La corrupción está en la sala

La persecución judicial de la corrupción, bajo la teoría del “pez gordo” de Klitgaard, ha sido exitosa. Baste mencionar los casos Reficar, Odebrecht, el ‘cartel de la toga’, el ‘cartel de la hemofilia’, el ‘cartel de las Marionetas’, el ‘cartel de las pensiones’, Hidroituango, Fonade, Supersalud, Saludcoop y el PAE. Bolsillos de Cristal fue un exitoso programa de la Fiscalía para enfrentar esta plaga y desvertebrar las redes regionales de la corrupción. Aun así, las cosas siguen mal, con el agravante de que la creciente acción de los organismos de control tiene el efecto perverso de que, mientras más se actúa contra altos servidores públicos y empresarios, las noticias generan entre la opinión el sentimiento desesperanzador de que esta calamidad no tiene freno, cuando es todo lo contrario.

¿Qué falta para vencer este flagelo? Para empezar, se requiere mayor conciencia colectiva. Es francamente desalentador que, como lo cuestionó José Manuel Acevedo hace algunas semanas en EL TIEMPO, sea tímida la condena social y se les rindan honores públicos a autores de graves casos de corrupción. Aún recuerdo la sorpresa del Attorney General de Estados Unidos al constar personalmente, a finales del 2017, que en Cartagena se llevó a cabo un acto gremial en honor de los directivos de Reficar, investigación para la cual se había solicitado cooperación internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos y en cuyo buen suceso el Gobierno americano estaba más que comprometido.

También es definitivo que los mandatarios lideren esta lucha y sean referentes de integridad, como lo está haciendo Federico Gutiérrez en Antioquia. Los gobiernos no pueden decirse mentiras al respecto, ni mucho menos promoverlas y contribuir a desinstitucionalizar la acción del Estado en este frente. En este sentido es censurable que el Gobierno se presente como víctima del lodazal de una corrupción heredada y no reconozca que él está en el centro de los actuales escándalos. Porque las investigaciones han tocado al más íntimo entorno presidencial y, según ha trascendido, desde la Casa de Nariño se habría puesto en marcha un plan para corromper el Congreso y obtener la aprobación de sus reformas.

Era de esperarse que la Colombia Humana llevara a cabo un relacionamiento con el Congreso de carácter dialéctico y no construyera mayorías sonsacándoles parlamentarios a los demás partidos, mediante el ofrecimiento de canonjías. Así las cosas, no se hace bien en presentar al Gobierno como mártir del fango, cuando –por ejemplo– el cuestionado Olmedo López llegó a la UNGRD por el camino de las viejas prácticas de la política.

El desconsuelo es mayúsculo al ver que desde la jefatura del Estado se llama a la movilización popular, para confrontar a las autoridades que investigan. Se promueve la supresión de la Procuraduría, como moneda de cambio por el recto proceder de Margarita Cabello. Se hace común que a las embajadas lleguen personas indagadas por corrupción. Se retiran del servicio personas investigadas y luego se las reengancha, con ascenso incluido. Y se intimida a la oposición, que cumple una labor de control político.
En un modelo de gobierno estatista, será necesario, además, que los proyectos de ley le pongan talanqueras a la corrupción, fortaleciendo los controles, lo que se echa de menos. No todo puede ser queso para los ratones.

Petro tiene tiempo para rectificar y demostrarle al país que no comparte la iniciativa de “correr la línea ética”, como se mencionó en campaña.

Taponazo. El Gobierno debería anticipar la entrada en vigencia de la sentencia de inconstitucionalidad del Ministerio de Igualdad, con el fin de liberar billonarios recursos para sus programas sociales, hoy perdidos en burocracia y en una gestión ineficiente.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA​

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