En mi columna previa sobre esta misma temática (30 de julio de 2017) planteé que si bien no pueden desconocerse los esfuerzos que bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) hace el Gobierno Nacional para enfrentar el problema de la deforestación, estos podrían resultar infructuosos si no se asume la gobernanza forestal (GF) como la base para orientar las profundas transformaciones que requiere toda la gestión en este campo.
Pues bien, en total coincidencia con ese planteamiento, en el proceso jurídico resultado del cual se produjo la reciente sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia que declara la Amazonia como sujeto de derechos y ordena una serie de medidas para detener la deforestación, la Procuraduría General de la Nación, por intermedio del procurador delegado para asuntos ambientales, señaló que el Mads debe “formular una política de GF que garantice el manejo racional y sostenible de los bosques nativos de la Amazonia colombiana”. (Obviamente, esto mismo es aplicable para todo el país). Indicó además que precisamente la falta de una política clara de GF es causa de graves afectaciones no solo al ambiente sino a los derechos fundamentales de todos los colombianos, aspectos estos también comentados por Juan Pablo Ruiz en ‘El Espectador’ (10 de abril de 2018).
Sobre los argumentos que expuse en la columna mencionada al comienzo, muchos lectores manifestaron su acuerdo al tiempo que otros me preguntaron: bueno, pero ¿qué es GF? Para responder aquí a tal inquietud, podría citar muy diversos significados, pero tal vez baste con mencionar el que divulga el propio Mads en su página web oficial:
“La GF se refiere a cómo se toman las decisiones relacionadas con los bosques y las comunidades que dependen de ellos, quién es responsable, cómo se ejerce el poder y cómo se produce la rendición de cuentas. Comprende los procesos de toma de decisiones y las instituciones en los niveles local, nacional, regional y global (Cifor). Dentro de los elementos fundamentales de la GF se encuentran: voluntad política: poner en orden el sector y asegurar sustentabilidad del uso del recurso. Marco legal: reglas de juego que se puedan cumplir y controlar. Marco institucional: asegurar eficiencia y transparencia. Participación social: promover la veeduría y el control social.”
Si se hiciera un examen general de la situación actual a nivel nacional en estos aspectos y otros adicionales, tales como el marco de política y la implementación, aplicación y cumplimiento de políticas, planes y normas, el resultado no sería nada alentador.
Si Colombia como Estado quiere establecer un verdadero punto de inflexión en la lucha contra la deforestación, el próximo gobierno, cualquiera que sea el candidato elegido, tendrá que hacer un replanteamiento general de toda la gestión forestal, partiendo de una concepción de GF como la que divulga el Mads, pero siendo consecuente con la misma, lo que como mínimo implica tomar decisiones de fondo sobre asuntos estructurales que aquí ya se han mencionado antes: política forestal, ley forestal, espacios formales de participación, incentivos al manejo forestal y istración forestal pública.
En esta se requiere un auténtico revolcón, pues hoy está afectada por innegables debilidades técnicas y istrativas; en opinión de Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, en el país no hay institucionalidad forestal y se precisa reconstruir todo el sistema de gobernanza forestal.
Estípula: Humberto de la Calle ofrece las propuestas más consistentes para frenar la deforestación y para la conservación y el manejo sostenible de los bosques. Su fundamento es que hay que hacer la paz con la naturaleza para que podamos vivir en paz como sociedad.
JOSÉ MIGUEL OROZCO MUÑOZ