Los resultados en seguridad vial nunca son buenos, son vidas que se pierden

Si de analizar la evolución de los datos de un año a otro se tratara, es perfectible pensar que algo estamos haciendo bien, puesto que al comparar el periodo de receso escolar que incluye el puente de Día de la Diversidad Étnica y Cultural, entre los años 2023 y 2024, encontramos reducciones del 80 % en el número de siniestros pasando de 1.452 a 292; del 77 % en lesionados la cifra pasó de 1.684 a 394 y del 60 % en víctimas fatales que, con corte a 15 de octubre, nos permite evidenciar que para 2023 fueron 273 las personas fallecidas, mientras que para 2024 fueron 106 las que perdieron la vida. Pero, basta con recordar que cualquier muerte en la vía es ciento por ciento evitable para que duelan aún más las 106 vidas de mujeres, niños y hombres que se perdieron en este corto periodo. O basta mencionar que los siniestros viales en Colombia son la primera causa de muerte violenta en mujeres, niñas y niños y la segunda en hombres.

En días pasados, este mismo diario se ha ocupado del tema con ocasión del fallecimiento de cinco jóvenes en el siniestro ocurrido entre Mosquera y La Mesa, y de que en los últimos 15 años se alcanzó la lamentable cifra de cien mil muertes en siniestros de tránsito, por ello, aprovecharé este espacio para ocuparme de evidenciar algunos datos que podrían arrojar luces de los desafíos que como sociedad tenemos e invitar a la reflexión sobre decisiones que debemos tomar.

Empecemos por develar que, de acuerdo con datos de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en lo corrido de 2024 han sido 7.732 las personas capturadas por uso de documentos falsos relacionados con conducción. El 57 % del total corresponde a falsedad en licencias de tránsito y el 43 % a licencias de conducción, seguro obligatorio y revisión técnico mecánica.

Ahora bien, entre el 4 y el 14 de octubre se impusieron 19.023 comparendos por no contar con la revisión técnico-mecánica, no portar licencia de conducción, no tener seguro obligatoria y exceder velocidad permitida, entre otros. Estos requisitos previstos por la norma tienen por objetivo prevenir que vehículos sin condiciones óptimas para su circulación estén en las vías y que personas sin la idoneidad necesaria estén detrás de un volante convirtiéndose, ambos, vehículos y conductores, en un riesgo vital para sí mismos y para los demás.

Ante esta realidad, todos los actores relacionados debemos conmovernos, indignarnos y ocuparnos de este problema de salud pública que nos compete a todos. En ese sentido, desde el Ministerio creemos que debemos cambiar nuestro sistema de licenciamiento hacia una licencia por puntos que ha dado resultados comprobados en países como Francia, España o Italia; generar un control y respeto efectivo de la velocidad, que en las zonas urbanas no debe superar los 50 km/h, ajustar nuestro sistema contravencional, implementar la pedagogía necesaria e incorporar tecnología para el control en vía. Aquí se requerirá de un compromiso irrestricto del Congreso de la República al que acompañamos en varias de las iniciativas que hoy cursan. Vale mencionar que el problema es de tal magnitud que, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros estudiosos, estimaciones recientes sobre el impacto económico dan cuenta de que por muertes y lesiones en siniestros viales los costos directos e indirectos ascienden a $23 billones al año, o el 2,4 % del PIB del país.

Y es que por donde se mire es una calamidad, hablamos mayoritariamente de jóvenes entre 15 y 29 que son la base del futuro del país. Esta realidad nos exige estar a la altura del desafío y tomar decisiones que aun cuando no sean populares son urgentes y salvan vidas.

MARÍA CONSTANZA GARCÍA

Ministra de Transporte