El Catatumbo: ¿paz por decreto?

Verdadera aflicción ha causado la guerra del Catatumbo. Los registros dantescos de decenas de colombianos asesinados, muchos de ellos niños, carcomen el alma de la Nación. El éxodo masivo de miles de campesinos, ahora desposeídos, buscando techo y alimento, es una grave tragedia humanitaria.

Lo que ha ocurrido tiene que generar una profunda indignación, por la irresponsabilidad del Gobierno. No fueron suficientes las alertas tempranas de la Defensoría, ni las cautelas de los mandatarios locales y personeros, para prevenir la situación que se avizoraba.

Sin embargo, mindefensa sostiene que no se tenía información y que por ello no actuó oportunamente. ¡Vaya excusa! Al parecer era el único colombiano que no estaba enterado de la grave situación de orden público del Catatumbo. Las autoridades nacionales no solamente estuvieron oportunamente alertadas. Bastaba leer en ‘Semana’ los escritos y las entrevistas de valiente reportería de Salud Hernández-Mora para saber con certeza que allí estaba escalando el conflicto armado de manera delirante, a partir de una confrontación entre el Eln y un grupo disidente de las Farc.

Luego de tanta mortandad y desplazamiento, sería de esperar que la situación fuera conjurada en el menor tiempo posible. Pero francamente desconcierta que, en medio de las dificultades que allí se están viviendo, se opte por buscar sedativos para calmar la situación y el dolor. Porque la conmoción interior es una aspirina mediática, al punto de que la discusión ha gravitado sobre su pertinencia y la demora en decretarse, mientras el drama humano continua.

Es bastante ingenuo pensar que el orden público se recupera a punta de decretos. ¿No será tiempo de entender que el imperio de la ley se logra mediante el uso de los poderes ordinarios del Estado? Más que decretos, lo que necesitamos es que empoderen a la Fuerza Pública. Que los generales dejen las cabeceras municipales y entren con su tropa al escenario del conflicto, hoy sin Dios ni ley, donde no es posible siquiera que los funcionarios de Policía judicial hagan los levantamientos de cadáveres. Que se utilice el poder letal de los bombardeos, suspendidos irresponsablemente. Que se judicialice a los bárbaros. Y, claro está, que se vea la inversión social, en vez de que se aplace, como ha ocurrido con el plan Catatumbo.

No es fortuito lo que se vive en Tibú, La Gabarra y otras zonas del país. El Gobierno se engolosinó con una ‘paz total’ ineficaz, dispuso ceses de fuego unilaterales que fortalecieron la criminalidad, excarceló a los jefes de los grupos armados organizados y desde el primer día tiene a su Ministerio de Justicia dedicado a trabajar en proyectos de sometimiento, para que las bases delictivas tengan la certeza de que solo les esperan sanciones blandengues, frente a sus delitos de lesa humanidad.

También tendrá que entenderse que esta es una guerra producto del narcotráfico, que se gestó desde el día que, desde El Tarra, en diciembre del 2022, Petro anunció con bombos y platillos que no habría erradicación de cultivos ilícitos y que, no obstante la ley penal vigente, no judicializaría a los cultivadores de coca, en medio de una asamblea cocalera, integrada por guerrilla y carteles mexicanos. Gracias a esta patente de corso y su proximidad a Venezuela, el Catatumbo se convirtió en la segunda región cocalera de Colombia y en un infierno.

Nada pasará si la acción oficial no replantea su política en todos estos frentes y toma decisiones con autoridad. ¿Cómo es posible que a estas alturas haya negociaciones con reincidentes y el proceso de paz con el Eln continúe vigente, aunque suspendido? ¿Cómo es posible que el Gobierno no haya revocado el levantamiento de las órdenes de captura de 31 comandantes elenos y haya tenido que hacerlo la Fiscal General?

El Gobierno tiene el deber constitucional de imponer el orden. No de negociarlo. Y para ello cuenta con el ejercicio de las atribuciones ordinarias de la Fuerza Pública, lo cual excluye la pertinencia de una conmoción de papel.

Taponazo. Los elenos pasaron por territorio venezolano a los pocos días de posesionarse Maduro. ¿Alguna duda de que la dictadura es un problema para nuestra seguridad nacional?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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