédito Territorial (ICT). Desde entonces, solo quedaron vigentes las del sector agropecuario, por fallas de mercado. Así, al comenzar la istración Petro las inversiones forzosas equivalían al 5 % de los pasivos bancarios, cuando hace cincuenta años representaban el 25 % de estos.

Volveremos al pasado y quedará hecho añicos el esfuerzo por mejorar el al crédito de las familias y las empresas, al imponer este gobierno nuevas inversiones forzosas como un mecanismo de reactivación económica que reemplace el recorte del gasto público. Los platos rotos de la mala política económica y fiscal los pagarán los bancos y sus clientes.

Petro ha sostenido que son inversiones seguras, porque “el Estado siempre paga”. Eso no es cierto. A finales de los años 90, el ICT dejó de pagar sus papeles y, para recuperar el dinero de los ahorradores, el sector financiero se vio obligado a recibir tierra que el Estado tenía para vivienda de interés social, como dación en pago, pese a que los bancos no pueden devolverles predios a sus depositantes.

La ley dispone que las inversiones forzosas solo pueden ser temporales y solo proceden por fallas de mercado. Nunca para enfrentar recortes presupuestales, como lo adujo el Gobierno. Además, ¿cómo justificar más inversiones forzosas para el agro, si el Banco Agrario duerme sobre millonarias inversiones de tesorería? ¿Cómo justificar financiamiento adicional a la vivienda, si es que su problema no es de falta de crédito, sino de una mala política pública relacionada con la reglamentación de los subsidios? ¿Cómo buscar más recursos para el sector energético, si los proyectos no avanzan allí por la burocracia y el negociado de las consultas previas?

Igual, al final se aprobarán estas inversiones, porque el Pacto Histórico no entiende que está jugando con la platica del prójimo; cree que es de los banqueros. Y porque así seguirá estatizando la economía: aumentará la capacidad del Gobierno para asignar el crédito en el país.

Taponazo. Primero fueron las EPS; siguieron las as de pensiones y ahora es el dinero del público. ¿Qué sigue?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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