Autismo oficial

Pero el Gobierno no parece oír. De inmediato subestimó las marchas y actuó en contravía del reclamo popular: impulsó a toda costa la aprobación de la reforma pensional, anunció la reedición de la fallida reforma de la salud, le puso conejo al acuerdo que selló con los liberales del Senado para votar el proyecto de pensiones y convocó a su denominado “poder popular” para comprometerlo con sus reformas, mediante una constituyente.

Mucho me temo que la amenaza de la convocatoria a una asamblea constituyente es apenas un ardid estratégico para ocupar a la opinión pública en una fantasía, mientras –por otro lado– se avanza con las reformas. Dicha constituyente es imposible porque no tiene los votos para viabilizarla en el Congreso y porque si se pretendiera imponerla por decreto, según se especula, no sobreviviría un segundo en manos de las cortes.

No hay que caer en distracciones. Debemos concentrarnos en seguir las reformas en curso y explicar, de manera simple, las razones de su inconveniencia, como ocurre con la reforma pensional, cuyo trámite se forzó esta semana por consejo de la soberbia oficial, con lo cual se ratificó que quienes coticen para su vejez hasta 2,3 salarios mínimos no volverán a ver ese dinero en sus cuentas personales en las AFP. Porque se lo quedará el Estado. Es como si cada año, el Gobierno le expropiara a la gente de sus cuentas de ahorro bancarias una suma equivalente a 35 millones de pesos. Y, como si fuera poco, Petro se propone aumentar la expoliación a 4 salarios, con lo cual cada trabajador perdería 65 millones por año de su ahorro pensional.

La filosofía actual es que el Estado lo asuma todo, con lo cual se pretende ahora marchitar las AFP, que dejarán de istrar la mayor masa futura de ahorro pensional y dejarán de ser pagadoras de las mesadas. Es algo inexplicable si se recuerda que el Seguro Social dilapidó los ahorros de tres generaciones y que las as privadas han logrado acumular un ahorro institucional por más de 400 billones, sin escándalo alguno, y –por el contrario– han obtenido para sus afiliados la más alta tasa de rentabilidad entre los países de la Ocde.

Lo absurdo es que ni los promotores del proyecto creen que Colpensiones pueda asumir las nuevas responsabilidades, tanto más si su Presidente considera que con el dinero pensional se pueden construir obras faraónicas. Aunque se dice haberle entregado su istración al Banco de la República, se trata de una ilusión, porque el Emisor tendrá que hacer lo que le ordene un Comité Técnico de origen gubernamental, del que formarán parte cuatro expertos, con un período fijo de cinco años, con lo cual el actual gobierno asegura desde ahora lo que se hará con este ahorro durante el próximo gobierno. Y, por si fuera poco, se le crea una junta a Colpensiones con tres directores independientes, que también nombrará la Colombia Humana y permanecerán en sus cargos por los próximos cuatro años.

Además de inconveniente, todo esto es inconstitucional, porque los congresistas no tienen iniciativa para fijarle nuevas tareas al Emisor (art. 154 CN) y mucho menos pueden atornillar en la silla a los directores de Colpensiones, porque son agentes del presidente, de su libre nombramiento y remoción (art. 189 CN). Habrá que recordar las palabras del senador Petro en el 2021, contra el autismo oficial: “La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo”.

Taponazo. Hay mérito para que el próximo 1.º de mayo marchen los trabajadores contra la reforma pensional.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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