Las noticias diarias en materia de orden público son cada vez más desalentadoras. Crecen las masacres, las acciones de los grupos irregulares son cada vez más brutales, aumentan las poblaciones confinadas, el reclutamiento de menores es pan de todos los días, se disparan el secuestro y la extorsión, y las pantallas de nuestros televisores se invaden, en cada emisión, con escenas de sicarios que deambulan por las ciudades, con armas de fuego en mano, como en el viejo Oeste.
No es un tema de percepción. Es la realidad. Basta escuchar los angustiosos llamados que a diario hace el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, implorando que el Estado se apiade de la población de los territorios de la consolidación. O ver el reclamo de la gobernadora del Tolima a las autoridades nacionales, después de denunciar que volvieron las pescas milagrosas a ese departamento, luego de quince años en que no se veían retenes viales de la guerrilla.
Entre tanto, no se conoce de parte del Gobierno, responsable del orden público, ninguna acción eficaz, ni ningún plan creíble, que le permita a la ciudadanía confiar en que el Estado actuará para preservar su vida y sus bienes. Por el contrario, solo escuchamos crecientes concesiones a los grupos armados organizados e incalificables explicaciones sobre lo que pasa en el territorio. Por ejemplo, son inauditas las declaraciones que esta semana dio Camilo González, para validar el curso de las negociaciones con las disidencias, mientras atacan inmisericordemente a la población en el suroccidente del país; no se le escuchó ningún reclamo vehemente y, por el contrario, invitó a aceptar que todo lo que ocurre forma parte de la dinámica de la paz.
A la par de todas estas noticias, es desalentador ver que se están esfumando los logros alcanzados para mantener una Fuerza Pública capaz de someter a la criminalidad. El comandante de las Fuerzas Militares lo confirmó recientemente e invitó a sus hombres a recuperar la experticia de otros tiempos. ¿Cómo entender esto, si al mismo tiempo deciden suspender los bombardeos autorizados en el marco del DIH, su más eficaz ventaja estratégica? ¿Es posible pedirles a los soldados y a los policías más compromiso, mientras se acepta sin reserva que deben cruzarse de brazos para no incomodar a los bandidos que se benefician del cese del fuego bilateral, así ellos continúen sus acciones armadas?
La negación del grave problema de seguridad que se vive en las ciudades y en el campo puede ser fatal. Es necesario que en la agenda pública se priorice el debate sobre la situación del orden público
Por si fuera poco, ya no tenemos aviones Kfir operativos y los helicópteros del Ejército permanecen en tierra. La situación adquiere ribetes de angustia al ver a los soldados llevar a cabo sus ejercicios aéreos, colgados en las ramas de los árboles, como lo denunció recientemente Paloma Valencia. Y la decisión diplomática de no comprar material bélico a Israel no logra terminar el conflicto en el Oriente Medio, pero sí asegura que Colombia pierda uno de sus más importantes aliados en el suministro de armamento y apoyo logístico para nuestras unidades de combate.
En medio de todo este deprimente panorama, el Gobierno anuncia su meta de erradicación de cultivos para el presente año: solo 10.000 hectáreas, a sabiendas de que no habrá paz en medio del auge del narcotráfico. Se trata del esfuerzo más bajo de la Policía Antinarcóticos en toda su historia. Este anuncio es una verdadera provocación, a la que nadie reaccionó, con excepción del Gobierno de Estados Unidos. ¿Acaso volvimos a la época de ser contemplativos con la narcoindustria, porque le da un aliento a la economía y nos mantiene un bajo precio del dólar?
En este contexto nadie se explica cómo, esta semana, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares sostuvo, sin sonrojarse, que “Todas las cifras del delito están descendiendo de manera sustancial”. La negación del grave problema de seguridad que se vive en las ciudades y en el campo puede ser fatal. Es necesario que en la agenda pública se priorice el debate sobre la situación del orden público y que haya responsabilidades políticas.
Taponazo. Mientras Carlos Fernando Galán está apagando incendios, sin todavía hacer un corte de cuentas de la Bogotá que recibió, su antecesora anda de rumba en la ciudad.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA