Se quedó sin golpe blando

Ahora sí se tendrá que ir a las estrellas, a las que tanto le gusta viajar, a buscar algún Tribunal que le alcahuetee el sirirí del golpe blando con que Gustavo Petro ha venido buscando la impunidad para sí mismo.

(Le pude interesar: La Constitución es para usarla).

Con el cuentico del golpe blando Petro estaba intentando destruir una de las más grandes conquistas de la democracia: que los gobernantes puedan ser juzgados. Nada más ni nada menos, que los gobernantes sean responsables por sus actos ante la sociedad y ante las leyes, cosa que significó la ruptura definitiva con el despotismo. Basta recordar que la primera característica de los déspotas consiste en que pueden hacer todo lo que les viene en gana sin tener que responder ante nadie ni por nada.

Afortunadamente, con la decisión de la CIDH de negar la solicitud de medidas urgentes que Gustavo Petro presentó para frenar la investigación del Consejo Nacional Electoral por la violación de los topes de la campaña que lo llevo a la presidencia se cierra legítima y definitivamente la discusión sobre el "golpe blando" o lawfare con el que Petro ha querido embolatar a la opinión cada vez que la Justicia colombiana ejerce sus deberes constitucionales.

Gustavo Petro intentó frenar la investigación por todos los medios en las instancias nacionales de Justicia, al punto de que en distintas oportunidades el Consejo de Estado –máxima instancia en la materia– confirmó la competencia y la legalidad de la actuación del CNE. Copadas todas las cumbres de la Justicia colombiana, Gustavo Petro quiso ascender a la instancia internacional que en la época de la alcaldía le había dado la razón, pero esta vez la CIDH le negó las pretensiones y confirmó la validez del camino de investigación del Consejo Nacional Electoral.

Con esto queda por el suelo la falacia de Gustavo Petro sobre el golpe blando, que además se inscribe en la doble moral antidemocrática de esa izquierda latinoamericana que le dio por llamar golpe blando o lawfare a las acciones de la Justicia sobre sus presidentes. En efecto, la noción del lawfare la ha popularizado la izquierda latinoamericana para vender la idea de que cualquier investigación a uno de sus mandatarios obedece siempre a una estrategia para no dejarlo gobernar. Así ha metido en el mismo paquete las investigaciones que en su momento se hicieron contra Lula da Silva, Cristina Kirchner o Rafael Correa.

Con la decisión de la CIDH queda claro que la tesis del golpe blando no pasa de ser un ardid político para ocultar las garantías del debido proceso que nuestro Estado de derecho les ofrece a los ciudadanos y, obviamente, a los gobernantes. La debilidad del argumento del golpe blando radica en que no tiene en cuenta que nuestros sistemas democráticos no son repúblicas bananeras de los jueces como ellos pretenden hacerlo ver.

Aquí sí hay Estado de derecho, con defectos pero Estado de derecho. Aquí sí hay garantías, con defectos, pero garantías. Los magistrados ni actúan en solitario ni tienen la última palabra. El sistema de recursos garantiza que los órganos jurisdiccionales superiores reparen los posibles abusos cometidos por los inferiores. Y en el caso de que los sistemas judiciales nacionales no funcionen adecuadamente, siempre queda la protección de los tribunales internacionales, para nuestro caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al punto de que la decisión de la CIDH ratifica que no ha habido ninguna violación de derechos contra Gustavo Petro y que ha contado con las garantías para su defensa.

Toda la actividad desplegada por Petro y sus abogados solo viene a confirmar que aquí no hay ningún lawfare o golpe blando; todo lo contrario, lo que hay es un golpe bajo del Presidente pretendiendo poner en cuestión la independencia de nuestra justicia para generar desconfianza y deslegitimar su tarea.