Los estertores de la tributaria

La reforma tributaria nació muerta desde su presentación. No tenía ambiente en la opinión, la academia la descalificaba y el Congreso no estaba dispuesto a pagar el costo político de su aprobación, mientras el Gobierno no da muestras de austeridad fiscal. De esta manera, era previsible su hundimiento, tanto más en momentos en que, por las investigaciones judiciales en curso, los expertos importados para aceitar el Congreso están con las manos amarradas.

En vez de salir a vociferar contra Raimundo y todo el mundo, lo que debería hacer el Pacto Histórico, de manera responsable, es promover una reforma del tamaño del Estado, focalizar adecuadamente el gasto social, repensar su política asistencialista, impedir que el dinero de los colombianos se vaya por la alcantarilla de la corrupción y adelantar un recorte sustantivo de los gastos de funcionamiento, empezando por los desplazamientos al exterior del Ejecutivo, para que el ejemplo cunda.

Pero no. Nadie habla del ajuste estructural y no se reconoce la inconveniencia del proyecto archivado. Luego de la caída de Ricardo Bonilla, guardábamos la esperanza de que el joven ministro Guevara apelara al sentido común, tuviera en cuenta los efectos perversos que tuvo sobre la economía la primera reforma tributaria de Petro, de la cual fue coautor, y dejara de lado su sesgo fiscalista contra los capitales, que –quiéralo o no– es de lo que depende este gobierno para generar crecimiento económico y empleo.

Pero, asombrosamente, prefirió honrar el fundamentalismo ideológico del Gobierno y se estrenó con una reforma hostil a la inversión y al sector privado, lo que ha deteriorado el recaudo y ha afectado el crecimiento. La máxima tarifa de renta de las personas naturales pasaba del 39 % al confiscatorio 41 %. No eliminaba el impuesto al patrimonio y, por el contrario, incrementaba su máxima tasa del 1,5 % al 2 %. Gravaba con impuesto al dividendo el 30 % de los resultados de las compañías, así no fueran efectivamente distribuidos. Derogaba el régimen de tributación especial de las sociedades de régimen simple, en contra de las pymes. Y, por si fuera poco, gravaba las utilidades empresariales por encima del 60 %, la tarifa más alta del mundo, como resultado de una tasa del 34 % para la renta de las sociedades y un impuesto a los dividendos a favor de personas naturales hasta del 41 %, para lo cual se derogaba sigilosamente el descuento del 19 % que prevé actualmente la legislación.

Se dice que, en las actuales circunstancias, el Gobierno buscará expedir la reforma mediante las facultades de una emergencia económica, lo cual es imposible, a la luz de la jurisprudencia constitucional. Faltaba más que pueda soslayarse el fallo democrático del Congreso frente a una reforma tributaria. Se trata de un hecho normal en la institucionalidad democrática, que no puede considerarse como un hecho sobreviniente que perturbe el orden económico.

Lo que empezamos a vivir es francamente delirante. Los gestores de la fracasada reforma, ante la imposibilidad de defender sus bondades, han dado rienda suelta a sus diatribas de plaza pública. Han vuelto con la teoría del golpe, ahora contra el pueblo, a sabiendas de que la propuesta era un golpe contra el bolsillo de los colombianos, que ya no aguanta. No sería extraño que ahora profundicen la crisis de las finanzas oficiales, para sindicar al Congreso de la grave situación fiscal, cuando esta fue engendrada por el propio gobierno, luego de ahuyentar a los contribuyentes y usar sin límites la chequera pública.

En medio del período preelectoral que se avecina, el progresismo no tendrá subsidios a manos llenas. Lo que lo llevará a imponer un discurso populista, señalando a la prensa y al establecimiento de ser responsables de los problemas de la salud, de la educación, de las vías y de los precios de los servicios públicos. Por contra, habrá que prepararse para demostrar que todo es producto de un mala política económica.

Taponazo: Esta semana Colombia estuvo en el centro de las lecturas previas a la entrega del Nobel de Economía en Estocolmo: Daron Acemoglu aludió a “la ausencia de Estado de derecho en Colombia”, mientras aquí nos concentramos en reformitas judiciales.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí)