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Opinión

La Constitución es para usarla

La sociedad necesita rescatar su sentido de la dignidad y la capacidad de defensa de sus derechos o la democracia está condenada.

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Las democracias de hoy adolecen de un mal que podríamos llamar "el mal de las sociedades inermes". No solo como profesora de derecho constitucional, que lo fui por tantos años, sino como ciudadana me sorprende la paradoja de que nunca los ciudadanos habíamos tenido tantos derechos y tantas herramientas para defenderlos, a la vez que nos topamos con unas sociedades que aparecen inermes frente a los abusos de poder del gobernante.
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Para no hablar de otras etapas de la historia, recuerdo que hace tan solo unas décadas la sociedad tenía más capacidad de reacción, formas de protesta y de defensa de derechos que la actual. ¿Ustedes creen que el estudiantado y los padres de familia y los profesores de la Universidad Nacional de los años 70 y 80 se hubieran dejado raponear la rectoría por parte de las primeras líneas y de la izquierda radical, como ocurrió tan solo hace unos meses?
De ninguna manera. Hace unos años era impensable que una comunidad universitaria del orden de unas cincuenta mil personas se hubiera dejado imponer la estrategia de quinientos que la invadieron con la complicidad, eso sí, del gobierno de Gustavo Petro.
Ahora, con el asalto del Icetex a los estudiantes y a las universidades privadas y a las familias de los estudiantes volvemos a verle el rostro al mal de la sociedad inerme. Cuando hablamos de las universidades y sus comunidades nos referimos a las élites socioculturales de cualquier sociedad, no estamos refiriéndonos a la población vulnerable por ignorancia, por pobreza o por marginalidad. Estamos refiriéndonos a instituciones que manejan recursos importantes y a comunidades que están por encima del promedio cultural de la sociedad colombiana, luego daría para pensar que alrededor de las universidades gira una población que debiera tener más conciencia y más conocimiento respecto de sus derechos y respecto de las herramientas constitucionales y legales con que cuenta para defenderlos.
¿Si no han aprendido a defender sus derechos las universidades y los estudiantes universitarios, entonces qué podemos esperar del resto de la población? Esta crisis que ha estallado tiene antecedentes en el tiempo, es una crisis en el flujo de giros y pagos que se viene presentando desde hace más de dos años, cuando Gustavo Petro llegó a la casa de Nariño. ¿Por qué las universidades y sus departamentos jurídicos y sus comunidades no salieron desde un principio a defender sus derechos y a exigirle a la Justicia que hiciera lo que tenía que hacer para que el Gobierno cumpliera con sus obligaciones? ¿Será que las universidades prefirieron comportarse con el complejo del limosnero frente al Estado en vez de con la dignidad de quien tiene derechos y cumple con sus obligaciones frente al Estado y la sociedad?
Hoy, cuando reventó la crisis en la cara de todos, pareciera que las universidades privadas se hubieran desmontado cobardemente por las orejas del problema dejando que los estudiantes, cada uno por su lado, resuelva la tragedia de su propia deuda, la tragedia en la que se ha convertido su propia educación. Es como si la conducta del miedo, la politiquería y la lagartería se hubieran convertido en el método de la sociedad civil para relacionarse con el Gobierno.
Lo mismo que pasó con las EPS, lo mismo que pasó con los fondos de pensiones, lo mismo que está pasando con los gremios, lo mismo que está pasando con los constructores, lo mismo que está pasando con los militares. Por este camino vamos al abismo de la indignidad y la pérdida de la democracia.
O entendemos que la sociedad necesita rescatar su sentido de la dignidad y la capacidad de defensa de sus derechos o la democracia y las libertades están condenadas. Es por eso que el miedo y la corrupción son dos caminos hacia la tiranía. Como mínimo, las universidades debieran de enseñarles a los estudiantes s del Icetex que los giros del Icetex no son ninguna limosna ni ningún favor, sino una obligación adquirida y suscrita que el Gobierno está en la obligación de cumplir. Y que para eso hay que entender que la Constitución es para usarla.

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