Consulta popular inoportuna

SEÑOR DIRECTOR:

Por la millonaria inversión, el poco tiempo del que dispone la istración del presidente Petro y la proximidad del debate electoral, la realización de una consulta popular no es conveniente para Colombia. Así sea con base en la Constitución, es inapropiada para el momento que vive el país.

Convocar una consulta popular, ante el archivo del proyecto laboral, es un hecho desgastante para el mismo Gobierno, pues causará una inversión de muchos millones (unos $ 300.000 millones) y afectará las finanzas del Estado. Un dinero no contemplado en el Presupuesto General de la Nación. Además, el tal fracaso del acuerdo nacional, que tanto menciona el Presidente, nunca ocurrió. Es más, en la discusión de los proyectos de salud y laboral no hubo consenso con los voceros de los gremios económicos. Todos, y más aún el jefe del Estado, debemos respetar la independencia de poderes. El mandatario debe dar ejemplo y no convocar marchas.

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La propuesta de que el Senado autorice la consulta popular por no aprobar las caprichosas reformas del Gobierno ignora la voluntad del Congreso, que, en su sabiduría, toma las decisiones que más le convienen al país. El Presidente no puede seguir invocando que su proyecto político fue autorizado por más de 11 millones de votantes, sin tener en cuenta que más de 10 millones se opusieron a él, quedando un respaldo real de algo más de 700.000 votantes, de los que más del 50 % está arrepentido, lo que demostraría el poco respaldo con que cuenta hoy el Ejecutivo.

Es claro y muy evidente que Colombia pasa por un desorden público sin antecedentes. Hay que hacer respetar la Constitución. Las normas de respeto a la República hay que hacerlas cumplir a rajatabla. Muchas familias sufren la inclemencia delincuencial. El Estado “los debe parar en seco”, porque está primero el bienestar emocional de las mayorías.

El Estado no puede darle vacaciones al concepto de autoridad; no puede olvidar que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Cuesta creer que en los desórdenes originados en las marchas relacionadas con la celebración del Día Internacional de la Mujer no se presentara ninguna captura de quienes destruyeron bienes privados y públicos, además de haber intentado destruir la efigie de Luis Carlos Galán.

Más increíble resulta que la exministra Susana Muhamad, participante en la marcha, considerara que fue “bellísima”, mientras se vandalizó la ciudad. Está claro que en el derecho legal a la protesta quien quiera puede destruir lo que se le ocurra, porque la policía está impedida para evitarlo.