La negra historia de los cupos

Los cupos indicativos volvieron al ojo del huracán político. Petro sostiene que siempre los denunció, aunque ite –para excusar a Bonilla– que su gobierno cayó en esta “encerrona”, por obtener unas aprobaciones legislativas. Suficiente para preguntarse quién es más culpable: ¿el que peca por la paga o el que paga por pecar?

En la reforma constitucional de 1968, Carlos Lleras prohibió la iniciativa de gasto del Congreso, a cambio de lo cual creó los auxilios parlamentarios, que fueron satanizados rápidamente, por lo cual la Constitución de 1991 los prohibió. Pero, como la realidad política indica que quienes conquistan la representación popular buscan obras para las comunidades que los eligen, inmediatamente nacieron los “cupos indicativos”, con el efecto perverso de que fueron utilizados por el Ejecutivo para cooptar el Congreso y en su manejo ganó la corrupción.

En tiempos del proceso 8.000, desde el Ministerio de Hacienda se facilitó un plan de entrega masiva de contratos a los legisladores, hasta dejarlos indigestos. La Sala Penal de la Corte inició un proceso penal y le ordenó a Juan Camilo Restrepo, minhacienda del entrante gobierno, que contratara una firma especializada para recobrar la información que, sobre el particular, había sido borrada en un computador de ese ministerio. Al recuperarse esta, se encontró la pecaminosa lista de contratos y de sus beneficiarios, pero la Corte nada pudo hacer por la famosa sentencia de Jorge Arango que rubricó la inmunidad parlamentaria. Recuerdo haber visto que el primer contrato “ejecutado” fue para la Villa Olímpica de Riohacha por $ 6.000 millones de la época, promovido por un célebre congresista guajiro, en donde hoy solo se ven cabras y su cagarruta.

Como una señal de renovación política, en el presupuesto de 1999 no se consagraron partidas de libre disposición para los parlamentarios. Pero al final del gobierno de la “Alianza para el Cambio”, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, en medio de un gran debate se restablecieron los cupos y la Ley 628 de 2000 contempló la suma de $ 300.000 millones para distribuir entre congresistas. Álvaro Uribe demandó esa ley porque era inisible “distraer estos recursos en menesteres electorales”. La Corte Constitucional concluyó que tales partidas eran constitucionales por tratarse de sumas destinadas al desarrollo regional, que no podían ser de libre disposición de los parlamentarios.

Paradójicamente, el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario (2003-2006) contempló millonarias “inversiones regionales por sectorizar”, que el Gobierno solo podía definir con el concurso de dos delegados de las comisiones económicas del Congreso. En un trino, Petro sostuvo esta semana que la Corte Constitucional declaró inexequibles tales partidas después de un debate suyo en el Congreso. No es cierto. Aquellas se cayeron con la Sentencia C-022 de 2004, producto de una demanda que impulsé como ciudadano a mediados del 2003, pero poco sirvió para proscribir la mermelada.

Germán Vargas Lleras –como vicepresidente– presentó múltiples derechos de petición ante varias autoridades del gobierno del que hacía parte, para perseguir los cupos indicativos. En esa época escuché decir al presidente Gaviria que, de seguir esa práctica, serían muchos los ministros de Hacienda que caerían. La firmeza con la que actuó Vargas le generó profundas tensiones con el ministro del Interior de entonces, el hoy repitente Juan Fernando Cristo.

Lo cierto es que los cupos parlamentarios se han utilizado en el pasado para comprar gobernabilidad, lo que se ha traducido –en palabras de la Corte Constitucional– en una práctica “viciosa tanto por pervertir las instituciones democráticas como por alimentar ilegítimas destinaciones de los fondos del erario”. Con razón ha dicho Petro esta semana para respaldar a Bonilla, sin que ello excuse a su gobierno, que “todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado”. La diferencia con lo que ha ocurrido en estos días es que nunca antes, como ahora, los cupos indicativos se convirtieron en maletas llenas de dineros, por decisión, según se informa, de los más altos funcionarios de la Casa de Nariño.

Taponazo. Los 20.000 muertos del aeropuerto El Dorado deben estar debajo de la ‘tercera’ pista.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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