Repensar los ceses del fuego

El cese de las hostilidades es un instrumento del Derecho Internacional Humanitario para la búsqueda de la paz y la protección de los derechos de la población civil. Sin embargo, tiene riesgos que deben ser considerados estratégicamente para evitar una tragedia. El primero es que se aproveche para incrementar el control territorial por parte de los grupos armados, los cuales pueden aumentar su influencia territorial, como sucedió en el Caguán. El segundo es que, ante la ausencia de acciones de la Fuerza Pública, se abandone a la población civil. El tercero es que se desoriente un proceso de paz al verse el cese del fuego como el fin y no como un mecanismo para facilitar las negociaciones.

Según Indepaz, solo en el último año los grupos al margen de la ley incrementaron sus filas en un 11 %. El Eln pasó de tener presencia de 176 a 184 municipios; el ‘Estado Mayor Central’, de 117 municipios en 2022, a 172 en 2023; y la ‘Nueva Marquetalia’ pasó de tener incidencia solo en los Llanos orientales a expandirse al sur y el occidente colombiano. Uno de los efectos más graves de esta expansión es que se están generando conflictos entre los propios grupos armados, que tienen una guerra casada por el control territorial, lo cual, de entrada, elimina el efecto directo del cese del fuego.

¿Para qué un cese del fuego, si igual va a continuar el conflicto? Estas confrontaciones se están presentando en zonas del Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, en las que están ubicadas zonas de reincorporación, por lo cual la violencia está obligando a muchos desmovilizados a abandonar sus proyectos productivos y a huir a las grandes ciudades.

Aunque uno de los objetivos del cese del fuego es proteger a la población civil, en estos dos años ha sucedido todo lo contrario. Los ciudadanos están a merced de los grupos armados. El anterior defensor del Pueblo denunció hace unos meses que el reclutamiento se disparó en el Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá. El 68,4 % hacía parte de comunidades indígenas, lo que tiene un impacto sobre su cultura. Lejos de detenerse, se incrementaron las masacres y los asesinatos selectivos, pasando a ser, según Indepaz, 93 masacres de 300 víctimas en el 2023, y 41, con 138 víctimas, solo en el primer semestre de 2024. Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 se presentaron 123.000 casos de desplazamiento forzado. Las comunidades –que deberían ser beneficiarias del cese del fuego– se convirtieron en sus principales víctimas, tal como lo demuestra el paro armado del Eln en el Chocó, donde miles de comunidades están confinadas y sufren todo tipo de violaciones, sin que el Estado haga nada.

Finalmente, el efecto más complejo del cese del fuego es que no se está utilizando como un medio sino como un fin. Los grupos armados no lo ven como un instrumento para facilitar las negociaciones, sino como un derecho derivado de su lucha armada, lo cual es inaceptable en un Estado de derecho. Luego de dos años, las negociaciones no han tenido ningún otro resultado distinto a empoderar políticamente a grupos armados que ahora sienten que tienen derecho a que el Estado no los persiga por ser revolucionarios, mientras la población civil es masacrada en todo el país.

El Gobierno debe valorar la utilidad de los ceses del fuego y aplicarlos, con la exigencia esencial de que se suspenda cualquier afectación a la población civil y con plazos concretos, de acuerdo al avance de las negociaciones. De lo contrario, los grupos al margen de la ley van a seguir pensando que es un derecho y la ‘paz total’ va a terminar de naufragar sin ningún resultado.

P. D. Como están las cosas, lo realmente revolucionario en Colombia es defender la independencia judicial y la seguridad de nuestros jueces. No es posible que se desconozcan las decisiones judiciales y existan amenazas contra el Palacio de Justicia.

LUIS FELIPE HENAO

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