Campeones mundiales en criminalidad

Como van las cosas, al finalizar este año Colombia logrará el campeonato mundial en materia de criminalidad. Al cierre del 2023, ya éramos los subcampeones a nivel global y los primeros entre 35 naciones de América, según el ‘Índice global de crimen organizado’ (web: ocindex.net), un reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, una ONG suiza que ayuda a construir una estrategia mundial contra la delincuencia estructural.

Los resultados anteriores surgen de evaluar el desempeño delictivo de 193 países. El primer lugar lo ostenta Myanmar (Birmania), un país que, como el nuestro, está azotado por un grave conflicto interno y la producción ilícita de drogas, al punto de que en el 2023 desplazó a Afganistán como el mayor productor de opio del mundo. El deshonroso segundo lugar le corresponde a Colombia, la mayor nación productora de cocaína a nivel mundial. Le siguen, en su orden, México, Paraguay, el Congo, Nigeria, Suráfrica, Irak, Afganistán y Líbano. Estamos por encima de todos estos países, ¡así como se lee!

Para llegar a los fatídicos primeros puestos se requiere que en cada país existan verdaderas organizaciones mafiosas, redes de apoyo criminales, actores estatales involucrados, bandas extranjeras actuantes y complicidad del sector privado. Vistos estos cinco factores, nadie puede alarmarse de que Colombia se haya ubicado en los primeros lugares de la criminalidad mundial.

Aquí proliferan carteles mafiosos hasta de naturaleza guerrillera, bandas que apoyan su actividad en el territorio, facilitadores en el Estado y, más recientemente, después del acuerdo de paz, agentes extranjeros, como los carteles mexicanos de la droga, que hoy son reyes en los territorios de la desmovilización.

Toda una estructura de criminalidad que está asfixiando a los ciudadanos. Cada día más, a partir de las crecientes mercedes legales que se otorgan, bien como agentes de paz o como beneficiarios de una política criminal cada vez más laxa, o gracias a las directivas oficiales para amarrarle las manos a la Policía, la indiferencia gubernamental frente a los cultivos ilícitos o los ceses del fuego, que son utilizados por las organizaciones delictivas únicamente para fortalecerse. ¿Qué dirán los analistas internacionales cuando advierten, por ejemplo, que los agentes de paz diplomados con rúbrica presidencial, como alias Gafas, obtienen su inmediata libertad para seguir secuestrando y desplazando gente en sus comunidades?

El indicador también se nutre del desempeño de 15 modalidades del crimen organizado, tales como la extorsión, el tráfico de armas, el contrabando, el comercio ilícito de drogas, el ciberdelito, el tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los crímenes financieros. No incluye el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento de personas, el confinamiento y el secuestro, en los cuales somos campeones. Si fuera así, ya nos habrían declarado fuera de concurso a nivel internacional.

Lo impactante es que en las nuevas fenomenologías delictivas, también empezamos a tener reconocimiento ecuménico. Basta ver lo que ocurre con el comercio sexual de menores. O con el tránsito de almas por nuestro territorio, promovido por mafias que se lucran de la migración ilegal, con el concurso cómplice de las autoridades.

Hay que tomar en serio la política criminal o dejaremos de ser una sociedad viable. La improvisación no puede seguir reinando. Ahí está en lo que quedó la cacareada reforma de la justicia, no obstante las legítimas expectativas de la academia y de la sociedad civil. Tampoco es posible desescalar la violencia, a punta de concesiones y de debilitar el Estado de derecho. Con razón dice Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que “todo lo que se pueda hacer en materia de seguridad se tiene que hacer”. Es decir, hay que someter al delito y no solo otorgar beneficios al crimen, que sigue siendo lo tangible de la ‘paz total’. La comunidad internacional no debería permanecer impasible frente a esta realidad que nos llevará, inexorablemente, al primer lugar de la criminalidad mundial.

Taponazo. Como parte del acto de reparación a las víctimas de la UP, debería hacerse público el informe del 2018 que, sobre este exterminio, elaboró la Fiscalía para la JEP.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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