Bufones de la constituyente

Sin embargo, el Estado de derecho también ha tenido sus detractores y dentro de ellos está el marxista Antonio Negri, cuya obra explica el disparate de querer convocar una asamblea constituyente, pero no para cambiar la Constitución, sino para aplicarla. Esta idea surge de lo que Negri denomina “poder constituyente”, señalando que está por encima de las leyes y la Constitución.

Negri se puede entender en dos citas sencillas: “es lo contrario de la idea constitucionalista de ‘checks and balances’, el signo de una expresión radical de la voluntad democrática” y “el paradigma del poder constituyente es el de una fuerza que irrumpe, quiebra, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda continuidad posible”. En pocas palabras, el poder constituyente está por encima de todo y quiere cambiarlo todo.

Para los seguidores de Negri, dentro de los cuales están los áulicos del Gobierno, la Asamblea no es el camino, es el fin a través del cual se quiere gobernar, tal como se ha hecho en muchas dictaduras que revocaron el Congreso y las Cortes a través de su convocatoria.

Sin embargo, en este momento el camino para lograr convocar la asamblea constituyente está bloqueado porque requiere la aprobación del Congreso. Por eso Leyva se inventó que el Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc exige la convocatoria a una asamblea constituyente. Para ello utilizan el párrafo dos de su página 7 en el que se afirma que el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep “convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional”. Eduardo Montealegre apoyó esta tesis y agregó que el Acuerdo Final como Acuerdo Especial hace parte de la Constitución.

Salta a la vista que esta interpretación es un disparate por diversos motivos: 1) La expresión utilizada en el Acuerdo de Paz no es Asamblea Nacional Constituyente, sino Acuerdo Político Nacional, lo cual es totalmente distinto. 2) La expresión ni siquiera se encuentra dentro de los puntos acordados, sino en sus consideraciones generales. 3) La más contundente: NINGUNO de los 8 signatarios del acuerdo final (incluyendo los delegados que hicieron parte de las Farc) respalda esta tesis.

Esta no es una idea nueva. Hace 8 años Montealegre presentó una demanda ante la Corte Constitucional en la cual manifestó que el ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, contenido en una resolución istrativa, hacía parte de la Constitución. La Corte rechazó totalmente esa tesis en la sentencia de C-171 de 2017 “por ineptitud sustantiva de la demanda”. Asimismo, la Corte Constitucional en las sentencias C 379 de 2016, C 171 de 2017 y C-630 de 2017 y el Consejo de Estado y la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en el Concepto 2323 de 2016, negaron que el Acuerdo de Paz tuviera aplicación directa como parte de la Constitución y exigieron que para implementar cualquier aspecto se debía realizar un proceso de refrendación.

Lo que está en juego con este disparate no es un acuerdo político, es el Estado de derecho que quieren sustituir con un poder constituyente. Lo cual sería darle un golpe de Estado a la democracia. Dejando los bufones de ser graciosos para convertirse en peligrosos.

LUIS FELIPE HENAO

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