El otro exterminio

En estos días se ha dado una discusión nacional sobre el aterrador exterminio de la Unión Patriótica, a finales de los años ochenta. Es un debate saludable que con seguridad contribuirá a que el país, y sobre todo las nuevas generaciones, conozca un pasado que hay que evitar, a toda costa, que se repita.

De alguna manera, el Estado ha empezado a enmendar su responsabilidad en esos hechos. Quizás el acto más significativo en ese proceso de reparación haya sido el reconocimiento a la Unión Patriótica de que existe; de que la violencia no sepultó para siempre su oportunidad de hacer política, con el otorgamiento de la personería jurídica a ese partido. Es un acto en el que lo fundamental primó sobre inanes requisitos.

Menos visibilidad ha tenido otro proceso de exterminio de iguales características y protagonizado por los mismos actores, facilitadores y determinadores. Me refiero a la masacre sistemática de los dirigentes del Nuevo Liberalismo, que se plasmó en el asesinato de decenas de dirigentes de ese partido y que culmina en el magnicidio de Luis Carlos Galán. No se puede olvidar que los grandes aliados políticos e ideológicos de Virgilio Barco –en la tribuna y en el Parlamento– para proteger la democracia de la arremetida de los carteles de la droga y de los grupos paramilitares fueron precisamente Galán y su bancada.

Ya se sabe procesalmente que los coordinadores y autores materiales de ese escabroso crimen que les robó al país, a su partido y a su familia a Luis Carlos Galán fueron los mismos que asesinaron a muchos de los líderes de la Unión Patriótica. De allí que no sea aceptable el comportamiento del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado en cuanto a la negativa de acceder a la solicitud de tramitar la restitución de la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, a diferencia de lo que se hizo con la Unión Patriótica. Esa decisión desconoce la conexidad innegable de la salvaje persecución a ambos movimientos político-electorales. Además, se penaliza al Nuevo Liberalismo por no airear su causa en los escenarios internacionales y por confiar en la justicia y en los tribunales nacionales.

No dejan de ser desconcertantes la mezquindad y la pequeñez con que se ha intentado bloquear la rehabilitación legal de un partido que merece –como cualquier otro que hubiese sufrido la cruda persecución política del crimen organizado y de sus cómplices en el Estado– que se le repare sin ambigüedades y pueda retomar sus banderas y su rol en la democracia. Mucho me temo que el doble estándar que se ha aplicado tiene que ver con que al regreso del Nuevo Liberalismo le temen no solo los herederos de las mafias de esa época, sino quienes ven en su aparición en el panorama político un desafío contundente a sus aspiraciones electorales y a la preservación de sus prácticas corruptas y de su maquinaria burocrática. No se pueden explicar, de otra manera, la saña y las infinitas triquiñuelas con que se ha tratado de impedir el regreso de ese partido a la actividad política.

A Luis Carlos Galán lo silenciaron mediante el asesinato político. Ahora quieren silenciar su legado, el Nuevo Liberalismo, mediante el asesinato jurídico. Afortunadamente la solicitud de insistencia que presentarán el Defensor del Pueblo y el Procurador General ante la Corte Constitucional, para que considerara la tutela que busca rehabilitar los derechos del Nuevo Liberalismo, ha sido acogida para estudio. Dada la trayectoria de la jurisprudencia de la Corte, y la entereza de los magistrados, es muy posible que se haga justicia. Ojalá, por el bien del país y de la democracia.

Dictum. Para quienes creemos que el periodismo profesional e independiente es esencial para la democracia, no deja de inquietarnos la partida de Roberto Pombo. Colaboradores y lectores deploramos desde ya su ausencia.

GABRIEL SILVA LUJÁN