Abuso de poder

En los últimos meses han salido a la luz pública varias denuncias contra reconocidos líderes políticos. En agosto, el expresidente argentino Alberto Fernández fue denunciado por su exesposa Fabiola Yáñez por violencia de género. En septiembre, el reconocido intelectual brasileño Silvio Almeida, entonces ministro de Derechos Humanos, fue denunciado por acoso sexual. En octubre, el diputado español Íñigo Errejón dimitió después de conocerse unas denuncias por acoso sexual en su contra. Hace unos días, Viviana Vargas interpuso una denuncia por acoso sexual contra Diego Cancino, exviceministro del Interior, a la cual se han ido sumando los testimonios de otras mujeres.

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Lo que tienen en común estos casos es que son hombres con poder, se dicen de izquierda, y, por lo tanto, saben muy bien cuáles son las reivindicaciones de las feministas. Es necesario aclarar que esto no significa que en la izquierda haya más acosadores que en la derecha, lo que significa es que en la izquierda somos más las mujeres que nos atrevemos a denunciar y a alzar nuestra voz. Apenas lógico considerando que el feminismo es un movimiento que busca transformar la sociedad.

Lo que muy pocos saben es que esas denuncias son la parte visible de un largo y penoso proceso en el interior de los partidos. Un proceso infructuoso, de ahí que las denuncias terminen saliendo a la luz pública. La víctima no solo esperó días, meses, incluso años, para denunciar, sino que, antes de hacerlo, tuvo que haberlo consultado con organizaciones y abogadas feministas; tuvo que haber seguido el "conducto regular" y recurrido a varias instancias del partido, los supuestos "comités de ética", y tuvo que haber contado los hechos, una y otra vez, a líderes y lideresas de esos partidos.

Por ejemplo, soy testigo de que las denuncias contra Hollman Morris, íntimo amigo de Petro y actual gerente de RTVC, pasaron por muchas instancias y por las manos de muchas personas antes de salir a la luz pública. Se hicieron públicas precisamente porque sus víctimas no obtuvieron ninguna respuesta en la Colombia Humana o en el Pacto Histórico, ni ningún apoyo por parte de sus líderes, quienes, por temor a perder un contrato o un puesto, prefirieron el silencio cómplice. De tal manera que los partidos siguen siendo espacios inseguros para nosotras y esa es una de las razones por las que, cada vez más, se recurre a la denuncia pública.

Otro aspecto importante en este debate es saber qué acciones toman los partidos una vez conocidos los hechos. En el caso de Silvio Almeida, el presidente Lula no esperó ni 24 horas para sacarlo del Gobierno. Era apenas lógico que tenía que defenderse sin seguir abusando del poder que tenía en el Ministerio. La dimisión de Errejón también fue casi inmediata.

En este sentido, a nivel latinoamericano, el caso más vergonzoso es el colombiano. Así como he reconocido los buenos resultados de esta istración, debo decir que es decepcionante la actitud que ha tenido el Gobierno frente al recurrente abuso de poder de algunos de sus funcionarios. No conozco otro caso en el que un presidente, que se diga progresista, haya decidido quedarse con los brazos cruzados frente a estas graves acusaciones. Nuevamente, se burla de las víctimas y de todas las personas que votamos por este proyecto creyendo que, en muchos aspectos, actuaría de manera diferente.

Está bien que la izquierda siga enfocada en el trabajo a largo plazo, la lucha contra el cambio climático y en el fin de la guerra, pero ¿qué hacer mientras se construye ese camino que tomará varias generaciones? Lo mínimo es que, al mismo tiempo, se trabaje también para transformar el presente: para que las vidas de las mujeres, y de todas las personas, en el aquí y en el ahora, sean menos miserables y más dignas.