Las falacias de la oposición

Era apenas previsible que los agentes de la reacción, declarados adversarios de la justicia social, se dedicaran a farfullar sibilinas falacias para impedir el avance de las grandes reformas económicas, sociales y políticas de la Colombia Humana con las cuales el presidente Petro se propone sembrar confianza y establecer líneas legítimas de convivencia entre los compatriotas para convertir a Colombia en una potencia de la vida.

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Frente a la salida progresista y democrática, los sectores dominantes tradicionales —aparentemente heterogéneos— han esgrimido una narrativa en diversos escenarios, acompañada de una frágil sustentación científica y una pobreza mental a la luz de livianos bosquejos teóricos que evidencian su nula convicción cultural y una escasa formación política para el debate público.

En todo ello se advierte solo un deplorable interés por impedir el mejoramiento del país con transformaciones de hondo calado como las que contienen las reformas aludidas y el Plan Nacional de Desarrollo, en cuyo bloqueo y derrumbamiento derrochan su deficiente red neuronal.

Es difícil encontrar en los pronunciamientos de estos “críticos” conceptos razonables, coherentes y lúcidos sobre su entorno social y espacial que no estén cargados de paradojas y contradicciones sobre cuyas bases no están dispuestos a responder con claridad.

Díganlo si no las ambiguas y sesgadas afirmaciones de las senadoras Ingrid Betancur, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y compañía, quienes, tal como sus compañeros de barra brava, han experimentado amargura y repudio por las transformaciones anunciadas, sin que acompañen tales argumentos con la elocuencia conceptual indispensable para que la ciudadanía las considere apropiadas en la hora crítica del despegue hacia el cambio que vive Colombia.

En contraste, este Gobierno con la presencia activa de un equipo académico de investigadores y científicos de alto nivel, como Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y el brillante historiador Medófilo Medina (director del Instituto Caro y Cuervo), se la está jugando por la educación, la salud, el empleo y la paz de los colombianos.

Un equipo que conoce y domina a fondo la historia estadística, económica y sociopolítica del país con cuya articulación seguramente le aportará modernas concepciones al Estado colombiano y al desarrollo nacional.

Prueba de ello es que le está entregando más recursos a las EPS. Es un esfuerzo grande, en el que su Plan de Desarrollo Participativo pasó de $ 40 a $ 51 billones.

El PND 2022–2026 es uno de los instrumentos más democráticos de la historia. Es el resultado de un proceso participativo que recibió más de 6.500 proposiciones y cuyas bases están inspiradas en las propuestas entregadas por los más de 250.000 colombianos y colombianas que participaron en los 51 Diálogos Regionales Vinculantes.

Se trata de un proceso de socialización con la ciudadanía, movimientos sociales y grupos de interés, congresistas, y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), espacios que enriquecieron la hoja de ruta planteada por el Gobierno Nacional para los próximos cuatro años.

El Gobierno incrementó el presupuesto de salud en un 25 % para todo el Ministerio de Salud y en un 16 % para la Unidad de Pago por Capitación, UPC, un indicador que, multiplicado por el número de afiliados, determina la transferencia de fondos a las EPS muy por encima de la tasa de inflación actual del país.

En el Consejo Nacional del Sistema Universitario Estatal (SUE), la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, presentó los avances del programa de ampliación de cobertura y del plan para garantizar el financiamiento y la sostenibilidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país, incluyendo las 34 universidades públicas.

La ministra Vergara afirmó que se han destinado cerca de $ 9,5 billones a este subsector, de los cuales $ 6,3 billones financiarán los presupuestos de funcionamiento e inversión de las IES públicas.

Todo lo cual contribuirá a abrirle paso a nuevos procesos de paz y a consolidar la convivencia anhelada tanto como a dilucidar con mayor claridad el considerable y amorfo problema de la violencia política.

Como lo anota en meridiana síntesis el investigador Malcom Deas (recientemente fallecido): “En Colombia la violencia política no se debió a que fuese una sociedad de castas, de desigualdades, de patente injusticia social y opresión. Por supuesto que no nuestro país no era un paraíso igualitario. Hemos padecido clanes, castas, desigualdad, injusticia y opresión. Pero esto se daba en todos los países del hemisferio de manera más severa que en Colombia”.

ALPHER ROJAS