El cinismo del Gobierno con la corrupción

La corrupción en Colombia ha alcanzado niveles tan alarmantes que hemos pasado del asombro a la indignación y de la indignación al cinismo absoluto. Lo más grave no es solo la magnitud de los escándalos, sino la pasividad de un Gobierno que no solo los tolera, sino que convive con ellos y los promueve.

Más de la mitad del gabinete ministerial reconoce en privado que la situación es insostenible, pero en público se hace el de la vista gorda. La propia vicepresidenta ha manifestado su desconcierto: “Hay varios escándalos de corrupción; eso no está bien, no es lo que elegimos”. Mientras tanto, el director de la UNP ha señalado directamente al ministro del Interior por sus vínculos con el ‘zar del contrabando’; el ministro de Comercio ha revelado presiones indebidas por parte de más de 30 congresistas cuando dirigía la Dian; y el presidente de la República, en una muestra de hipocresía, ha pedido al director del DPS que deje de hacer política, pero al mismo tiempo se niega a aceptar su renuncia. A esto se suma la renuncia de cinco ministros que se negaron a compartir gabinete con dos de los personajes más cercanos al presidente Gustavo Petro.

Pero este descaro no es nuevo. Desde la campaña quedó claro que el Pacto Histórico estaba dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder. Los famosos petrovideos expusieron una estrategia en la que la ética no era más que un obstáculo, y la frase de Sebastián Guanumen sobre la necesidad de “correr un poco la línea ética” dejó de ser una simple confesión para convertirse en la doctrina oficial del Gobierno. Las reuniones secretas del hermano del Presidente con delincuentes en la Picota durante la campaña fueron apenas el inicio de un largo prontuario de corrupción.

Poco después, el escándalo estalló en la propia familia presidencial. Nicolás Petro, hijo del mandatario, fue acusado por la Fiscalía de recibir $ 400 millones del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro. Él mismo confesó estos hechos, pero ahora, asesorado por sus abogados, intenta retractarse. La doble moral es evidente.

Ya en el poder, la podredumbre solo se ha profundizado. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha protagonizado el peor escándalo de corrupción de los últimos diez años, salpicando a más de cuatro ministros, diez congresistas y altos funcionarios en todo el país. La primera ministra del Deporte también estuvo involucrada en la firma irregular de contratos en los últimos días de su gestión. Y lo peor es que esto es apenas la punta del ‘iceberg’.

Las recientes declaraciones del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, son una burla para los colombianos. Que denuncie ahora, casi dos años después, que más de 30 congresistas le exigieron nombramientos en la Dian es, como mínimo, un acto de cinismo. ¿Por qué no denunció en su momento? ¿Qué pasó con esas hojas de vida? ¿A cambio de qué favores políticos se hicieron esos nombramientos? La indignación no puede convertirse en un escudo para encubrir responsabilidades.

Y por si todo esto no fuera suficiente, se ha destapado un nuevo entramado de corrupción en el sector salud, con funcionarios de alto nivel directamente implicados, según lo ha revelado el propio exsuperintendente. El saqueo del sistema de salud, en medio de la crisis, es un crimen imperdonable.

Sin embargo, el acto más cínico de este gobierno ha sido entregar el ministerio más importante del país a una persona acusada de corrupción por la Corte Suprema de Justicia. Con esta decisión, el presidente Petro ha dejado claro que la lucha contra la corrupción no le interesa en lo más mínimo. Sus aliados y seguidores, que antes criticaban con vehemencia a personajes como Armando Benedetti, ahora callan y justifican. El progresismo ha perdido toda autoridad moral para denunciar la corrupción.

Colombia no puede seguir tolerando un Gobierno que no solo permite la corrupción, sino que la institucionaliza. La impunidad no es una opción. La indignación debe convertirse en acción.

LUIS FELIPE HENAO

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