La ‘paz total’ simbólica

Hasta el momento, la ‘paz total’ se está quedando en los símbolos. El primero fue el traslado de la espada de Bolívar a la posesión presidencial, el segundo, el homenaje al sombrero de Pizarro, el tercero los permanentes anuncios de negociaciones con el Eln y la Segunda Marquetalia –que no avanzan – y ahora, el anuncio del hallazgo de la sotana de Camilo Torres. Mientras tanto, el proceso no avanza y la retórica sustituyó a la ejecución.

Desde el punto de vista jurídico, la improvisación es total y demuestra que en los dos años que restan de Gobierno es casi imposible consolidar un marco jurídico para las negociaciones. Por ejemplo, para concretar el proceso de paz con las disidencias de las Farc es imprescindible modificar el título transitorio para la terminación del conflicto armado, cuyo artículo 5º establece expresamente que los mecanismos transicionales no podrán aplicarse a quien haya retomado las armas.

Este proceso requiere de ocho debates en el Congreso para reformar la Constitución, que tienen que darse en dos legislaturas distintas, es decir, que incluso si se presentara en esta legislatura, solamente podría ser aprobada a finales de 2025 o principios de 2026, momento en el cual es casi imposible aprobar un proyecto de ley en el Congreso por el periodo electoral.

Otro aspecto esencial que requiere la Paz para ser Total, es la aprobación de una ley de sometimiento que permita la desmovilización de del Clan del Golfo. Hoy es imposible el sometimiento en bloque de grupos al margen de la ley, pues los crímenes por los cuales se juzgarían, comenzando por el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, tienen excluido cualquier tipo de beneficio.

Los errores del Gobierno frente al Acuerdo de Paz son muy complicados. Por ejemplo, el ofrecimiento del excanciller Leyva de generar un tribunal de cierre distinto a la JEP ha venido deslegitimando a esa jurisdicción frente a los ex combatientes y ello está afectando los procesos. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo en el caso del secuestro, en el cual la Sección con Reconocimiento iba a proferir la primera sentencia de la JEP este año, lo cual ya es imposible, porque se han presentado nulidades y recursos que extenderán ese proceso durante muchos meses más.

Pero lo más grave es cómo el propio Gobierno no ha cumplido. Los excombatientes han cuestionado la labor de la Unidad Nacional de Protección y tienen razón. Solo en 2023 fueron asesinados 47 excombatientes y del total de 410 casos que se han presentado en los últimos años, 81 fueron asesinados mientras esperaban medidas de protección de la UNP. La semana pasada los excombatientes de Miravalle, en Caquetá, se retiraron debido a los combates del antiguo Etcr, lo cual ya pasó el año pasado en Buenos Aires, Cauca.

Al mismo tiempo, la cifra de víctimas indemnizadas no llega al 15 %, mientras que entidades como el Departamento de Prosperidad Social ni siquiera ejecuta los recursos, muchos de los cuales estarían destinados a los mismos sectores a los que pertenecen las víctimas. De los $ 15,19 billones que le asignaron para 2024, apenas ha usado $ 1,3 billones. Esta situación evidencia una falta de articulación enorme.

Y como lo denunció este diario “la ejecución de recursos para la reincorporación de los excombatientes a la vida civil es solo del 0,3 por ciento durante este 2024”, lo cual demuestra que el mayor enemigo de La Paz sí es el Estado, pero en cabeza del Gobierno, que voluntariamente legítimo a narcotraficantes como grupos políticos, los empoderó para ser los verdaderos verdugos de los exfirmantes.

Es momento de que el Gobierno abandone la política de símbolos y pase a la ejecución, pues de lo contrario, lamentablemente, en 2026 esa promesa de La Paz solo nos dejará el país convertido en un campo de batalla, con la brutalidad y el daño que conlleva.

LUIS FELIPE HENAO

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