El asedio a la Corte Constitucional

A los 33 años de su creación, la Corte Constitucional enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La arremetida en su contra no es casual, sino una estrategia calculada para socavar su independencia y someterla a la voluntad del Ejecutivo. Como bien lo señala el magistrado Jorge Ibáñez: “La Corte no solo verifica la conformidad de las leyes con la Constitución, sino que ha sido un espacio de deliberación donde se han decidido los grandes dilemas jurídicos del país”.

Precisamente por ello, resulta inaceptable que el Gobierno emprenda una campaña de desprestigio para evitar que sus reformas –cargadas de vicios de trámite, normas inconstitucionales y retrocesos democráticos– sean declaradas inconstitucionales.

El ataque ha comenzado con una estrategia de múltiples frentes:

1. El sabotaje a la decisión de la Corte sobre la UPC de 2024. La maniobra del Gobierno ha consistido en bloquear el reajuste ordenado por la Corte Constitucional, recurriendo a nulidades sin fundamento y a la negativa radical del Ministerio de Salud de acatar el fallo. Su objetivo no es otro que ganar tiempo hasta lograr un cambio en la composición de la Corte, mientras se libra una guerra de desinformación en redes sociales contra el sistema de salud y la misma Corte.

2. La amenaza de las calles. Los ataques contra la Corte buscan evitar que se hunda la reforma pensional. En un acto público, Gustavo Bolívar expuso sin tapujos la estrategia: “Nos vemos en las calles, dice el Presidente, porque esas reformas hay que defenderlas en las calles. Gracias a nuestros héroes valientes del estallido social, sabemos que vamos a salir a luchar por estos viejos, que muchos de ellos no tienen los alientos suficientes para ir a las calles”.

Todo el país sabe que la primera línea fue el brazo de choque del Pacto Histórico para llegar al poder, y hoy pretenden utilizarlo de nuevo para intimidar a la Corte. A esto se suma la petición del Presidente de una audiencia ante la Corte para debatir la reforma pensional, una solicitud jurídicamente improcedente, pero cuyo verdadero propósito es montar un espectáculo y llevar sus huestes a la plaza de Bolívar para presionar a los magistrados.

3. Las mentiras sobre el fallo del Icetex. En su cuenta de X, el presidente Petro lanzó una acusación falsa, asegurando que la Corte Constitucional había tumbado la tasa de interés cero para los créditos del Icetex. Sus palabras fueron: “Este informe no tiene en cuenta el dato más importante: fue la Corte Constitucional, en su sabiduría aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés, que el gobierno logró aprobar en el Congreso”.

Sin embargo, la realidad es que la Corte declaró inconstitucional el artículo 95 de la Ley 2277 de 2022, que no tiene relación alguna con los créditos subsidiados. Esta falsedad no es un simple error: es un intento deliberado de manipular a la opinión pública y señalar a la Corte como un obstáculo a su gobierno.

El sábado, el Presidente dejó clara su intención de someter a la Corte: “El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios, si yo soy el jefe de Estado”. Su frase es reveladora: para él, la independencia de las altas cortes no es más que un obstáculo a su poder.

La advertencia del magistrado Ibáñez resuena con más fuerza que nunca: “La historia nos advierte sobre los peligros de la indiferencia frente a la democracia”. No podemos permitir que la democracia sea erosionada por la coacción, la propaganda y el populismo. La independencia de la Corte Constitucional no es negociable. Porque, como lo ha demostrado la historia, cuando la justicia se subordina al poder, lo que sigue es la tiranía.

LUIS FELIPE HENAO

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