¿Hipotecada?

“Me comprometo con la paz, pero apegada a la Constitución”, dijo la nueva magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, tras ser elegida este jueves por el Senado, de la terna que había enviado la Corte Suprema. La frase no despejó las enormes dudas en torno a su elección, después de que el propio Presidente de la República hablase uno a uno con los senadores más afectos al Gobierno para garantizar que votaran por ella, con el argumento de que la nueva magistrada será clave para que las normas que Ejecutivo y Legislativo saquen adelante, en desarrollo de los acuerdos de La Habana, no sufran tropiezos en la Constitucional.

Mal parada había quedado desde un principio la doctora Fajardo cuando el senador santista Armando Benedetti sostuvo que, de no salir ella elegida, las Farc podrían pararse de la mesa. La declaración causó doble sorpresa. Primero, porque sugiere que la negociación con las Farc aún no ha culminado –ya que siguen en la mesa–, y eso a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos se ganó el Premio Nobel de Paz justamente por haberla concluido con éxito. Y segundo, porque hasta esta semana los colombianos no sabíamos que dentro de los acuerdos no escritos con las Farc, esa organización en trance de desarme adquirió el derecho de bendecir o vetar a los candidatos a las altas cortes.

En fin... Tiende una larga sombra sobre la independencia de la nueva magistrada el hecho de que llegue al alto tribunal con un sello de flete tan abiertamente gobiernista. La fotografía del presidente Santos departiendo a manteles con decenas de senadores, en el lujoso apartamento del congresista Roy Barreras, y entregado a la tarea de asegurarse el voto por la magistrada Fajardo de todos esos comensales plantea varias delicadas cuestiones.

La primera es el debilitamiento de la influencia del Gobierno en el Congreso. Si el Presidente tiene que fajarse de ese modo, de frente y en persona, para que sus mayorías en las cámaras operen, y aun así apenas consigue que la doctora Fajardo salga elegida por 48 votos contra 43, quiere decir que de las otrora amplísimas mayorías de la Unidad Nacional va quedando poco. Cuántos puestos, cuántos contratos, cuánta ‘mermelada’, cuánto saqueo de las arcas públicas nos va a costar a los colombianos esta elección. Porque sabido es que muchos de esos votos el Gobierno tendrá que pagarlos por esa vía.

Y la segunda es otro debilitamiento: el de sagrados principios como la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Por fortuna para el alto tribunal constitucional, algunos de sus magistrados han dado muestras, en estos meses, de no plegarse a las presiones del Gobierno y de ser capaces de meterles mano a las leyes que desarrollan los acuerdos de La Habana si encuentran en ellas vicios de inconstitucionalidad.

Aunque esos acuerdos sobrevivieron –tras algunos ajustes menores– al rechazo de una mayoría de votantes en el plebiscito de inicios de octubre, es un exabrupto pretender –y menos después de esa derrota electoral– que los acuerdos están por encima de la Constitución o, peor aún, que la sustituyen. De modo que la Corte Constitucional está no solo en el derecho, sino en la obligación de revisar que esas leyes no vulneren la Carta y de tumbar aquellas normas que sí lo hagan. ¿Actuará la nueva magistrada en desarrollo de estos elementales principios o, por el contrario, nos confirmará con sus votos en el alto tribunal que, tras su apretada elección, quedó hipotecada al Gobierno?

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Sin pausa. Para quienes seguimos el día a día del caso Odebrecht, las decisiones tomadas esta semana por la Fiscalía indican que los procesos avanzan y que vienen nuevos destapes, nuevas acusaciones y nuevas capturas. Que se conozca la verdad es lo que el país exige y necesita.

MAURICIO VARGAS