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¡Tolerancia cero con el acto criminal de violencia de género!

No podemos mantener un orden social que nos limita a ejercer derecho sobre nuestro propio cuerpo.

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La violencia de género constituye un grave problema de salud pública. Esta violación a los derechos de la mujer busca subordinarla, minimizarla y, prácticamente, borrarla del mapa.
Cuando un hombre, sea el que sea, estudiado o no, con posición y altos cargos o no, de sociedad o no, vulnera los derechos de una mujer, cuando pisotea su moral, la conduce a vivir una situación en muchas ocasiones traumáticas —que la ponen en un enorme riesgo de su salud física y mental—, está actuando de una forma que no merece otro nombre: delictivamente.
Cuando un hombre además abusa de su poder o influencia y decide minimizarla, aprovechándose de algún tipo de confianza que esta mujer le pueda tener, es también violencia de género. Un comportamiento con características desadaptadas y rasgos antisociales. Esta conducta debe definirse e interpretarse así, independientemente de quién se trate.
Ahora, la violencia de género tiene diferentes tipificaciones, en la que yo me centraré es en la que está asociada con obligar a una mujer a interrumpir su embarazo. Pues esa especialmente pasa desapercibida y amerita que la sociedad le ponga la lupa.
¿Se toma una posición clara y contundente contra el hombre que comete la atrocidad? ¿Se le aplica sanción social tanto como a la víctima? En la mayoría de los casos no.
No se puede banalizar, porque el cuerpo de las mujeres, en su territorio corporal y en su espacio psíquico, es y debe ser sagrado siempre, ¡y nadie tiene el derecho de violentarlo!
Tampoco debemos permitir ni aceptar que el hombre normalice sus actuaciones de no reconocer el derecho y la capacidad de decisión de nuestro género. No podemos, de ninguna manera, contribuir al mantenimiento de un orden social que nos limita a ejercer los derechos sobre nuestro propio cuerpo y nuestro proyecto de vida. Pues cuando se sufren estos actos, la víctima queda muy vulnerable. En muchos casos, las secuelas son irreparables. Entonces, ¿hay derecho a destruir la vida de otra persona así por así?
Cuando a una mujer se le obliga a interrumpir su embarazo, esto ocasiona que ella pierda la confianza en sí misma y en su entorno, independientemente de su edad, madurez o nivel intelectual. El mecanismo es el mismo, el daño es igual.
Además, convertir estos hechos de violencia de género en morbo, chismes de corredores y al mismo tiempo visualizarlos de forma inescrupulosa, revictimiza a la persona que ha sido vulnerada en su derecho.
Mi pregunta es, ¿se toma una posición clara y contundente contra el hombre que comete la atrocidad? ¿Se le aplica sanción social tanto como a la víctima? En la mayoría de los casos no. Entonces, ¿qué responsabilidad toma cada uno?
Lo que por el contrario se debe hacer (aprovechando la magia de las redes sociales) es condenar socialmente al agresor.
Recordemos que este sistema de violencia de género se basa en el desbalance de poder; de allí la importancia de ser empáticos y solidarizarnos con la víctima, ¡no con el victimario! Porque este ya tiene una conducta antisocial y la probabilidad de que siga haciendo sus fechorías y destruyendo el proyecto de vida de más mujeres es muy alta, porque, lastimosamente, este tipo de conductas son sistemáticas y no tienden a desaparecer por arte de magia.
HAIDY SÁNCHEZ MATTSSON

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