La justicia, en riesgo

Colombia tiene una de las democracias más estables de América Latina. El único dictador que ha tenido fue Gustavo Rojas Pinilla. Nuestra tradición democrática se debe, en gran medida, a la valentía de nuestros jueces, quienes nunca se han doblegado ante el Ejecutivo y en innumerables ocasiones han ofrendado su vida por nuestro país, en una labor que es cada vez más riesgosa.

La violencia contra jueces y magistrados se disparó cuando la influencia del narcotráfico se extendió por todo el país. Según estadísticas de la Comisión Andina de Juristas, mientras que en los años 70 apenas se presentaron algunos casos de asesinatos de funcionarios judiciales, esta cifra creció, convirtiendo el trabajo en la justicia en una profesión de alto riesgo. El Fondo de Solidaridad con las Víctimas del Poder Judicial reportó que entre 1989 y 2008 se cometieron 270 asesinatos y 38 desapariciones de trabajadores de la justicia, incluyendo magistrados, de la rama judicial y fiscales.

Uno de los casos más terribles fue la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989. En los años noventa fueron asesinados decenas de fiscales que investigaban hechos de narcotráfico. Gustavo Zuluaga Serna y Tulio Manuel Castro fueron víctimas del cartel de Medellín, junto con el procurador general de la Nación Carlos Mauro Hoyos, asesinado en 1988 por órdenes directas de Pablo Escobar.

El mayor atentado a la justicia fue el de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Por ello hoy es inaceptable la exaltación de la guerrilla del M-19, usando los símbolos de ese grupo que asesinó a muchos de los magistrados antes de que se llevara a cabo la desafortunada retoma que acabó con la vida de los demás.

En los últimos años, las técnicas de ataque a la justicia se han sofisticado. La interceptación, el perfilamiento y la estigmatización son las nuevas metodologías utilizadas, ya no solamente contra magistradas y magistrados, sino contra instituciones enteras como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Ataques calculados como los que han sufrido los magistrados intachables como Jorge Enrique Ibáñez o Cristina Lombana son solo el comienzo de un plan sistemático para afectar a la justicia. Recientemente, magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado han venido denunciado ante la opinión pública la campaña sistemática de estigmatización de miles de bodegas y ‘trolls’ digitales, cada vez que emiten decisiones que afectan al Gobierno.

El Gobierno no puede sustraerse de su responsabilidad, cuando parece que la guerra sucia contra la justicia escaló de discursos y trinos que los responsabilizaba de un golpe blando a la implementación de una operación ilegal, denominada Orión, denunciada por el senador Luna, quien demostró que el Ejecutivo, a través de ‘jugaditas’ trató de dilatar el debate, dejando ver, en la cobardía, el gran pecado que esconden.

Es evidente que se viene urdiendo una campaña de desprestigio planeada calculadamente ante la importancia de las decisiones que tienen en sus manos, como las demandas contra la reforma pensional, la investidura de congresistas, la investigación de actos de corrupción y, sobre todo, la convocatoria a asamblea nacional constituyente que se viene por decreto para poder instalar el poder constituyente.

Hoy más que nunca vibran con fuerza las palabras de la magistrada Fanny González Franco, asesinada por el M-19: “Si es designio de Dios que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego”. Todos debemos ser parte de la primera línea que defienda nuestras cortes.

LUIS FELIPE HENAO

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