Motos: mucho más que prohibir el parrillero

Prohibir el parrillero ha sido, desde hace más de 15 años, una de las medidas para disminuir el uso ilegal o delictivo de la motocicleta. Ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Pasto, Montería, Cúcuta o Neiva, entre muchas otras, han creado prohibiciones de circulación para controlar el mal uso de las motocicletas.

Si bien la mayoría de motociclistas son personas ajenas a los delitos, se han creado medidas tan drásticas como, por ejemplo, la prohibición permanente y total de motocicletas en algunos sectores céntricos de las ciudades, los días sin motos o sin parrilleros varias veces por semana.

La prohibición del parrillero, como toda medida de política pública, tiene ventajas y desventajas. De una parte, en términos de seguridad personal y vial, puede contribuir a reducir los delitos y las muertes en motocicleta, ya que los parrilleros muertos representaron aproximadamente 20 por ciento de las víctimas en motocicleta en Bogotá en 2017.

En términos de movilidad, es una muy buena alternativa para combatir el mototaxismo, que, si bien es limitado en la capital, está presente en varias localidades periféricas. De otra parte, en lo social y ambiental, la medida presenta desventajas, puesto que se puede afectar el 25 por ciento de los hogares bogotanos que cuentan con una moto como medio de transporte. Además, la medida incentiva la subutilización de las motos en términos de eficiencia energética de viajes realizados por vehículo, ya que una moto de dos pasajeros sería utilizada obligatoriamente solo por uno.

Los problemas asociados al uso masivo de la moto en las ciudades colombianas son, en gran parte, el resultado de una muy limitada política pública nacional. En la materia, Colombia tiene retrasos enormes, como la precariedad de las escuelas de conducción, la facilidad de la obtención del pase, el escaso control sobre las motos en general y el mototaxi en particular, el no pago de peajes, la arbitrariedad en el parqueo y la precariedad de los elementos de seguridad. Todo lo anterior se ha reflejado en alrededor de diez motociclistas muertos por día en el país en los anteriores años.

La actual istración está dando prueba de responsabilidad al asumir esta impopular medida. Esperemos que se implemente; lo peor –o lo más fácil– sería no hacer nada, como en anteriores ocasiones en que los alcaldes anunciaron medidas de control que no se implementaron por las manifestaciones de los motociclistas, la incertidumbre jurídica y el consecuente alto costo político.

El reto que enfrentan hoy la capital y la Sabana en la materia ya es descomunal y se está incrementando gradualmente dada la tendencia creciente y sostenida de los últimos años. Las motocicletas en Bogotá, en menos de una década, superarán el millón y luego serán más numerosas que los autos.

En conclusión, lo que haga Bogotá será de gran utilidad para el país y, sobre todo, para la Sabana, ya que la capital, junto con los municipios vecinos de Soacha, Funza, Madrid y La Calera, ya superan el millón de este tipo de vehículos. Esta prohibición es una medida básica; adicionalmente –para su éxito– se requiere de educación, monitoreo y control, capacidades muy limitadas tanto en el Distrito como entre los s.

Se necesitan, además de esta prohibición, medidas adicionales, las cuales deber ser acompañadas de una plataforma para las nuevas tecnologías e involucrar a la totalidad de las motocicletas sin diferenciarlas por cilindraje; se debería ensayar la prohibición de parrilleros solo en el centro expandido y crear un pico y placa para motos, como lo hace Medellín.

RICARDO MONTEZUMA, PH. D.